Comisiones del Senado acordaron modificar la Minuta presentada por la Cámara de Diputados en materia de violencia digital.
Las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden las senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Ana Lilia Rivera, respectivamente, acordaron modificar la Minuta de la Cámara de Diputados en materia de violencia digital.
Las agrupaciones convinieron establecer que las autoridades judiciales garanticen la integridad física y emocional de mujeres y niñas cuando sean víctimas de imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual sin su consentimiento, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.
Estas conductas serán sancionadas en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal, con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a 1000 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
En reunión de trabajo a distancia, ambas legisladoras de Morena dieron a conocer las adecuaciones al dictamen por el que se adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, también de Morena, afirmó que la violencia machista a lo largo de la historia ahora ha mutado de manera perversa en la era digital; con la llegada de las redes sociales las prácticas culturales se trasladaron a estas plataformas, junto con las prácticas machistas, propias de un país como México.
“Vemos que situaciones como la de Olimpia, que sufrió en carne propia la violencia ‘ciber sexual’ y alzó la voz y por eso hoy en el Senado discutimos la penalización de estas prácticas nocivas que atentan contra la dignidad de las mujeres, su seguridad y su estabilidad psicológica”, indicó.
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera afirmó que del extenso análisis resultó extraordinario dictamen, porque fueron escuchadas las voces de muchas organizaciones feministas y de las involucradas en tecnologías de la información y comunicación.
En las modificaciones avaladas se dispuso que la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación que exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación ni su autorización y le cause daño psicológico, emocional en su vida privada o en su imagen propia.
Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres y niñas que se cometan por medio de redes sociales, plataformas digitales y páginas de Internet.
Para garantizar la integridad de la víctima, la o el ministerio público, la jueza o juez ordenarán de inmediato las medidas de protección necesarias, por vía electrónica o mediante escrito, a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación.
Se deberá identificar plenamente al proveedor de servicios en línea a cargo de la administración del sistema informático, sitio o plataforma de Internet en donde se encuentre alojado el contenido y la localización precisa del contenido en Internet. Además, la autoridad deberá ordenar también el resguardo y conservación del contenido que se denunció.
En tanto, las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas darán aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido, asegurando que el mismo será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial.
De Morena, la senadora María Guadalupe Covarrubias, planteó adicionar una fracción al artículo 199 del Código Penal Federal para que los servidores públicos que incurran en este tipo de delitos se les imponga la suspensión de sus funciones para ejercer el cargo, hasta la inhabilitación o destitución.
La senadora Nuvia Mayorga, del PRI, aseguró que apoyan incluir en la Ley la no autorización y el consentimiento, para que quede bien definido en el Código Penal Federal, así como las sanciones correspondientes.
Fuente: Cámara de Senadores, República de México
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