Hace un mes que se ha iniciado una nueva legislatura en Colombia, un momento adecuado para hacer balance y analizar la situación de la justicia en este país hermano. Es evidente que uno de los profesionales que mejor nos puede analizar esta coyuntura,  con reforma de la justicia frustrada es   Néstor Raúl Correa, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, organismo máximo judicial de esa nación. Desde su visión privilegiada tiene claro el porqué esa reforma judicial, aprobada el pasado 20 de junio por el Congreso  no cuajó y se vio abortada en ocho días, con posterioridad  “La ambición de la clase política, los intereses del paramilitarismo, el deseo de prorrogarse de algunos magistrados y la sordera frente a las voces ciudadana tuvieron la culpa”, señala sin titubeos.  Ahora para implantar las reformas que quiere la justicia colombiana reclama un consenso generalizado en el país :”Es fundamental acordar un gran pacto nacional por la justicia, liderado por la Sala Administrativa, con el concurso de los jueces, altas cortes, el gobierno y la sociedad civil,» subraya

El magistrado Néstor Raúl Correa fue elegido en abril del pasado año presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por un mandato de ocho años. Correa es abogado de la Universidad Javeriana, con maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de París-II Pantheon-Sorbona. Como vicepresidente se eligió a José Agustín Suárez, abogado de la Universidad del Rosario y magíster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares (España).

Correa Henao, es Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con especializaciones en derecho administrativo y derecho internacional público y con maestría en derecho público, todas de la Universidad de París-2 Panteón-Sorbona. Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana desde hace 20 años en derecho constitucional colombiano y en procedimientos constitucionales.

También ha sido profesor de la Universidad de los Andes, la Nacional y la Pontificia Bolivariana. Autor de los libros Derecho Procesal de la Acción de Tutela, Derecho Procesal de la Acción Popular y La Constitución para todos. Ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Abogado Asistente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y Abogado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. En los últimos 16 años había estado dedicado al litigio profesional y a la cátedra.

Sus palabras el pasado mes de mayo, un mes antes de la puesta en marcha de la reforma de la justicia que luego no fructificó, ante la Comisión Primera de la Cámara de los Representantes, ya dejaban claro que ese proyecto de reforma no era el adecuado: “En su conjunto, el proyecto, más que una reforma a la justicia, hace entrar en línea de cuenta un campo de batalla para delimitar las fronteras entre las ramas del poder, en un marco no muy claro de la vida política nacional” señalaba en su intervención.

Ahora, con la reflexión que genera el tiempo y el espacio temporal, analiza para DIARIOJURIDICO esa frustrada reforma de la justicia colombiana y otras cuestiones de ese sector jurídico.

   Sr Correa, ¿Qué valoración puede hacernos del proyecto de reforma de la justicia de Colombia aprobado el 20 de junio y revocado ocho días después?

El fallido trámite de este proyecto de reforma a la justicia dejó a mi juicio las siguientes lecciones:

En primer lugar, la  Ruptura entre las instituciones y el país nacional, porque actuaron a espaldas del país, en un acto de soberbia. El congreso pensó que podía hacer lo que quisiera y el gobierno creyó de manera incauta que iba por buen camino. Dos errores fatales.

Además otro elemento palpable es el deterioro de la credibilidad de las tres ramas del poder, en especial de la del congreso y el gobierno. Pero la rama judicial no salió indemne, y perdió algo del capital moral que había acumulado en los últimos ocho años, pues algunos integrantes individuales de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado fueron a hacer lobby en beneficio propio

La tercera lección tiene que ver con la  participación ciudadana importante a través de las redes sociales, que demostraron su poder. Si bien los medios de comunicación incidieron en la opinión pública, la democracia participativa ha encontrado un nuevo y poderoso instrumento de injerencia, que ha hecho irrupción con todo éxito. La democracia virtual ha hecho su aparición.

Otro dato a considerar es el  peligro de adelantar alegremente reformas constitucionales, que son la caja de pandora para que se cuelen cosas extrañas. La mejor es dejarla quieta, salvo reforma urgente. En Colombia van más de 30 reformas a la Constitución de 1991. Reformar la Constitución es aquí un deporte nacional.

Y, por último, algo muy importante: sobre todo, el fin no justifica los medios, en general, y el fin no justifica los medios inconstitucionales en particular. La Constitución no es una coartada del poder que se use a discreción sino que debe ser respetada en todos los casos.

   ¿Qué factores han influido para que no cuajara esta iniciativa, una de las más perseguidas por el presidente Santos?

La ambición de la clase política, los intereses del paramilitarismo, el deseo de prorrogarse de algunos magistrados y la sordera frente a las voces ciudadanas.

Abortada la reforma, ¿Cuál sería el camino más viable para que todos los cambios estructurales que necesita la justicia colombiana se pongan en marcha?

Acordar un gran pacto nacional por la justicia, liderado por la Sala Administrativa, con el concurso de los jueces, altas cortes, el gobierno y la sociedad civil.

   Iniciada una nueva legislatura el pasado 20 de julio, considera que será posible que mejore el entendimiento entre el Gobierno y el Congreso, deterioradas por la propia reforma?

Si. De hecho ese entendimiento ya empezó. El congreso quedó un poco resentido con el gobierno, porque se dio la impresión de que fue el parlamento quien se equivocó y fue el presidente quien objetó la reforma, lo cual es una impresión errónea, pues ambos fueron responsables. Pero el congreso rápidamente vuelve a necesitar del ejecutivo y se va a reconciliar con él.

Usted se ha mostrado crítico con el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura, ¿Qué cambios habría que introducir?

Ciertamente esta entidad necesita cambios. Para empezar,  el Consejo como un todo debería suprimirse y, en su lugar, conservar sus dos salas de manera individual. En Consejo como tal no tiene funciones continuas.  Allí trabajan solo cuatro personas. Se reúne una vez al mes, cuando se reúne. Y el problema es que la mala imagen de una sala afecta la reputación de la otra.

En segundo lugar la Sala Disciplinaria exige un cambio en el sistema de nombramiento: que las ternas no las envíe el Presidente de la República sino las altas cortes; además debe exigirse haber sido juez por lo menos dos años. En tercer lugar, esta Sala Disciplinaria no debería investigar a los abogados particulares sino sólo a los jueces.

    Y sobre los problemas de congestión judicial y el acceso a la justicia que tienen todos los colombianos en la actualidad, ¿Dónde está la clave para resolverlos?

En primer término la clave está en conseguir un mayor presupuesto de inversión, tal vez del doble del actual. En segundo lugar con la implementación de la oralidad en todas las jurisdicciones es seguro que los procesos durarán menos, la evacuación de casos será progresiva, el stock se irá reduciendo y la congestión se irá terminando.

 ¿Como valora aquel movimiento ciudadano que surgió a raíz de esta reforma frustrada? ¿Es de valorar el trabajo del Movimiento Constituyentes Primarios?

De la mayor importancia. Este movimiento fue el que más se levantó contra la reforma, el que más claro habló y, al final, tal vez el mayor ganador con el hundimiento de la reforma. Es importante que este movimiento persevere

   De forma paralela, Colombia va a tener una nueva Ley de Arbitraje a partir del próximo mes de octubre ¿Es la normativa adecuada para impulsar el arbitraje internacional?

Si. Allí se adecúa la legislación nacional a los estándares de las normas internacionales de arbitraje, para volver al país competitivo en esta materia.

  Por último, sobre las posibles reformas planteadas en materia de tributos y pensiones, ¿Considera que ha llegado el momento para ponerlas en marcha?

Si. De lo contrario el sistema va a colapsar.

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