El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo (Sevilla, 1944) reconoce que la actual situación que vive Cataluña es un disparate al que nunca se debiera haber llegado, pero tras la sentencia del Tribunal Constitucional, sobre la Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Cataluña, ya no hay otra salida.

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Javier Pérez Royo – EFE

Fue miembro de la Comisión redactora del Estatuto de autonomía de Andalucía y también participó en la redacción del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006. Javier Pérez Royo, autor de obras como “La reforma constitucional inviable”, nos atiende la llamada con tono calmado y con discurso pedagógico aborda todas las preguntas que le vamos planteando.

 

A la luz de los hechos acaecidos estos últimos días podríamos pensar que la solución al conflicto Catalunya – España pasa por celebrar un referéndum…

Yo creo que al punto al que hemos llegado, la integración de Catalunya en España no puede resolverse sin que haya un referéndum, no puede resolverse sin que los ciudadanos de Cataluña decidan si quieren mantener esa integración o si quieren constituirse en un estado independiente.

Esta situación es un disparate al que nunca se debiera haber llegado, pero tras la sentencia de 28 de junio de 2010 del Tribunal Constitucional sobre la Ley Orgánica de reforma del estatuto de Catalunya ya no hay otra salida.

¿Cuál cree que debería ser el punto de partida para resolver este conflicto?

La primera incógnita es saber que opinan los ciudadanos de Cataluña, si quieren mantenerse en España o si, por el contrario, quieren constituirse en un estado independiente; sin tener esta respuesta no podemos avanzar.

Despejada la primera incógnita, el siguiente paso sería ponerse de acuerdo para hacer una revisión de la Constitución.

Sin embargo, las actuaciones de la Fiscalía estos últimos días parecen una advertencia para todo aquel que quiera tomar partido en el proceso…

El Fiscal General considera que Catalunya es un asunto penado y que la única opción es aplicar el Código Penal, ya no se trata de un problema de integración de naturaleza constitucional, ahora es un problema exclusivamente penal. Así se puso de manifiesto con la investigación de los 702 alcaldes de los municipios catalanes o con la advertencia a cualquier ciudadano de que la participación en el referéndum es ilegal y, por tanto, susceptible de exigírsele responsabilidad penal.

Parece evidente que el Estado español está poniendo todas las herramientas de las que dispone para evitar el referéndum convocado para el 1 de octubre en Cataluña, incluso de las constitucionales. Queríamos preguntarle por el artículo 155 de la Constitución, algunos dicen que el Gobierno lo aplicará próximamente y otros que ya lo ha hecho de facto a través de las medidas tomadas hasta el momento.

El Gobierno no ha recurrido, y yo creo que no va a recurrir, al 155 de la Constitución. ¿Por qué? Porqué la aplicación del artículo 155 requiere que el gobierno apruebe un Decreto que contenga las medidas concretas, esto es, el derecho que estaría vigente durante el período de aplicación del mencionado artículo 155 y esto supondría tener un debate político en el que el Gobierno no quiere entrar.

La Constitución, tal y como está prevista, no admite la existencia de vacíos jurídicos. Por este motivo, ante una situación excepcional como la planteada en el artículo 155 el Estado también tiene que reaccionar jurídicamente sustituyendo el derecho vigente hasta ese momento, por otro derecho que estará vigente el tiempo que dure la coacción federal, nombre técnico con el que conoce al artículo 155.

¿Cuál es el proceso de tramitación que establece el artículo 155?

En primer lugar, el presidente del Gobierno debe requerir al presidente de la Comunidad Autónoma para que cumpla con aquello que no está cumpliendo. Una vez constatado que el presidente de la CCAA no está dispuesto a llevarlo a cabo, el Gobierno tiene que aprobar un Decreto en el que identifique la situación actual y determine cuál será el derecho vigente durante la aplicación de la coacción federal, y remitirlo al Senado.

Una vez la Mesa del Senado recibe el Decreto, lo remite a la Comisión de Comunidades Autónomas, para que esta debata el Decreto y lo apruebe o no. Una vez aprobado, la Comisión eleva la propuesta al Pleno del Senado donde se discutirá y será aprobado por mayoría absoluta.

En este punto, la regulación contenida en el Decreto será el derecho que regirá durante el tiempo que se prolongue la coacción federal.

Entendemos, entonces, que actualmente no se está aplicando el artículo 155 de la Constitución…

El procedimiento establecido en el artículo 155 de la Constitución requiere de un debate público y de dar unas explicaciones que el Gobierno no quiere dar. Su intención es la creación de una suerte de vacío jurídico que le permita actuar sin control jurídico alguno.

Por lo tanto, lo que está ocurriendo es mucho más grave que la aplicación del artículo 155, porque el artículo 155 está regulado y prevé un procedimiento ajustado a derecho. Sin embargo, ahora se ha suspendido de facto la Constitución, se ha suspendido la autonomía, pero sin haber ninguna norma jurídica que regule esta nueva situación.