Silvina Bacigalupo es, desde el pasado 28 de enero, la nueva presidenta de Transparency International España. La primera mujer al frente de esta prestigiosa organización desde que se fundara en 2006 en España de la mano de Antonio Garrigues Walker con la finalidad de trabajar a favor de la prevención y la lucha contra la corrupción.
Los tres ‘espadachines’ con los que cuenta Transparency International (TI) para luchar contra esta lacra mundial son la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos.
Aunque es una organización no gubernamental con proyección internacional, a través de sus capítulos en el mundo y su secretariado internacional (TI-S), aborda las diferentes facetas de la corrupción, tanto en el interior de cada país como en el plano de las relaciones económicas, comerciales y las políticas internacionales.

Transparency International impulsa a nivel global campañas de concienciación sobre los efectos de la corrupción, promueve la adopción de reformas políticas y el establecimiento de convenciones internacionales sobre esta materia, y luego observa la implementación de estos acuerdos por parte de los gobiernos, corporaciones y empresas. Su propósito no es otro que comprender y enfrentar la ‘cara y cruz’ de la corrupción: quien corrompe y quien permite ser corrompido y facilita así la corrupción.
A nivel nacional, TI-España actúa en aras de una mayor transparencia y del cumplimiento del principio de rendición de cuentas. Con este fin, monitorea el desempeño de algunas instituciones claves de nuestro país y ejerce presión para la adopción ‘no-partidista’ de las reformas necesarias para prevenir y luchar contra la corrupción.

Imagen: Silvina Bacigalupo, presidenta de TI-España

Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité de Dirección de TI-España desde 2013, afronta esta nueva responsabilidad al frente de esta prestigiosa organización con mucha ilusión afirmando que “es un motivo de especial satisfacción que Transparency International me haya confiado esta labor”; pero no pierde de vista que “es, sobre todo, un gran reto”.
TI-España inicia esta nueva etapa “con nuevas coordenadas de vuelo marcadas por la agenda global, aunque la prevención de la corrupción y la regeneración institucional de España seguirá estando en nuestra agenda de trabajo con carácter prioritario”, afirma como anticipo a nuestra entrevista la nueva presidenta de TI-España.

Legal Compliance: Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) sitúan a España en 2018 en el puesto 41 con respecto a los 180 países estudiados y nos concede este año 58 puntos sobre 100, uno más que en 2017. Si pensamos en los 28 países de la UE, España ocupa el puesto 20 y está entre los trece países más corruptos de Europa. ¿Qué valoración hace usted al respecto?
Silvia Bacigalupo: Me parece importante resaltar que hemos subido un punto en el ranking. Es cierto que, desde un punto de vista estadístico y conforme a la propia metodología del IPC, un punto resulta insignificante, pero no deja de ser un indicio muy positivo. ¿Esta primera lectura debería de dejarnos tranquilos? Yo diría que no, porque sería no tener en cuenta otros datos, como que entre 2012 y 2018 España descendió siete puntos. Por lo tanto, podemos afirmar que nos queda camino por recorrer para poder volver a estar en la puntuación de 2012. Este dato debería ser tomado en cuenta tanto por el Gobierno como por el Parlamento para llevar a cabo las reformas importantes que permitirían seguir avanzando en positivo en la prevención y disminución de la corrupción, así como en fortalecer la calidad de nuestra democracia.


LC: ¿Por qué los esfuerzos por prevenir la corrupción no están dando sus frutos y nos cuesta tanto volver a recuperar todos esos puntos y situarnos al menos a nivel de 2012?
SB: Porque las políticas de prevención de la corrupción que se han implantado hasta ahora todavía no han dado un correcto resultado. Hay que tener en cuenta que el IPC no refleja la ‘percepción’ del ciudadano, es decir, no refleja la ‘imagen’ que tienen los ciudadanos de la corrupción de su país. Aclarado este punto, lo cierto es que, si nos comparamos con otros países de la UE hemos bajado muchos puestos en el ranking porque en 2012 ocupábamos el puesto 13 y ahora ocupamos el puesto 20, y es precisamente con nuestros países vecinos con quienes tenemos que compararnos.


