Por Maria Jose Melgarejo, abogada de Zarraluqui Abogados de Familia en Sevilla.

El 18 de mayo de 2009, el Grupo Parlamentario Catalán (CIU), presentó una Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio del Poder Judicial, para la creación de la Jurisdicción de Familia.

Dice la Exposición de motivos, que como consecuencia de la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio, se crearon los Juzgados de Familia competentes para el conocimiento en exclusiva de los asuntos de Derecho de familia. Sin embargo, en la actualidad se vive una situación contraria a los principios constitucionales de igualdad y de tutela judicial efectiva. Así hay ciudades donde existen Juzgados de Familia y otras en las que estos no están creados, en las que la competencia para el conocimiento de los asuntos de familia se atribuyen a Juzgados de carácter mixto, de Primera Instancia e Instrucción, u otros, que no están especializados. Esto tiene como consecuencia, la desigualdad y el agravio comparativo para los justiciables, que iguales todos ante la ley, no tienen la misma cobertura judicial, dado que actualmente en algunas capitales de provincia existen Juzgados especializados en asuntos de familia y en otras no.

Lo mismo sucede en la Audiencias Provinciales, donde los recursos en esta materia se resuelven por Salas sin especialización y formación específica.

La falta de especialización es la que debe tomarse en consideración en diversos sentidos, y es la que se intenta solventar con esta proposición de Ley, ya iniciada en su día, pero no llevada a cabo por cambios políticos.

Los asuntos en materia de familia afectan a la propia estabilidad personal, familiar y emocional, y ello exige que sea rápido el acceso al servicio público de la Administración de Justicia. Requiere además un conocimiento específico de la materia para su enjuiciamiento por todas las partes intervinientes: Jueces, Equipos Técnicos de Apoyo (Psicólogo, Trabajador Social), Fiscales, Abogados, a los que deben tener acceso todos los ciudadanos, con independencia del lugar en que residan.

La posibilidad de que todos los ciudadanos tengan acceso a un Juzgado especializado en materia de Derecho de familia, con unos adecuados servicios de apoyo, pasa por avanzar en la creación de un nuevo orden jurisdiccional, con atribución exclusiva del conocimiento de la materia, y la creación de juzgados y secciones de familia.

Así pues, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia y Unión ) ha presentado la siguiente proposición de Ley, que contiene un artículo con seis apartados, tres disposiciones adicionales y una disposición final única.

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Uno. Se introduce un nuevo apartado 5, en la que se delimitan las materias y procedimientos que se tramitarían en estos Juzgados:

“5. Los del orden de familia conocerán de los siguientes procesos:

a – Los de filiación.

Es preciso que los procedimientos de filiación se tramiten en estos Juzgados con la posibilidad de acumular a dicha acción, la de alimentos.

b – Las acciones jurisdiccionales derivadas de la Ley y Reglamento del Registro Civil.

c – Las referidas a la capacidad de las personas y las de declaración de prodigalidad.

d – Las de declaración de ausencia y fallecimiento.

e – Las de nombramiento, remoción y rendición de cuentas de tutores y de demás representantes legales de estas personas, así como las acciones derivadas de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.

f – Las de nulidad, separación y divorcio del matrimonio y las de modificación de medidas adoptadas en ellos, así como sobre dispensa y suplemento del consentimiento para contraer matrimonio y cualquier otro que se formule al amparo del Título IV del Libro I del Código Civil.

g – Las que versen sobre las consecuencias de la ruptura de las uniones de hecho, con o sin hijos, lo que supone, ésta última también, una gran novedad al respecto.

h – Las referidas a guarda y custodia de hijos menores, relaciones paterno-filiales y cualquier otro que se formule al amparo del Título VII del Libro I del Código Civi

iLos de alimentos

j – Los de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.

k – Los de reconocimiento, ejecución, o cooperación internacional en materia de derecho de la persona y de la familia.

l – Los que versen sobre acogimiento y adopción.

m – Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.

n – Los que versen sobre el régimen económico matrimonial y cualquier otro que se formule al amparo de lo dispuesto en el Título III, Libro IV del Código Civil.

ñ – Los de liquidación de patrimonios comunes generados con ocasión del matrimonio, sea cualquiera que sea el régimen económico matrimonial aplicable, incluso en los de separación absoluta de bienes, así como los constituidos como consecuencia de la convivencia estable de pareja.

