Durante ciertos procesos civiles o de familia, como al valorar la mejor opción de guarda y custodia, así como una incapacitación judicial, se hace necesario evaluar el estado psicológico de las personas implicadas y de su entorno.
A la hora de valorar distintas áreas relacionadas con el grupo familiar, existen unos equipos compuestos por un/a trabajador/a social y un/a psicólogo/a que trabajan permanentemente en los juzgados de familia, conocidos como equipo psicosocial.
Dichos profesionales valoran distintas áreas relacionadas con el grupo familiar. El objetivo es asesorar al juez a la hora de dictar sentencia en aquellos casos en los que se hace necesaria una intervención judicial. Normalmente en divorcios contenciosos, que no existe mutuo acuerdo en el convenio regulador y uno de los progenitores busca la custodia compartida.
Los casos más frecuentes que se encargan de valorar dichos equipos son aquellos relacionados con la guarda y custodia de hijos menores comunes de la pareja. Estadísticamente se encuentran en la tipología de peritajes más demandados desde los juzgados, comparados con el resto de pericias de otros órdenes jurisdiccionales.
Es comprensible también dicha elevación de demandas, porque este informe se puede presentar tanto para el establecimiento de medidas dirigidas a la guarda y custodia de menores como, posteriormente, para solicitar una modificación de las mismas.
Los aspectos psicosociales se deben analizar en profundidad para poder emitir un dictamen sólido. Se recogen un amplio abanico de circunstancias que afectan a todo el núcleo familiar para después dar una respuesta al tribunal sobre la mejor opción o combinación en cuanto al tipo de custodia y/o régimen de visitas.
Contrastar toda la información recogida, tanto a nivel social como psicológico conlleva una inversión de recursos importante. Actualmente, los juzgados, a nivel general y especialmente aquellos que se encuentran en ciudades con una densidad elevada de población (como por ejemplo Madrid) presentan serias limitaciones para gestionar la ingente cantidad de demandas y denuncias que reciben. Por tanto, se hace evidente el déficit en personal y herramientas de diversa índole que existe. De ahí el atraso y colapso en plazos, citaciones y celebraciones de vistas y juicios.
Algo similar ocurre con los abogados que ejercen su profesión en el turno de oficio. En ocasiones, la escasez de recursos, junto con unas nefastas condiciones en relación a plazos y honorarios, obliga al ejercicio privado.
La calidad del servicio de defensa que ofrecen no puede brindar las mismas garantías que puede ofrecer un/a abogado/a contratado por el cliente de forma privada. Estos últimos juegan con una autonomía que permite dedicar el tiempo y los recursos que consideren oportunos y necesarios para la defensa de cada caso.
No es de extrañar que, con la elaboración del informe psicosocial por parte del juzgado, ocurra algo parecido. Los facultativos que se disponen a valorar las dinámicas familiares y los factores sociales que les rodean, encuentran en muchas ocasiones dificultades para poder elaborar un informe de forma adecuada de todos los casos que se les solicita.
La situación de saturación de demandas de informes psicosociales conlleva, como es lógico, un deterioro en la calidad de la evaluación. Al estar desbordados y abrumados por la falta de recursos, en numerosas ocasiones aparecen:
- Errores en la metodología
- Falta de objetivación
- Desatención a variables importantes
- Confusión y mezcla de casos
- Falta de tiempo para evaluar correctamente a todos los miembros de la familia y/u otras fuentes, así como para revisar toda la documental existente
- No incluir una base empírica o discusión en el informe, es decir, omitir estudios científicos que avalen las conclusiones
- Reducción en los tiempos de toma de decisión, así como en la elección de los criterios más oportunos
Otro inconveniente al que se ven sometidos estos profesionales radica en el enorme intervalo de tiempo que suele interponerse entre la evaluación y la ratificación del informe ante el tribunal. Esta dilación conlleva que la declaración ante la vista oral que realiza el perito pueda dar lugar a múltiples errores al aportar información sobre ese caso, la cual el juez va a dar por válida al desconocer las características de esa evaluación y no ser un experto en la materia.
Si a esta prolongación temporal se le suma la aglomeración de valoraciones periciales a las que tiene que hacer frente el perito, la probabilidad de cometer fallos en sala de juicios aumenta considerablemente.
Desde la perspectiva de los implicados en el proceso de divorcio o separación, es relativamente normal cierta desestabilización a nivel emocional. Los procesos judiciales (de cualquier jurisdicción) conllevan intrínsicamente un grado considerable de estrés para los partícipes.
Si partimos de este punto, las parejas con hijos menores que van a separarse o divorciarse confían en que la valoración pericial que se les realiza en el juzgado es llevada a cabo por expertos, por lo que cuentan con unas mínimas garantías de calidad. En muchas ocasiones se trata de profesionales cualificados y con una dedicación y formación casi exclusiva a esta especialidad. Sin embargo, algunos de estos equipos no cuentan con los medios suficientes para poder valorar de forma óptima el caso.
Vemos entonces que los familiares se encuentran con que su caso (probablemente una situación crucial en su vida, como lo es una custodia) no se trata con la manera y profesionalidad que les gustaría. Esto supone un factor de estrés añadido a dicho proceso que, como decíamos anteriormente, ya conlleva de por sí un malestar y un riesgo significativo para la salud mental.
Por otro lado, en los equipos psicosociales resulta fundamental que tanto el/la profesional de la psicología como el/la trabajador/a social, a pesar de evaluar el caso de forma independiente, integren en conjunto la información recogida. De esta forma, el asesoramiento al juez será lo más completo y comprensible posible.
Esta integración sirve para contrastar y dar una estructura más sólida al dictamen. Conlleva un añadido en tiempo y disponibilidad de los dos especialistas, por lo que, nuevamente, al encontrarse desbordados, esta es frecuentemente omitida, emitiendo conclusiones totalmente desligadas unas de las otras.
Con todo lo anteriormente descrito, los más perjudicados por este servicio son los menores. Las medidas coadyuvantes que se implantarán no siempre van a beneficiarles y pueden acarrear consecuencias a largo plazo muy negativas para ellos. Los progenitores y familiares también sufrirán los efectos de una valoración pericial deficiente, ya que son los implicados directos del proceso y la decisión final acarrea cambios muy relevantes en sus vidas, agravando situaciones ya complicadas de antemano.
¿Cómo podemos afrontar esta problemática?
La solución idónea sería la inversión en recursos por parte del Estado en la Administración de Justicia.
Sin embargo, como profesionales del Derecho no podemos contar con esta medida a corto plazo. Por tanto, la alternativa de contratar peritos privados puede solventar este inconveniente, que incluye cada día a un mayor número de afectados.
Los profesionales de parte, contratados de forma independiente, se encuentran con la dificultad de que la valoración del conjunto familiar resulta complicada al no tratarse de profesionales asignados judicialmente. Una mayor cooperación entre los progenitores para solucionar el conflicto, así como un/a juez/a que solicite o conceda dichos servicios a profesionales cualificados pero independientes del juzgado también contribuiría a la calidad de la peritación del caso, dando lugar a una mayor calidad en relación al asesoramiento judicial y al nivel de calidad de vida de todos los integrantes del grupo familiar.
Autora: Sonia Rodríguez Báñez
Psicóloga sanitaria y forense en Psicolegalmente. Colegiada por el Colegio de Psicólogos de Madrid (M-32725).
