La nueva Le de Mediacion: ¿Una nueva muestra de madurez del sistema?                            

               El acceso efectivo al sistema judicial en España se configura como un elemento nuclear de nuestro Sistema de Derecho. A esta voluntad de garantizar el acceso a la justicia responde el reconocimiento y amparo del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en el artículo 24 de la Constitución Española.

Los ciudadanos gozan del derecho a solicitar la intervención de un tercero (el Estado) que resuelva sus controversias y los mecanismos de acceso al sistema judicial son sencillos. Suponen además un coste muy reducido desde la perspectiva individual del ciudadano que hace uso (o incluso abusa) del mismo. Como consecuencia de todo ello, el recurso a los tribunales es generalizado en nuestro país, por insignificante que sea la disputa. Extraordinarios son los casos en los que los propios afectados optan por solventar sus discrepancias entre sí, sin necesidad de que intervenga un tercero con autoridad para imponer una solución.

La cuestión que late en el fondo es si ese derecho de acceso al sistema judicial equivale en la práctica a una garantía de tutela efectiva por los tribunales. La respuesta ha de ser negativa a nuestro juicio. No es objeto de este breve apunte valorar las consecuencias que trae consigo el recurso generalizado de los tribunales de justicia en un modelo en el que el Estado tiene el monopolio para la resolución de las controversias. Sin embargo esas consecuencias son evidentes: sobrecarga de los órganos jurisdiccionales, falta de especialización, alejamiento de los problemas reales, ausencia de respuesta a los conflictos de fondo y, en definitiva, colapso del sistema con el consiguiente menoscabo del principio de seguridad jurídica que lleva aparejado el desincentivo a la inversión privada y el desprestigio de la marca España entre los inversores nacionales y extranjeros. Se trata de un modelo en quiebra como consecuencia del desbordamiento que sufre, víctima de su propio éxito.

Por otro lado, el sometimiento generalizado de las controversias a un tercero con facultades para imponer su decisión es una prueba de la inmadurez que afecta a nuestra sociedad, además de la manifiesta ausencia de diálogo imperante hoy en día. Lo paradójico es que la apatía ciudadana no se limite a cuestiones de ámbito colectivo cuyos efectos pudieran verse desdibujados en el contexto global. Esa falta de compromiso, la indiferencia hacia lo que nos rodea y la ausencia de participación en la toma de decisiones despliegan efectos igualmente perversos en cuestiones que atañen de manera directa y particular a la esfera jurídica del individuo.

En este contexto, la nueva ley de mediación (Real Decreto-ley 50/2012, de 5 de marzo) constituye un nuevo e ilusionante elemento del sistema que, de resultar exitoso, contribuiría a la recuperación del papel primordial del individuo como sujeto de relaciones jurídicas en la sociedad. En realidad, el impulso de la mediación no deja de ser una medida que permite institucionalizar el diálogo entre los individuos como mecanismo de resolución de conflictos.

En el modelo de mediación recientemente ideado por el legislador son las partes quienes adquieren un papel preponderante. Así, frente al -hasta ahora vigente- monopolio del Estado en la resolución de conflictos, la mediación se erige como un paso intermedio que permitirá a las partes, por sí mismas pero con la ayuda de un tercero, encontrar al menos un marco de solución a la controversia. Son las partes y sus intereses comunes los protagonistas. Son ellas las que toman la iniciativa a la hora de acudir a la mediación e identifican al tercero que les merece confianza suficiente para actuar como mediador. Y lo más relevante: son las partes quienes resuelven la controversia, sin injerencias o imposiciones externas.

La figura del mediador, cuyo papel fundamental es innegable, queda reducida sin embargo a la de un mero facilitador del acuerdo. Un tercero al que se le presupone un grado de independencia y objetividad suficiente como para que no tome partido por ninguna de las partes. Corresponde al mediador contribuir a que las partes alcancen un acuerdo. Es el responsable de generar una atmósfera adecuada y poner a disposición de todas las partes los medios que sean necesarios.

El modelo que propugna la nueva ley de mediación constituye por tanto una significativa variación sobre el modelo actual. Su éxito requerirá sin embargo un profundo cambio de mentalidad. Precisa del abandono de la querencia por la brega, cueste lo que cueste y aunque ello conlleve perder de vista el interés perseguido. Requiere, además, del compromiso e involucración de los profesionales del Derecho, en muchas ocasiones más preocupados por provocar y mantener el pleito que por atender a las necesidades últimas de sus clientes. Les corresponde a ellos contemplar el mecanismo de la mediación como una oportunidad más, un medio en el que desarrollar su actividad, alternativo al que venía siendo tradicional hasta la fecha.

Y, en definitiva, el éxito o fracaso de la ley de mediación dependerá de que se produzca un cambio radical desde el punto de vista socio-cultural, que lleve al individuo a recuperar el protagonismo en la sociedad civil, procurándose mecanismos que potencien su libertad de actuación y decisión sobre todo aquello que le afecte.

 

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