El secretario de Estado y Seguridad Social, Tomás Burgos, afirmó hoy en el Congreso de los Diputados que el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los trabajadores con contrato a tiempo parcial incrementará la presión sobre el gasto de la Seguridad Social en un momento «particularmente difícil» para el sistema.
Tomás Burgos, que compareció esta mañana en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo de la Cámara Baja, realizó una valoración económica de lo que supondrá a las arcas de la Seguridad Social el dictamen del Tribunal Constitucional y presentó un balance del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Hay que recordar que este Tribunal (con fecha de 14 de marzo) declaró nulo el método empleado para calcular el tiempo cotizado de los trabajadores a tiempo parcial, lo que conlleva, entre otros efectos respecto de la cuantía de las pensiones, el cumplimiento de los períodos de carencia, aumentando con ello el número de pensiones a reconocer.
Según añadió Tomás Burgos, las reclamaciones de pensiones no concedidas en los años anteriores supondrían un gasto no inferior a los 1.500 millones de euros. Mientras el número de nuevas pensiones a reconocer anualmente se traduciría en un aumento de gasto anual próximo a los 100 millones de euros, cifra que es acumulativa en el tiempo con las nuevas altas que se produzcan cada año. En suma, el sistema llegaría a tener un aumento de gasto anual del orden de 1.900 millones de euros. “No hay lugar a dudas del potente impacto económico sobre el sistema que supone esta sentencia”, sostuvo Burgos.
Proceso de diálogo social
La preocupación del Ejecutivo ha llevado, según informó Burgos, a abrir un proceso de diálogo social y político para acordar una solución a este asunto, que “adecuando los niveles de protección del tiempo parcial no incluya despropósitos que terminen por desajustar completamente el sistema”, abriendo nuevas discriminaciones y dejando en nada los principios de contributividad y equidad básicos para un sistema como el nuestro.
El acuerdo entre Gobierno y agentes políticos y sociales debería permitir, además, dar cobertura adecuada a todas las personas que realizan una actividad laboral o profesional; dotar de mayores niveles de sostenibilidad y viabilidad al sistema de prestaciones económicas; y evitar situaciones fraudulentas o irregulares, así como la desincentivación de la cotización al Sistema de la Seguridad Social.
Sentencia
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró “inconstitucional y nulo” el sistema que la Ley General de la Seguridad Social establece para calcular los periodos de cotización que dan derecho a una pensión contributiva en el caso de los contratos a tiempo parcial, en la sentencia dictada el pasado 10 de Abril.
En ella, el TC afirmó que ese sistema de cómputo vulnera el artículo 14 de la Constitución Española, “tanto por lesionar el derecho a la igualdad como también, a la vista de su predominante incidencia sobre el empleo femenino, por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo”.
El fallo dictado por el Constitucional coincide con la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo sobre la materia, el pasado mes de noviembre, cuando calificó de discriminatorio el trato que daba la legislación europea a los trabajadores a tiempo parcial respecto a los contratos a tiempo completo, como consecuencia de una cuestión prejudicial planteada en un juzgado español.