LC: Si el IPC no responde a la percepción ciudadana sobre la corrupción, ¿cómo se elabora y qué cuestiones se cuantifican?
SB: El IPC se realiza tomando como referencia 13 encuestas de 12 organismos independientes especializados en el análisis de políticas públicas. Se valoran juicios y estudios técnicos realizados a profesionales de distintos estamentos de la sociedad.
Como le decía, no es la percepción del ciudadano. Son muchas las variables que se tienen en cuenta.
En primer lugar, se valora la corrupción en el sector público y, en segundo lugar, se establecen una serie de indicadores, como son el soborno, el desvío de fondos públicos, el aprovechamiento del cargo en beneficio propio, el nepotismo, la falta de controles de un Estado para prevenir la corrupción o su incapacidad para implementar medidas de prevención, el enjuiciamiento concreto de casos de corrupción de
funcionarios y, finalmente, si hay una excesiva carga burocrática en las instituciones, puesto que esto facilita, sin duda, la opacidad y, por lo tanto, la corrupción.
También se valora si existen leyes adecuadas para permitir el acceso y control de la información financiera y la protección legal de los denunciantes. Estos son en resumen todos los indicadores que se tienen en cuenta en esas 13 encuestas con las que se elabora el IPC.

LC: ¿Se puede decir entonces que el IPC es un termómetro de la ‘salud democrática’ de un país o esta afirmación es demasiado simplista?

SB: Este año, como conclusión final del estudio, hemos vinculado el IPC con la salud democrática de un país. Personalmente, creo que las metáforas no ayudan al análisis, por eso creo que es preferible hablar de la ‘calidad’ democrática de un país. Cuando hablamos con metáforas, es difícil hablar con precisión de cuestiones tan concreta como los mecanismos de control y de rendición de cuentas con los que debe contar un sistema democrático sólido para prevenir y luchar contra la corrupción.
No se trata solo de que los ciudadanos puedan acudir a las urnas, esa es la democracia electoral, sino de hasta qué punto son fuertes nuestras instituciones democráticas. Se debe de tener en cuenta, cuando hablamos de ‘calidad’ democrática, si hay soberanía popular, igualdad política, estado de derecho, una buena rendición de cuentas horizontal, no solo vertical, qué participación efectiva tiene la ciudadanía con respecto a estos mecanismos de control o cuáles son sus posibilidades de acceso a la información.

“El IPC es un termómetro que mide la calidad de las
instituciones democráticas de un país”

LC: Con respecto a este último punto que nos comenta, desde 2013 tenemos una Ley de Transparencia en España. ¿Cómo valora usted su implementación?
SB: La Ley de Transparencia obliga a las instituciones públicas a poner a disposición del ciudadano una gran cantidad de información y el propio ciudadano puede solicitar acceso a la misma si así lo desea. Sin duda, es un buen punto de partida, pero es una ley con poco recorrido y limitada, porque aún hoy carece del Reglamento que permite aplicar la Ley con total desarrollo. Estamos en una fase muy inicial… .

LC: ¿Por qué no se ha desarrollado aún ese reglamento? Se lo pregunto porque sin ese reglamento la ley ‘cojea’…
SB: Posiblemente ha habido falta de consenso político. No le sabría decir la razón por la que el anterior Gobierno, presidido por el Sr. Mariano Rajoy, no pudo elaborar en casi cuatro años y medio el reglamento. Desde luego, una ley que no tiene reglamento no se puede poner en marcha al cien por cien, y posiblemente no hubo voluntad política.
Sin embargo, el pasado mes de diciembre, la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Sra. Meritxell Batet, nos reunió a las ONG dedicadas a temas de transparencia, y entre otros temas tratados, nos comunicó que el Gobierno actual está revisando la Ley y las cuestiones que tienen que ver con el futuro desarrollo de su reglamento. Hay que decir que ha sido la primera vez que un Ministerio nos ha reunido a las ONG para informarnos sobre las políticas de transparencia y los impulsos que pretende dar el Gobierno a este tema. Este tipo de iniciativas, entre los poderes públicos y la sociedad civil, deberían fortalecerse.
Lo cierto es, que no es fácil poner en práctica la Ley de transparencia y, en este sentido, creo que tenemos aún una importante labor de pedagogía para explicar a los ciudadanos qué es la transparencia. No se trata solo de publicar información y hacerla accesible a los ciudadanos. Aparte de esto, los ciudadanos tienen que saber qué derechos tienen y cuál es la finalidad de esta Ley, y las propias instituciones tienen que tener claro que la rendición de cuentas es un deber. La trasparencia no es una herramienta, es un principio de gobernanza para quien administra bienes ajenos. Es un deber de rendición de cuentas, un deber de explicar cómo se administran esos bienes, por ejemplo, en qué y cómo se emplea el dinero público.

