El Consejo de Ministros del pasado viernes acordó mantener las prestaciones destinadas a la protección en materia de dependencia de quienes ya tienen reconocida algunas de las prestaciones del sistema. Se garantiza así, a través de la aportación del Estado, una financiación mínima, común y estable para todos los ciudadanos. La decisión adoptada en el Consejo de Ministros asegura que aquellas personas que más necesitan las ayudas y prestaciones las reciban en primer término, consideración que se hace extensiva a las familias de quienes padecen situaciones de este tipo.

El anterior Gobierno recortó el presupuesto destinado al Sistema de Atención a la Dependencia en un 10% en 2011, año en el que se incorporaron al sistema 150.000 dependientes más. Ante esta situación, el Gobierno se ha visto en la necesidad de adoptar medidas urgentes que fortalezcan la protección por dependencia y garanticen la sostenibilidad de prestaciones y servicios. Entre las medidas que adoptará el Gobierno, aún sin concretar, destaca la necesaria reforma del modelo de financiación para hacer sostenible el Sistema de Atención a la dependencia, así como el fomento de políticas de promoción de la autonomía personal y de prevención de la dependencia para todos los grados y niveles.

Por otra parte, el Gobierno considera prioritario garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso al Sistema de Atención a la Dependencia con independencia del lugar en que residan, así como la formulación de una serie de criterios comunes sobre formación de profesionales y cuidadores familiares que permitan mejorar la calidad de las prestaciones. El Gobierno se ha propuesto asimismo abordar la regulación de la coordinación socio-sanitaria para mejorar la eficiencia en la gestión y la calidad asistencial, así como la configuración de un nuevo sistema de información estadística y el desarrollo de un modelo de gestión administrativa de la dependencia.

Como se recordará, hace tan solo un mes, el Ejecutivo de Zapatero aprobó a propuesta de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en aquel entonces un acuerdo por el que destinan 30 millones de euros (29.718.662,5 €) para financiar el nivel acordado de dependencia en Andalucía y Cataluña.

El importe que se aprueba hoy es el 25% de la cantidad del nivel acordado que corresponde a cada comunidad autónoma, porque el otro 75% ya se ha hecho efectivo. Andalucía recibirá más de 17,6 millones de euros (17.669.918,25 €) y Cataluña más de 12 millones de euros (12.048.744,5 €).

Para recibir estos fondos es necesaria la suscripción de convenios de colaboración entre estas comunidades autónomas y el Estado. Como la cantidad que va a recibir cada una de las comunidades supera los 12 millones de euros, antes de la suscripción del convenio es necesario que lo autorice el Consejo de Ministros.

Gracias a estas dotaciones del nivel acordado, que para el conjunto del Estado superan este año los 283 millones de euros, se mejoran las prestaciones y servicios de atención a la dependencia en todas las comunidades autónomas, que ya reciben más de 742.455 personas beneficiarias de la Ley de Dependencia.

A través de estos convenios, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas acuerdan los objetivos, los medios y los recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones previstos en la Ley 39/2006, incrementando el nivel mínimo de protección fijado por el Estado, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Dependencia.

La Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia cumplirá cinco años en vigor el próximo 14 de enero, con 7541.713 personas atendidas, 315.244 a la espera de recibir una prestación o servicio, y dudas sobre su viabilidad. Aunque la ley contó con consenso social y político para su aprobación en la primera Legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, actualmente, patronal, servicios sociales, organizaciones de mayores y de personas con discapacidad destacan la falta de financiación y las distintas velocidades de aplicación en las 17 autonomías.

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