Reducir la litigiosidad de nuestros tribunales, con nueve millones de casos anuales para cerca de cinco mil jueces y dar cuenta de la Directiva de Mediacion Civil y Mercantil de 2008, aun sin trasponer y a punto de recibir una sanción por parte de la UE, han sido dos de los motivos que han acelerado la aprobación de la Ley de Mediación. En este contexto, el  Consejo de Ministros ha aprobado en su sesión de este viernes el Real Decreto-Ley de Mediación Civil y Mercantil, poniendo así a disposición de los ciudadanos un mecanismo de resolución de conflictos voluntario, ágil, flexible y económico.

El carácter «voluntario» de la mediación -sin obligación legal ninguna de acudir a ella- supone una novedad respecto al proyecto que en 2011 remitió a las Cortes el Gobierno socialista, que imponía esta vía para la reclamación de cantidades inferiores a 6.000 euros.

La mediación es una forma voluntaria de resolución de controversias entre dos partes con la ayuda de una tercera persona, cualificada, imparcial y neutral que les guía en la consecución de un acuerdo por sí mismas. El mediador, por lo tanto, a diferencia de lo que sucede en el arbitraje, no tiene capacidad de decisión en la resolución del conflicto, ya que esta corresponde por entero a las partes.

El Real Decreto-Ley de mediación se extiende al ámbito civil y mercantil, con expresa exclusión de la mediación penal, la laboral, la de consumo y con las administraciones públicas, de acuerdo con el ámbito de aplicación de la directiva comunitaria que se traspone.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que el Ejecutivo buscará la colaboración de las Cámaras de Comercio para que puedan ejercer entre sus funciones la labor de mediación en el ámbito civil y mercantil.

El objetivo del Real Decreto-Ley es dar un impulso relevante a esta institución, al servicio de los ciudadanos, a los que se ofrece la posibilidad de contar con un medio de solución de conflictos eficaz y económico. La consecuencia de su aplicación será la reducción de los asuntos que actualmente se dirimen ante la jurisdicción ordinaria.

Con esta regulación se da cumplimiento ala Directiva2008/52/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, pero esta norma va más allá. Si la directiva se centra en los acuerdos de mediación transfronterizos, el Real Decreto-Ley conforma un régimen general aplicable a toda mediación en asuntos civiles y mercantiles, ya sea nacional o transfronteriza.

La mediación se configura con carácter voluntario de forma que no se regula ninguna obligación legal de acudir a mediación. No obstante, el juez, cuando aprecie que en atención a la naturaleza del litigio éste podría resolverse de forma más ágil y menos costosa a través de la mediación, podrá instar a las partes a que asistan a una sesión informativa.

Como el lector de DIARIOJURIDICO recordará ejemplos de actividades relacionadas con la mediación son muchos. Hace unos días ICAV y el CGPJ firmaban un acuerdo para impulsar la mediacion intrajudicial en el campo familiar.  Otros asuntos destacados, que además han tenido el reconocimiento por parte del CGPJ, como una de las mejores prácticas en justicia, tiene que ver con la iniciativa de mediacion intrajudicial puesta en marcha por el Juzgado 73 de primera Instancia en Madrid, y el proyecto de Juez de Paz en la Comunidad de Murcia, ambas iniciativas buscan resolver la disputa por la via amistosa, para evitar el trámite cada vez más largo y caro de los juzgados.

Según, algunos expertos consultados por este diario, entre los que se encuentra, Juan Antonio Ruiz, experto en mediación y abogado de Cuatrecasas, Gonçalves y Pereira, de forma general los acuerdos de mediación tienen un índice de cumplimiento voluntario por las partes muy superior al de los laudos arbitrales y las sentencias, que alcanza hasta el 98 por 100 de los casos.

Gracias a la Asociación Madrileña de Mediadores puedes conocer el texto de esta nueva normativa

http://www.ammediadores.es/pdf/PROYECTO%20REAL%20DECRETO%20LEY%20MEDIACION%20%201%20MARZO%202012%20APROBADO%20CONS%20MINIS.pdf

 

 

 

1 Comentario

  1. Creo que la función de mediador EN ESTOS CASOS CIVIL Y MERCANTIL , habría podido atribuirse por Ley directamente a los Notarios quienes cobrarían su gestión y los Derechos de Escrituración, con estándares económicos.
    Esto garantizaría la inmediatez de saber si hay solución o se inicia (o continúa el procedimiento judicial).
    La intención plasmada Decreto es buena aunque lejos de ser eficaz y práctica…
    En la Audiencia previa si las partes quieren mediar podría haberse dado un plazo para aportar la Escritura Pública de acuerdo de mediación y punto…. pues esto de sesión informativa…. para qué? el abogado debe conocer la Ley y trasladar a su cliente esta opción… el Decreto promueve la suspensión de procedimientos y ésto se presta para más dilaciones…
    No estimo práctico ni útil la forma en como se plantea la Mediación. Otra oportunidad perdida para la Justicia en España.

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