“Gobierno presidido por el Sr. Mariano Rajoy no pudo elaborar en casi cuatro años y medio el reglamento (de la Ley de Transparencia). Desde luego, una ley que no tiene reglamento no se puede poner en marcha al cien por cien, y posiblemente no hubo voluntad política”

“Tenemos que hacer una importante labor de pedagogía para
explicar a los ciudadanos qué es la transparencia”

LC: Con los datos que ustedes manejan desde hace años, ¿se puede afirmar que actualmente España goza de esa democracia de ‘calidad’ de la que usted nos hablaba hace un momento?
SB: Yo creo que lo que demuestra el IPC es que nos queda mucho camino por recorrer, porque la calidad de los mecanismos de control que hemos tenido hasta ahora han fallado. Si no fuera así, no se habrían dado tantos casos de corrupción durante estos últimos años.
Lo que está claro es que podemos establecer los mejores controles que
queramos, pero si alguien está dispuesto a eludir de forma deliberada esos controles, también es probable que lo consiga. Tenemos que revisar los mecanismos de control, de rendición de cuentas, de conflictos de interés, entre otros, y actualizar nuestra legislación para que reduzca al mínimo los márgenes posibles para que esto no vuelva a ocurrir. Lo cierto es que los controles eran obsoletos y nos han faltado recursos, aparte de no haber sido capaces de prever mejor los conflictos de intereses.
Hoy tenemos una plataforma para subir todos los contratos públicos o podemos identificar quiénes están en una UTE, por poner solo dos ejemplos. Sin duda, hemos ido mejorando, pero ahora tenemos que articular correctamente todos los mecanismos de control desde un punto de vista holístico. Se puede decir que hemos dado pasos pequeños en reformas legales que puntualmente han servido, es decir, han funcionado, pero no se han trabajado esas reformas de forma integral y transversal.

“Los mecanismos de control que hemos tenido hasta ahora
para prevenir la corrupción han fallado. Si no fuera así, no se
habrían dado tantos casos de corrupción en España”

LC: Polonia y Portugal han salido mejor este año en la foto del IPC que en 2017, en el puesto 36 y 30 respectivamente, y en el caso de Italia progresa de manera muy positiva desde 2012. ¿Qué puede aprender España de estos países?
SB: Italia, en particular, ha tenido una mafia institucionalizada y gran parte de la nueva legislación ha venido motivada por la finalidad de acabar con ésta. Es un país que ha avanzado mucho estos últimos años en políticas públicas tendentes a disminuir la corrupción. En 2012 sancionaron una primera ley anticorrupción que creaba una agencia de prevención de la corrupción y, más recientemente, en 2017, han aprobado una ley de protección de los denunciantes y han regulado los lobbies.
Se puede decir que se están estableciendo reformas institucionales de carácter estatal, cosa que no tenemos en España, donde solo tenemos pequeños avances, pero no políticas generales. En España, por ejemplo, no tenemos una ley de protección de los denunciantes, hay un vacío legal, y una superada Ley de testigos protegidos, y al paso que vamos llegará antes la directiva europea y la tendremos que trasponer.

LC: El IPC mide la corrupción que se produce en el sector público en 180 países, pero no podemos olvidar que también existe corrupción en el sector privado. ¿Hay alguna diferencia entre un tipo de corrupción y otro? ¿Qué daña más la imagen de un país, la corrupción en el sector público o la que se produce en el sector privado?
SB: Está claro que no podemos olvidarnos de la corrupción que se produce en el sector privado. Como he comentado, la corrupción que se da en el sector público nos sirve para medir la ‘calidad’ democrática de un país. Sin embargo, en el sector privado la finalidad de prevención es otra bien distinta porque los delitos que se contemplan están en el ámbito del mercado y la competencia, así que se trata de evitar, por ejemplo, la concertación de precios entre empresarios o que no se respete la ley de libre competencia. Si hay un soborno a un funcionario, el privado que hubiera sobornado o participado también es punible, pero no los delitos que denominamos como “corrupción entre particulares” o “corrupción en los negocios”, sino por delito de cohecho o participación en un delito de cohecho.
Lógicamente, para ver el fenómeno de la corrupción en su conjunto, es necesario tener en cuenta a todos los actores y, sin duda, también la que se da en elsector privado, y por esta razón desde TI-España hemos promovido trabajar en la línea de un plan integral de lucha contra la corrupción.

