La reclamación Económico-Administrativa se encuentra regulada en la Ley General Tributaria, concretamente en los artículos 226-248. Es un recurso administrativo que se resuelve por los Tribunales Económico-Administrativos, órganos independientes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos agotan la vía administrativa, configurándose como un paso previo y obligatorio a la interposición del recurso contencioso-administrativo.

El contribuyente, de manera previa a la interposición de una reclamación económico-administrativa, podrá optar por interponer recurso de reposición ante el órgano pertinente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En ese caso, hasta que el recurso de reposición no haya sido resuelto de manera expresa o hasta que pueda ser considerado desestimado por silencio administrativo, el contribuyente no podrá plantear la reclamación económico-administrativa ante los Tribunales Económico-Administrativos.

Tal y como establece la Ley General Tributaria, el procedimiento de reclamación económico-administrativo deberá iniciarse mediante escrito que podrá limitarse a solicitar que se tenga por interpuesta la reclamación, identificando al reclamante, el acto o actuación contra el que se reclama, el domicilio para notificaciones y el tribunal ante el que se interpone. Asimismo, el reclamante podrá acompañar las alegaciones en que base su derecho.

Un aspecto relevante y fundamental a la hora de interponer reclamación económico-administrativa será tener en cuenta el plazo con que contamos para la interposición del mismo. La reclamación económico-administrativa en única o primera instancia se interpondrá en el plazo de un mes tal y como establece la Ley General Tributaria. El mencionado plazo comenzará a computar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado.

Otro aspecto notable es la fijación de la cuantía de la reclamación económico-administrativa, la cual, sirve para determinar, entre otras cuestiones, si se sustentará en primera instancia y será susceptible de recurso de alzada, si debe conocerse en única instancia o si se debe tramitar por el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales.

A colación de lo anterior y tal y como determina el Art. 35 del Real Decreto 520/2005, la cuantía de la reclamación será el importe del acto o actuación objeto de la reclamación. Los actos que no contengan o no se refieran a una cuantificación económica y las sanciones no pecuniarias, se considerarán de cuantía indeterminada.

Con respecto a la suspensión de la ejecución de la propia liquidación, es importante tener en consideración que la interposición de una reclamación económico-administrativa, por si sola, no va a suponer la suspensión automática de la liquidación recurrida excepto en lo relativo a las sanciones.

En cuanto a actos tributarios que no sean sanciones, para que no sean apremiadas, sí deberán pagarse (o aplazarse) dentro del periodo voluntario o bien deberá solicitarse la suspensión de la ejecución de las mismas. Para ello, el recurrente deberá garantizar el importe del acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía por medio de alguna de las formas de garantía que establece el artículo 233.2 de la LGT y que son: depósito, aval o fianza o fianza personal y solidaria.

En relación al tipo de procedimiento y de acuerdo con lo previsto en el art. 245 de la LGT, tras la reforma de la LGT de 2015, las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán por el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales, solamente cuando sean de cuantía inferior a 6.000 euros, o 72.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones. En este caso la interposición y las alegaciones se presentarán en el mismo acto.

Si el procedimiento es superior a 6.000 euros, el procedimiento será ordinario y constará de 3 fases. En primer lugar, la interposición de la reclamación ante el órgano que dictó el acto, en segundo lugar, puesta de manifiesto del expediente durante el plazo de un mes a las partes y en último lugar fase de alegaciones.

El plazo de resolución por parte de los Tribunales Económico-Administrativos, es de seis meses en el supuesto del procedimiento abreviado y del recurso extraordinario de revisión, y de un año en los supuestos del procedimiento en única o primera instancia y del recurso de alzada ordinario.

En último lugar, y no menos importante, debemos tener en cuenta los recursos que podemos plantear en caso de no estar de acuerdo con la resolución emitida por el Tribunal Económico-Administrativo, que varían en función del tipo de procedimiento, y que son los siguientes: recurso de anulación, recurso de alzada ordinario, recurso extraordinario de revisión, y en último lugar recurso contencioso-administrativo.

Los tribunales económico-administrativos recordemos que son independientes de la Administración Tributaria, esta independencia en ocasiones puede beneficiar al contribuyente por ser procedimientos derivados de algún error cometido por la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria.


Sobre la autora

  • Paloma Moya-Angeler
  • Asesora Fiscal
  • Labe Abogados

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.