El gobierno busca componer las relaciones con Venezuela como una necesidad para concretar las expulsiones de inmigrantes venezolanos en situación irregular
Plan de expulsión enfrenta su mayor traba: PDI admite que 6 mil venezolanos no pueden ser deportados. El debate se instaló en la comisión de Gobierno del Senado, donde avanza con rapidez el proyecto que busca convertir en delito el ingreso clandestino al país.
El mandatario chileno había prometido durante su campaña presidencial sostener mano dura contra los migrantes irregulares, la mayoría de ellos venezolanos.
Tras asumir el poder, los invitó a abandonar el país pero luego de un mes, no le queda otra que tender la mano a Caracas para que ambas capitales se hagan cargo conjuntamente de la situación.
Las expulsiones se aplican por ingreso por pasos no habilitados, incumplimiento de normativas migratorias, o comisión de delitos como tráfico de drogas, robos y otros.
Una de las principales trabas en la tarea de concretar las expulsiones de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en condiciones irregulares en Chile: No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan. Desde junio de 2025 están congeladas las expulsiones hacia Caracas. La cifra no es menor. Actualmente, son cerca de 6 mil las deportaciones pendientes hacia Venezuela, reconoció León al ser consultado por la senadora Danisa Astudillo.
Las relaciones consulares y diplomáticas entre ambos países quedaron socavadas por Venezuela en 2024, luego de que la administración del presidente de izquierda Gabriel Boric denunciara fraude en las últimas elecciones en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor.
La necesidad de restablecer relaciones con Caracas «Se trata de una dosis de realismo, habida cuenta de que en campaña se aludió reiteradamente a la necesidad de un corte definitivo con Venezuela. Sin embargo, la única forma de ejercer cierto control sobre las personas que ingresan al país es mediante una colaboración, al menos consular, con Venezuela». Así, lo analiza Gilberto Aranda, doctor en Estudios Latinoamericanos y profesor de la Universidad de Chile.
Se estima que más de 300.000 migrantes se encuentran en situación irregular en Chile; unos 75.000 tienen órdenes de deportación pendientes, la mitad de ellas correspondientes a ciudadanos venezolanos.
No obstante, la falta de relaciones bilaterales es uno de los factores que dificulta el retorno prometido por Kast. El gobierno chileno no puede, como sí hizo con Colombia la semana pasada, embarcar personas en un avión si no existe un país que las reciba. «El gobierno de ese país podría simplemente negarse. Probablemente, una intermediación de Estados Unidos podría allanar el camino hacia gestos que permitan restablecer relaciones consulares. Estados Unidos, como sabemos, tiene una enorme capacidad de influencia en la actual administración venezolana», concluye Aranda, quien subraya que el pragmatismo del gobierno chileno confirma que una cosa es la campaña y otra la realidad jurídica de gobernar.
El Gobierno chileno busca agilizar las expulsiones, priorizando a quienes han cometido delitos, en medio de tensiones bilaterales. La falta de relaciones consulares y vuelos directos ha dificultado las expulsiones, pero se han logrado acuerdos puntuales.