Estos dos apartados, n y ñ, despejarían la gran problemática y falta de concreción en cuanto a la liquidación del patrimonio, en todas sus variantes: ganancial, separación de bienes, proindiviso, etc, etc, siendo aconsejable que se de además una buena definición de que se entiende por “convivencia estable de pareja”, a estos efectos.

o – La adopción o modificación de las medidas de trascendencia familiar, incluyendo la guardia y custodia de hijos e hijas menores o alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores.”

Todo lo anterior en cuanto a las materias y procedimientos que se llevarían en estos Juzgados especializados, con plena delimitación de materia y competencia.

Dos. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 82, relativo a la especialización de las Audiencias Provinciales.

“En el orden de familia, las Audiencias provinciales conocerán asimismo de los recursos de los Juzgados de Familia con sede en la provincia y de las cuestiones sobre las mismas.”

Tres. Se modifica la rúbrica del Capítulo V del Título IV del Libro I, que queda redactado de la siguiente forma:

“De los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de lo Mercantil, de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores, y de Familia.”

Cuatro. Se adicionan dos artículos nuevos dentro del Capítulo V del Título IV del Libro I, en cuanto a la creación en cada provincia de los Juzgados de Familia:

“Artículo 97 bis. En cada Provincia, con jurisdicción en toda ella y como mínimo uno con sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de Familia. No obstante cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse Juzgados de Familia cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o a una agrupación de partidos, o bien a una o más provincias de la misma Comunidad Autónoma. Tomarán su nombre de la población donde radique su sede.”

“Artículo 97 ter. Los Jueces de Familia conocerán, en primera o única instancia, de las materias propias de esta orden jurisdiccional, especificadas en el apartado 5 del artículo 9 de esta Ley Orgánica.”

Cinco. Se adiciona un nuevo apartado 5 en el artículo 329, en cuanto a la provisión en estos Juzgados por Jueces y Magistrados con especialización y formación específica en esta materia

“5. Los concursos para la provisión de los Juzgados de Familia se resolverán en favor de quienes, acreditando la especialización en los asuntos propios de dichos Juzgados obtenida mediante la superación de las pruebas de especialización que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, se cubrirán con los magistrados que acrediten haber permanecido más años en el orden jurisdiccional civil. A falta de éstos, por el orden de antigüedad establecido en el apartado 1.

Los que obtuvieran plaza deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo destino en las actividades específicas de formación que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente.

En el caso de que las vacantes hubieran de cubrirse por ascenso, el Consejo General del Poder Judicial establecerá igualmente actividades específicas y obligatorias de formación que deberán realizarse antes de la torna de posesión de dichos destinos por aquellos jueces a quienes corresponda ascender.”

Seis. Se adiciona una letra c) en el apartado 5 del artículo 330, con la siguiente redacción:

“c) En las Audiencias Provinciales que cuenten con una o más secciones especializadas en el ámbito de Familia, las plazas de cada sección se reservarán a Magistrados especialistas en dicho ámbito, con preferencia del que ocupe mejor puesto en el escalafón.

A falta de Magistrados especialistas, dichas plazas se cubrirán con los Magistrados que acrediten más años de servicios restados en Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción. En su defecto, se cubrirán por quienes ostentando la categoría necesaria tengan mejor puesto en el escalafón.”

Disposición adicional primera:

Las administraciones competentes en materia de Administración de justicia asignarán a los Juzgados de Familia los equipos de asistencia técnica que sean necesarios, tales como, entre otros, mediadores, psicólogos y asistentes sociales, al objeto de que colaboren y actúen de forma coordinada en el correcto desarrollo y resolución de las materias que les son de su competencia.

Disposición adicional segunda:

El Gobierno, de conformidad con el principio de lealtad institucional previsto en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, procederá a evaluar bilateralmente con cada Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia y a transferir anualmente el importe correspondiente a las obligaciones de gasto que suponga para las mismas las disposiciones de la presente Ley Orgánica.

Disposición adicional tercera:

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, el Gobierno, previa propuesta de las Comunidades Autónomas, elaborará un proyecto de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, que remitirá a las Cortes Generales, a fin de adecuar sus previsiones a la presente Ley.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Es necesaria pues esta importante reforma de la Ley del Poder Judicial para crear la deseada Jurisdicción de Familia. Deseamos que ahora no se vuelva a perder esta gran oportunidad, por el bien de todos los ciudadanos.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.