Senadores mexicanos buscan impedir la importación de madera proveniente de tala ilegal.
La senadora Susana Harp Iturribarría señaló que, además del daño al ambiente que provoca esta práctica también hay que remarcar el impacto en la competencia desleal para empresas comunitarias mexicanas.
La senadora Harp Iturribarría propuso reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a efecto de impedir la importación de madera ilegal y establecer controles más estrictos, similares a los adoptados en otros países y regiones con altos estándares de protección al ambiente.
La legisladora de Morena explicó que uno de los problemas mundiales que más contribuye a la deforestación, es la tala ilegal de árboles y el comercio internacional de la madera extraída de ellos.
De acuerdo a la organización Global Financial Integrity, la tala ilegal es un delito lucrativo que afecta no sólo al ambiente sino también a la seguridad humana.
A su vez, ocasiona que los países en desarrollo dejen de percibir, en conjunto, por lo menos 10 mil millones de dólares anuales por concepto de contribuciones.
Uno de los principales países de los que México importa maderas es Perú, mercado que refleja altas cifras en el índice de ilegalidad.
El Centro para el Derecho Ambiental Internacional reveló que el 75% de esta materia prima, que proviene del país sudamericano y que llega a puertos mexicanos, es de carácter ilegal.
La importación de madera ilegal en México representa una competencia desleal para las empresas comunitarias, que asumen altos costos para cumplir con certificaciones internacionales.
La Senadora Harp Iturribarría advirtió que de ese modo se ponen en riesgo las posibilidades de desarrollo para las familias rurales que dependen de ellas, lo que incluye a comunidades indígenas que no cuentan con otros medios de subsistencia.
Asimismo, consideró indispensable establecer mecanismos que propicien el mejoramiento de la gobernanza forestal y desincentiven la tala ilegal, fomentar el manejo forestal sustentable y el comercio de madera de procedencia legal; es decir, aquélla que tiene verificado y controlado su origen, proceso de producción, transformaciones, transporte y comercialización, conforme a la normativa aplicable.
Su propuesta busca subsanar, desde la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el vacío normativo sobre la regulación específica de la importación de materias primas, productos y subproductos forestales, derivada de la falta de expedición del Reglamento de este ordenamiento.
Con su iniciativa también se pretende fomentar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, cerrar el mercado a la madera ilegal proveniente de cualquier parte del mundo, así como proteger la competitividad del sector forestal nacional, particularmente de las empresas forestales comunitarias y el desarrollo regional.
Por último, otro de los aspectos contemplados es que México pueda contribuir con otros países a controlar el comercio de madera ilegal, en congruencia con el principio de cooperación internacional y dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por nuestra nación con sus socios comerciales de la región América del Norte, en el marco del T-MEC.
Fuente: Prensa Senado de la República de México
Si te ha gustado esta noticia, suscríbete a nuestra newsletter para estar al día de la actualidad jurídica más relevante.
