Por  Juan José Brenes Barrera y  Mafalda Soto Cebollero  Brenes Abogados, s.l.p. 

El pasado viernes 14 de septiembre el Consejo de Ministros remitió a las Cortes Generales,  tras su aprobación,  un Anteproyecto de Ley que prevé la creación de un nuevo impuesto homogéneo del 6% sobre los ingresos por generación eléctrica y de un impuesto que gravará a las fuentes de energía convencionales, además de introducir un gravamen aplicable a las empresas hidroeléctricas.

Estas medidas se adoptan con la finalidad de hacer frente al problema del déficit tarifario que constituye uno de los mayores retos del sector eléctrico español y que se  ha convertido en el mayor riesgo para el futuro de un mercado energético nacional  competitivo y transparente.

A nuestro entender, la  creación de un impuesto cuya recaudación, según se anunció en la rueda de prensa, será específicamente destinada a paliar el déficit tarifario, es una medida que, sin lugar a dudas, contribuirá a reducir el dramático desequilibrio entre los ingresos y los costes de las actividades reguladas en el sector eléctrico, sentando con ello las bases para que, en algún momento, logremos alcanzar un sistema de financiación autosuficiente en el cual los peajes de acceso a la red cubran todos los costes del sistema.

En este orden de cosas, consideramos muy loable que el impuesto del 6% cuya aprobación se propone sea un impuesto homogéneo que grave tanto a los productores de energía en régimen especial como a aquellos que producen en régimen ordinario, por cuanto cualquier diferenciación injustificada en el trato a los productores de energía constituye un peligro para la competitividad del sistema eléctrico español.

Nos congratulamos, asimismo, de la clara señal de apoyo a las energías renovables emitida por el Gobierno al prever gravámenes que serán específicamente aplicables a las energías contaminantes. Nos referimos aquí al llamado “céntimo verde” cuyo importe, según se anuncia, será de 14,97 € por cada tonelada de carbón, de 2,79 € por cada metro cúbico de gas natural, de 12 € por cada tonelada de fuelóleo y de 29,15 € por cada 1000 litro de gasóleo. Estas medidas obligan a los productores de estas fuentes de energías  convencionales a interiorizar en sus costes, aunque solo sea parcialmente, el impacto medioambiental derivado de sus actividades, lo que sin lugar a dudas contribuirá a crear  una mayor transparencia en el mercado eléctrico.

Esta es  una forma de premiar a las energías no contaminantes ayudándoles  a resaltar su mayor competitividad con respecto a las energías convencionales cuyos elevadísimos costes medioambientales desde siempre han sido asumidos por la sociedad mientras los beneficios solo son aprovechados por los causantes del daño medio-ambiental por todos soportado.

Las medidas previstas en el Anteproyecto de Ley recientemente aprobado van, por tanto, en la buena dirección, si bien hubiera sido  deseable que el Gobierno hubiese mostrado una mayor sensibilidad hacia aquellos productores que vienen ya soportando varios recortes y para los cuales este impuesto adicional podría ser la gota que les abocará a la insolvencia y desaparición. Nos referimos concretamente aquí a los productores de energía solar fotovoltaica que llevan dos años padeciendo la aplicación de recortes retroactivos.

No obstante, es de lamentar que nuestros gobernantes nuevamente se limiten a solucionar los problemas creando nuevas fuentes de ingresos (impuestos) cuando  el sector eléctrico español requiere aún de la implementación de medidas dirigidas a corregir sus serios defectos estructurales. Estas medidas correctivas y modernizadoras del sistema eléctrico español se traducirían de forma directa en una reducción de los costes de las actividades de distribución causantes del déficit tarifario, todo ello sin necesidad de crear mayores gastos que, tarde o temprano, deberá asumir el consumidor.

Así, una de las medidas más urgentes que el sector lleva ya esperando desde hace mucho tiempo, es la regulación del autoconsumo o del balance neto de electricidad. El autoconsumo ya ha sido ampliamente regulado, con mucho éxito, en la practica totalidad de los restantes países de la Unión Europea siendo constatable y medible la contribución que éste ha tenido en la reducción de los costes de distribución, por cuanto promulga la descentralización del sistema de producción eléctrica y con ello contribuye de forma determinante a disminuir los costes de distribución.

No puede entenderse como en España seguimos careciendo de una regulación del autoconsumo, no solo por las enormes ventajas que a medio plazo supondría para el sistema de generación y distribución eléctrica, sino también por cuanto  la ausencia de esta regulación está frenando de forma insostenible el ya maltrecho futuro de las energías renovables en España y muy especialmente el porvenir del sector fotovoltaico.

Otro ámbito que debe ser urgentemente abordado por el Gobierno es el relacionado con la eficiencia energética, cuyo impulso no solo tendría un efecto directo sobre la contención y futura desaparición del déficit tarifario sino que, además, contribuiría de forma directa a reducir considerablemente el impacto de la factura eléctrica en el gasto anual medio de las familias españolas.

Por último, el Gobierno debe acometer una seria y profunda revisión de la tasa interna de rentabilidad de las actividades reguladas para determinar los costes de distribución que realmente merecen ser retribuidos. Esta es una tarea de vital importancia en la lucha contra el déficit tarifario que el Ejecutivo ya inició en los Reales Decretos Ley promulgados durante el primer semestre de este año. Pero queda en este ámbito  aún mucho camino por recorrer hasta conseguir el nivel de transparencia que nos permita dilucidar con claridad la realidad que existe detrás de nuestro estructural déficit tarifario.

La política energética en nuestro país precisa de una reforma profunda basada en el sentido común, en el interés general, en las experiencias de los países de nuestro entorno, clara e inequívoca, que dé seguridad y confianza a los diferentes agentes que la configuran, y que con todo ello se permita el desarrollo de las energías a través de inversiones estables a largo plazo. La reforma tiene que sentar sus bases en los retos a los que se enfrentará el sector en el futuro, teniendo en cuenta los avances del mismo y evitando caer en la tentación de seguir protegiendo situaciones heredadas que solo ayudan a unos pocos.

 

 

2 Comentarios

  1. La inversión en energías renovables puede parecer muy elevada comparada con el precio de las energías obtenidas por lo medios convencionales y contaminantes. Eso sí, como su nombre indica, son energías que duran «para siempre», y que darían al país la seguridad de que depender de nosotros mismos en la cuestión energética.

    Todo lo que lo promueva es buena idea por mí parte, ojalá sigan fomentándola.

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