Luchar contra la corrupción, a todos niveles, y contra el crimen organizado desde la autonomía del Ministerio Fiscal, respaldada en una singularización presupuestaria adecuada y procesos formativos que impulsen fiscalías especializadas, como la de cibercrimen, son varios de los objetivos ambiciosos que Eduardo Torres-Dulce se ha propuesto como Fiscal General del Estado. En esta oportunidad, su auditórium, repleto el hotel Ritz, al haber sido organizado por el Foro de la Nueva Sociedad, combinaba una atractiva mezcla de empresarios, juristas y muchos medios de comunicación: también era el momento de conocer su punto de vista sobre otras cuestiones de la actualidad jurídica más inmediata.
En este sentido y, a preguntas de los periodistas que copábamos este encuentro Torres_Dulce auguró que es«evidente» que aún queda «un largo camino» en la instrucción de la causa en la que se investigan las actividades del Instituto Nóos mientras lo presidió el Duque de Palma Iñaki Urdangarín.
También anuncio que se han abierto diligencias en la fiscalía de Madrid para que se investiguen los restos ferroviarios de los atentados del 11-M, encontrados en una empresa de Madrid. El fiscal puntualizó que todo surge a partir de una información periodística, a partir de lo que él pidió al fiscal de Madrid que investigara el hallazgo.
P or otra parte, en contestación a otra pregunta dejó claro que la Fiscalía del Tribunal Supremo se opondrá a la petición de nulidad de la sentencia que condenó a Baltasar Garzón a once años de inhabilitación por ordenar las escuchas del «caso Gürtel» formulada por la defensa del juez.
Torres-Dulce dijo que, según lo que le han transmitido desde la Fiscalía del Tribunal Supremo, «no se pueden compartir los criterios expresados» en el escrito presentado por la defensa de Garzón, por lo que «su última palabra» es oponerse a la solicitud.
La necesaria modernización del Ministerio Fiscal
El actual Fiscal General del Estado dejó claro que dirige una institución que ha pasado décadas pensando en el futuro y anclada en el pasado. “En este momento, sin embargo, se encuentra en plena encrucijada de un cambio histórico de perspectiva. Un cambio que se concreta en la consolidación de los principios constitucionales que rigen su organización y funcionamiento, y que deben traducirse en la puesta en práctica, real y efectiva, de esos principios.”
A este respecto recordó que el articulo 124 de la Constitucion incide en esta vertiente de independencia: “ Es decir, interpretación y aplicación imparcial de la legalidad; dependencia jerárquica como instrumento de una unidad de criterio que constituye la garantía última de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.” Desde esta perspectiva considera que La autonomía orgánica y funcional aparece así, por pura lógica, pero también por disposición constitucional y legal, como soporte inexcusable de la vigencia efectiva de esos principios.
Para el nuevo responsable del Ministerio Público lograr ese objetivo de autonomía hay que hacerlo desde un punto de partida “Después de los importantes cambios orgánicos y funcionales derivados de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal del año 2007, es necesario inventariar los resultados, fijando y consolidando los logros, pero también detectando las insuficiencias, corrigiendo las disfunciones y formulando los objetivos que deben conducir a la siguiente meta.” subrayó
En su intervención volvió a señalar que esta abierto el plazo para poder configura nuevo Libro Blanco de la Fiscalia, que sea un retrato lo más fidedigno posible de la situación del Ministerio Público. En este contexto parece inexorable que la figura del fiscal se introduzca de lleno en el siglo XXI desde tres perspectivas; la formativa, donde pidió un compromiso serio al Gobierno en esta materia.” Esa autonomía es incompatible con un sistema de formación que se diseña, se desarrolla y se ejecuta extramuros del Ministerio Público. “aclaró
Formacion, clave para trabajar mejor
«Los objetivos estratégicos que dan cuerpo a nuestra unidad de actuación exigen preparar a los Fiscales para el desempeño de tareas cada vez más diversas y más complejas.» señalaba en su intervención. A este respecto, Torres-Dulce consideraba que lo más lógico es que la formación de los Fiscales requiere sin duda, hoy por hoy, el soporte presupuestario y la asistencia técnica y tecnológica de la Administración, a través del Centro de Estudios Jurídicos. Sin embargo la organización de la misma y sus contenidos correspondería a la Fiscalia General del Estado.
Algo similar sucede con otro factor clave de la autonomía del Ministerio Público, que es el de la singularización presupuestaria. “Si el Ministerio Fiscal debe actuar con imparcialidad, y si para garantizarla la propia Constitución establece que actuará mediante órganos propios, parece obvio que debe contar con cierta seguridad a la hora de planificar y determinar la actuación de esos órganos. “ Y es que parece obvio que la autonomía funcional y orgánica no es posible sin una clara delimitación de los recursos de los que el Ministerio Fiscal dispone para ejercer sus funciones.
El problema de esta asignación choca con la crisis actual, situación que Eduardo Torres-Dulce ha sabido advertir: “. Lo que estamos haciendo es, simplemente, exigir que, como la ley dispone, nos digan cuáles y cuántos son, de hecho, los recursos económicos que ese están aplicando la Fiscalía. Porque sólo así podremos saber hasta dónde podemos llegar, y explicar qué nos hace falta para llegar más lejos. “
.El tercer y último punto de atención que señalo tuvo que ver con el interés social de las diversas actuaciones de la fiscalía, obligación además, recogida en nuestra Constitución. Desde su punto de vista, la especialización de los fiscales, es clave para “acercarse con solvencia jurídica y con eficacia a los problemas reales de los ciudadanos.”
En este contexto, el nuevo Fiscal General dejó claro que la independencia del Ministerio Fiscal ayudaría a incrementar ese aspecto social del Ministerio Publico. De hecho matizó que el interés general ya es un concepto más amplio “más extenso y más plural, que emana de la propia convivencia ciudadana y evoluciona con ella, y cuya satisfacción, no por casualidad, encomienda explícitamente al Fiscal, en el ámbito de sus competencias, el art. 124 de la Constitución. “
En definitiva, la modernización del Ministerio fiscal español pasa por conjugar de forma simultánea iniciativas como la autonomía real de acción; la autonomía en la formación; la transparencia en el soporte presupuestario de esa acción; el cálculo, mediante un Libro Blanco, de las necesidades y las capacidades que entran en juego para obtener esos objetivos, constituyen la base de ese cambio de perspectiva del Ministerio Público.
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