Miquel SàmperEl Consejo de la Abogacía Catalana, que representa a los catorce Colegios de Abogados de Cataluña, ha alertado que el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros supone la desaparición de los actuales partidos judiciales y la introducción del Tribunal Provincial de Instancia (TPI), una nueva figura que centralizará en las capitales de cada provincia los órganos judiciales, en detrimento de los juzgados comarcales. La nueva ley también prevé la desaparición de los Juzgados de Paz.

A pesar de las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el sentido de que se mantendrán todas las sedes judiciales existentes actualmente, pasando a ser ‘secciones’ del Tribunal Provincial de Instancia, el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Miquel Sàmper, alerta de que “la voluntad inequívoca del artículo 21 del proyecto de nueva planta judicial, que prevé la no inversión en infraestructuras en las sedes actuales, no es otra que trasladar toda la actividad judicial en las capitales de provincia”.

Sàmper fundamenta esta afirmación en las manifestaciones que hicieron los redactores del anteproyecto de Ley de Demarcación y planta judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Antonio Dorado Picón y Luis María Díez-Picazo, el pasado 4 de febrero, en el Colegio de Abogados de Barcelona, que calificaron de “inevitable” la desaparición de los actuales partidos judiciales “en favor de una mayor especialización”.

El presidente de la Abogacía Catalana, Miquel Sàmper, califica de “muy grave” la propuesta del gobierno español, que prevé la desaparición de los actuales partidos judiciales y la creación de una única demarcación provincial. El proyecto prevé la supresión de las Audiencias Provinciales y los juzgados comarcales, que serían sustituidos por un único Tribunal Provincial de Instancia (TPI) con sede oficial en la capital de cada provincia.

Aunque el proyecto también prevé la posibilidad de que el TPI tenga otras subsedes, “además de la oficial, en alguna otra población de la provincia”, según el CICAC ésta “debería reunir una serie de requisitos de población, carga de trabajo o distancia de la capital”, unos criterios que no cumplen el espíritu de Justicia de proximidad que reivindica la Abogacía Catalana. “El proyecto nace a partir de una idea recentralizadora de la justicia en un momento en que en Cataluña se está trabajando precisamente en el sentido contrario, es decir, en el de la descentralización de la justicia para acercarla lo máximo posible al ciudadano”, alerta Sàmper.

1 Comentario

  1. Seria muy útil e interesante conocer los datos económicos que acompañan esta propuesta normativa. Si estamos en presencia de una modificación de la planta con fines exclusivamente económicos volveremos a topar con el principio constitucional de justicia enmarcado en un contexto de no crisis y con el anhelo de alcance universal y gratuito. La colisión se hará patente si el desplazamiento al órgano judicial frena, como las tasas, el acceso al mismo.

    Al propio tiempo, vista la intención de supresión, que no de adaptación, de los Juzgados de Paz debería aprovecharse la norma para corregir tasas judiciales, para recuperar el derecho de los funcionarios (con oposición propia) a defenderse judicialmente sin mayor gasto por el ejercicio de sus derechos ante Juzgados y Tribunales y, también, para mejorar la instrucción judicial en asuntos comunes que merecen especialidad, gratuidad y rapidez como los conflictos de comunidades de vecinos, circulación vial, de consumo, etc.

    La esperanza es lo último que se pierde…aunque me temo haber perdido todo anhelo de ver leyes más próximas al interés general socialmente y no politicamente configurado.

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