Ante las enormes dificultades que durante largo tiempo generó la transmisión de documentos que debían notificarse en el seno de procedimientos judiciales cuando el destinatario era residente de un país distinto al del transmisor, en el año 2000, la Unión Europea adoptó un Reglamento que preveía normas de procedimiento para facilitar la transmisión de los documentos de un estado miembro al otro.

Básicamente, dicho Reglamento contemplaba la existencia de organismos transmisores y receptores en cada estado miembro que se encargarían de la referida notificación de documentos, que habrían de acompañarse de la oportuna traducción de los mismos, además de una serie de formularios anexos a dicho reglamento que se habrían de cumplimentar en el idioma designado por el país receptor.

El objetivo pretendido era lograr la máxima eficiencia y rapidez en los procedimientos judiciales en materia civil, en el sentido de que los documentos judiciales y extrajudiciales que debieran transmitirse, se transmitieran directamente y por medios más rápidos entre los organismos locales designados por los Estados miembros.

No habiendo cesado, sin embargo, los problemas de comunicación, fundamentalmente por razones de burocracia interna de cada uno de los países receptores y transmisores, con objeto de mejorar y acelerar dicho traslado o notificación de documentos, se aprobó el Reglamento Nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007 relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documento judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos»), por el que se derogó el Reglamento (CE) Nº 1348/2000 del Consejo.

Dicho Reglamento que entró en vigor el pasado día 13 de noviembre de 2009, es de aplicación entre todos los Estados miembros de la UE incluida Dinamarca, e introduce una serie de modificaciones orientadas al mencionado fin.

Las esenciales modificaciones introducidas, y que cabe destacar, son las siguientes:

1. La fijación del plazo de un mes a partir de la recepción del documento a notificar para que el organismo receptor proceda a practicarla;

2. La creación de un formulario destinado a informar al destinatario de su derecho a negarse a recibir un determinado documento en el plazo de una semana a partir de su notificación o traslado. Negativa que en todo caso se prevé para situaciones excepcionales;

3. La introducción de una previsión relativa a los gastos que puedan causarse ante la intervención de un funcionario o persona competente encargada del traslado.

4. Y finalmente, como modificación a destacar, con el ánimo de lograr la uniformidad de condiciones acerca de la notificación y traslado de documentos judiciales, se contempla la posibilidad de efectuar las mismas por medio de los servicios postales, esto es a través de carta certificada con acuse de recibo o equivalente, lo que es de suponer permitirá agilizar el proceso de notificación resolviendo así los actuales problemas de verdadero retraso de los procedimientos judiciales, que en numerosas ocasiones permanecen paralizados durante largo tiempo por este motivo.

Paula Casado

Abogada del Departamento Procesal de Hammonds

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