Claudia Sheinbaum promulgó la ley que prohíbe la doble nacionalidad a los candidatos a presidente y gobernador
México aprobó una reforma constitucional —promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre de 2026 y aplicable a partir de 2028— que exige tener únicamente la nacionalidad mexicana para postularse a la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Según lo manifestado por la presidenta Sheinbaum, estos cargos exigen «una sola bandera, una sola patria y un solo pueblo a quien defender», cuestionando a quién se le respondería en caso de un conflicto de intereses entre ambos países.
La iniciativa busca blindar a los máximos representantes políticos del país frente a presiones o influencias de otros Estados, especialmente en contextos de tensiones diplomáticas (por ejemplo, con Estados Unidos).
La reforma prohíbe explícitamente que los funcionarios en estos puestos utilicen pasaportes extranjeros, ejerzan derechos políticos vinculados a otra ciudadanía o se acojan a la protección diplomática de otro país.
La doble nacionalidad puede ser entendida como una falta de lealtad en ciertos contextos políticos, legales y sociales, aunque esta percepción varía drásticamente según el país y la cultura. Históricamente, el concepto de ciudadanía estaba ligado a una lealtad única y absoluta a un solo Estado (el principio de «nadie puede servir a dos señores»). Aunque hoy en día está ampliamente aceptada, la sospecha de «doble lealtad» sigue vigente en varios escenarios.
En países como Australia, la Constitución prohíbe estrictamente que los miembros del Parlamento tengan doble nacionalidad (lo que ha causado sonadas crisis políticas). En Colombia, quienes tienen doble nacionalidad no pueden ser Ministros ni diplomáticos.
Para acceder a empleos en agencias de inteligencia, fuerzas armadas o puestos que manejan información clasificada (como en Estados Unidos), poseer una segunda nacionalidad suele verse como un conflicto de intereses o un riesgo de seguridad de primer orden.
En momentos de tensión política o diplomática entre dos países, los ciudadanos con doble nacionalidad a menudo son vistos de reojo por sectores nacionalistas, acusándolos de no estar «completamente integrados» o de buscar conveniencias económicas (como pasaportes para viajar más fácil) sin asumir un compromiso real con los deberes del país.
La medida no elimina la doble nacionalidad para la población general, sino que impone la obligación de renunciar a cualquier otra nacionalidad previa de manera obligatoria antes de registrarse como candidato ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
A pesar de estos recelos, la tendencia global va hacia la aceptación. Hoy en día, más de 100 países permiten la doble nacionalidad de alguna forma, entendiéndola no como una falta de lealtad, sino como un reflejo de la globalización, las identidades multiculturales y un puente económico y cultural que beneficia a ambas naciones a través de remesas, inversiones y diplomacia blanda.
