La senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, de Morena, impulsa un proyecto para crear un Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.

El derecho de alimentos es definido como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato.

Se entiende por alimentos el proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley.

En México se elevaron a rango constitucional los derechos de niñas, niños y adolescentes al establecer su derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Por lo que respecta al Código Civil Federal, la con el término deudor alimentario moroso se señala a aquel que deje de cumplir con dicha obligación por tres meses o más, a partir de ese incumplimiento.

En México tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, advierte Nancy Sánchez Arredondo.

En varias oportunidades, se ha propuesto contar con un mecanismo institucional a nivel nacional, el cual servirá bajo una premisa de coordinación con las entidades federativas como herramienta para establecer una base de información sobre deudores alimentarios.

Esa herramienta sirve también para coadyuvar en el cumplimiento de esa obligación independientemente del lugar en el que se encuentre la persona.

En México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia. En la gran mayoría de los casos, la deudora o el deudor, dolosamente manifiesta que su salario es inferior al que realmente percibe o se coloca intencionalmente en estado de insolvencia.

Ante esta situación, la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, de Morena, impulsa un proyecto para crear un Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, que no hayan de cumplir con sus obligaciones parentales por más de 90 días.

Se busca atender el interés superior de la niñez, con políticas eficientes que protejan y promuevan el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en el país.

La iniciativa, que fue publicada en la Gaceta de la Comisión Permanente del 13 de enero, plantea que juezas y jueces de lo familiar de las entidades federativas y de la Ciudad de México puedan ordenar la inscripción de los datos de quienes no paguen en tiempo y forma la pensión provisional o definitiva fijada mediante resolución o convenio judicial.

Además, sugiere una multa de 10 a 50 días de salario mínimo para los deudores alimentarios que, por más de 180 días de inscripción en el Registro Nacional, no hayan actualizado su situación.

Finalmente, Sánchez Arredondo explicó esta base de datos también sería un modo de impedir que se lleve a cabo el proceso de matrimonio, en caso de que alguno de los interesados se encuentre registrado como deudos de la pensión alimenticia.

Fuente: Prensa Senado de la República de México


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