El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha acordado hoy suspender todas las designaciones de asistencia letrada y turno de oficio a partir del 1 junio, excluyendo aquellas causas que afecten a detenidos y a presos, de violencia de género o que causen un grave perjuicio al derecho de defensa del ciudadano. El motivo: las cantidades que la Comunidad de Madrid les adeuda por los procesos atendidos desde 2010. Según los cálculos de los afectados son 17 millones de euros.

Así se lo ha comunicado el decano del Colegio de Abogados, Antonio Hernández Gil, a los letrados del turno de oficio que mantenían desde ayer un encierro ante la falta de dotación presupuestaria para este servicio.

Además de la suspensión de la asistencia letrada, la Junta de Gobierno del ICAM ha aprobado suspender las actividad del colegio relacionadas con la gestión de dicha asistencia jurídica gratuita.

El Colegio de Abogados de Madrid comunicará mañana por escrito este acuerdo a los tribunales de Madrid y a la Consejería de Justicia de la Comunidad que, según los abogados de oficio, han dejado este servicio al borde del colapso por el impago de los atrasos a los letrados.

Diariojuridico se ha puesto en contacto de nuevo hoy con la Consejería de Justicia, Presidencia e Interior para intentar conocer cuál será la postura de esta institución sobre este tema. En principio, se nota mucha cautela y se espera a recibir la notificación desde el ICAM para actuar. Recordarán nuestros lectores que nos siguen a diario que ayer mismo un portavoz de esta entidad nos comentaba que no esperaban el cese del Turno de Oficio por ser este un derecho inherente a los ciudadanos.

Los letrados han puesto fin a su encierro

Tras conocer la decisión, representantes de la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) y la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM), se han reunido en asamblea y han decidido poner fin al encierro.

“Lo que pretendemos conseguir es que la Comunidad de Madrid se percate de que con su actitud actual;retrasos de hasta medio año en el pago de las guardias de los abogados de turno de oficio y falta de dotación presupuestaria, ha puesto en serio peligro la pervivencia de un servicio público fundamental y de carácter gratuito”, explica Patricia Fernández, de ALA.

“A partir del 1 de junio cualquier ciudadano que no tenga letrado particular y desée solicitar uno oficio -por un caso de desahucio, despido, o divorcio, entre otros casos-, no podrá hacerlo”, continúa Fernández. “Y eso va a derivar en la paralización de muchos procedimientos. Es importante aclarar que al ciudadano no se le va a dejar indefenso. Cuando un ciudadano solicita un abogado de turno de oficio y no se le concede, el procedimiento queda suspendido hasta que se le adjudique uno”.

El Servvcio de Turno de Oficio se paraliza pero desgraciadamente el conflicto entra en unos derroteros complicados. Confiemos que al igual que en el conflicto de los controladores se pueda contar con la mediación de alguna entidad o profesional que encuentre una solución a este problema

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