Marta Pérez PirePor Marta Pérez Pire, abogada en el Departamento Laboral de Dutilh Abogados

Nos hemos incorporado al año nuevo con una nueva reforma en materia laboral, de esas que tienen gran impacto en las pequeñas y medianas empresas y sobre todo en los trabajadores, pero que en cambio pasan desapercibidas.

En concreto, se trata de la supresión del apartado 8 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, que establecía que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) se hacía cargo del pago directo de ocho días de indemnización en los despidos de trabajadores con contrato indefinido en las empresas de menos de 25 trabajadores.

Quizás, haya pasado desapercibida porque el vehículo utilizado para llevar a cabo esta modificación ha sido la Ley 22/2013 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que tiene efectos desde el 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida.

La medida propuesta por el Partido Popular, dice pretender: “recuperar para el Fondo de Garantía Salarial su naturaleza de entidad de aseguramiento, limitando su intervención como institución de garantía en aquellos supuestos de insolvencia o concurso empresarial, desincentivando el despido y fomentando el mantenimiento del empleo».

Esto quiere decir, que las empresas de menos de 25 trabajadores se regirán por el mismo sistema que se rigen las empresas de más de 25 trabajadores y el Fondo de Garantía Salarial responderá de la indemnización cuando se haya declarado el concurso o insolvencia de las mismas.

Lo que no se dice en la Disposición Final Quinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, es si esta medida tiene efecto sobre los más de 181.000 expedientes que a la fecha de su entrada en vigor ya estaban siendo tramitados.

No han sido claras las manifestaciones que hasta la fecha desde el Gobierno se han hecho sobre este aspecto, desconociéndose a ciencia cierta si estos expedientes se llevarán a término o si por el contrario serán inadmitidos, lo que genera serias dudas jurídicas, entre otras: ¿quién pagará las cantidades pendientes en esos expedientes?; ¿estarán las empresas obligadas a su pago?; ¿deberán los afectados interponer demanda en los juzgados de lo social?; ¿si la empresa ya no existe, quién asume esa deuda?.

La lógica indica que los expedientes ya iniciados a fecha 31 de diciembre de 2013, deberían tramitarse y abonarse por el Fondo de Garantía Salarial ahora bien, se deberá esperar a que haya un pronunciamiento determinante al respecto.

Cabe señalar, que si bien no podemos saber con exactitud los efectos que la medida va a tener sobre las pequeñas y medianas empresas, si podemos prever que no se va a desincentivar el despido porque el Fondo de Garantía Salarial deje de abonar ocho días de la indemnización de un despido objetivo, puesto que si una empresa se encuentra en la situación de tener que amortizar puestos de trabajo, lo hará de todas maneras, ahora bien, no pondrá a disposición del trabajador la indemnización legal correspondiente, alegando falta de liquidez y acogiéndose a lo previsto en el artículo 53. b) del Estatuto de los Trabajadores, lo que en todo caso, aumentará el número de demandas.

Parece claro por lo tanto, que la medida no solo no favorecerá a las pequeñas y medianas empresas sino que tampoco a los trabajadores, que en la mayoría de los casos verán cómo se extinguen sus contratos sin que se les abonen las indemnizaciones pertinentes, todo ello a la espera de ver qué decisión se toma sobre los expedientes ya tramitados.

Así, una vez más, los ciudadanos nos encontramos que por sorpresa y sin que se haya consultado la medida con los agentes adecuados, el Gobierno aprueba una reforma de gran impacto general y de previsibles consecuencias negativas para todos los implicados.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.