LC: ¿Falta también en este caso voluntad política para poner en marcha este plan?
SB: Bueno, este plan está previsto como uno de los mecanismos importantes de políticas estatales en la Convención contra la corrupción de Naciones Unidas, que en su día ratificó España. Hay que decir que han sido muy pocos los países que en este ámbito han elaborado un plan de lucha contra corrupción.
Con un plan integral no nos referimos a una ley integral de lucha contra corrupción como la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción que sigue actualmente en tramitación parlamentaria. En este caso, la propuesta de ley de Ciudadanos toma el ejemplo italiano de una agencia anticorrupción, la protección de los denunciantes, y muchas reformas parciales. Cuando nosotros hablamos de un plan integral de lucha contra la corrupción, nos referimos a un estudio social integral, desde la educación escolar, universitaria, la formación en esta materia de los funcionarios, las leyes concretas que tengamos que reformar para prevenir la corrupción, etc. No es solamente un problema de reformas legales puntuales, sino de afrontar el tema desde todos sus ángulos para fortalecer la conciencia social y el sistema jurídico. Siempre se piensa en el Código Penal, la contratación en el sector público y la política de conflicto de intereses de los funcionarios o los altos cargos públicos, y así nos quedamos solo con un ángulo del problema.
Sin embargo, generar una ciudadanía con una conciencia diversa sobre el problema de la corrupción, es fundamental. Es importante la educación, que existan unos planes específicos de formación en materia de corrupción y transparencia, sobre todo dirigido a los funcionarios, sin olvidarnos del sector privado. Habría que establecer también una ley que contemplara más la transparencia en el sector privado, algo que no hace la actual ley aprobada en 2013.

“Es importante generar una conciencia social diversa sobre el
problema de la corrupción y la merma que ésta significa para la
calidad de las instituciones democráticas de una sociedad”

LC: He leído que tienen ustedes el propósito de comprender y enfrentar los dos rostros de la corrupción: quien corrompe y quien es corrompido. ¿Es necesario comprender esta ‘cara y cruz’ de la corrupción para luchar contra ella?
SB: Yo creo que sí porque están todos en el mismo escenario.

LC: ¿Se trata de comprender a los corruptos o de dictar sentencias más severas a quienes cometen actos corruptos? Y esto me lleva a preguntarle si la Justicia española lucha eficazmente contra la corrupción…
SB: Es cierto que la ciudanía tiene la ‘percepción’ de que la Justicia no está dando la respuesta que debería ante los casos de corrupción. Yo le diría que la legislación que tenemos en materia de delitos vinculados a la corrupción en España está en el mismo nivel que en el resto de la UE. No diría que la ley española es menos dura o severa que en otros países europeos; pero sí que tenemos que tener en cuenta que, cuando hablamos de la dureza de una ley, las penas se establecen en función del valor que tiene ese determinado bien jurídico en relación a la ponderación con otros bienes.
Hay que complementar el escenario de sanciones con las demás penas que se pueden imponer junto a una pena privativa de libertad, como es el caso de la inhabilitación absoluta en el ejercicio de su cargo público en el caso de funcionarios que comentan actos corruptos o a prohibición de contratar con las administraciones públicas o, inclusive, la nulidad de un contrato público, para los particulares que hubieran cometido un delito de cohecho. Creo que pueden tener una eficacia mayor complementaria, aparte de la confiscación de los bienes y otras penas que contempla nuestro Código Penal.
Lo cierto es que, todos los casos de corrupción, como los que han aflorado estos años, son difíciles de investigar; pero prácticamente en todos hemos tenido sentencias condenatorias. Lo que ocurre es que el Derecho Penal siempre llega tarde: primero, porque la condena no logra reparar el daño causado y, segundo, porque la investigación y el juicio hasta llegar a la condena se prolonga en el tiempo. Por ello, la sensación de la ciudadanía es que la Justicia no funciona. La Justicia ha funcionado como lo están demostrado las sentencias que están recayendo en los casos de corrupción, pero lo que se requiere, sin duda, es una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En todo caso, para que logre disminuir el fenómeno de la corrupción, tenemos que trabajar las políticas de prevención de la corrupción de forma integral y fortalecer los planes de formación.

“Para disminuir el fenómeno de la corrupción tenemos
que trabajar las políticas de prevención de la corrupción de
forma integral y fortalecer los planes de formación”

LC: La pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y los partidos políticos entre 2008 y 2013 son alarmantes. La confianza en el Parlamento ha disminuido un 32%, en el Gobierno nacional un 37% y en los partidos políticos un 25%. ¿Esto ha podido hacer que irrumpan en la escena política española partidos de los denominados ‘populistas’ o la extrema derecha que representa Vox, o incluso la deriva independentista en Cataluña?
SB: No estoy segura de que sea solamente por la corrupción. Los fenómenos que se están produciendo en toda Europa no siempre están vinculados con la corrupción en aquellos países en los que han surgido partidos extremistas. Son seguramente muchos más factores como las consecuencias de la crisis económica, la falta de empleo, la falta de expectativas, etc.; es decir, se debe a una suma de factores.
Lo que sí podemos percibir, y así lo concluye el Informe del IPC, es que los ‘populismos’ toman la corrupción como una bandera de su ideario político; pero lo cierto es que, una cosa es adoptarlo como parte de un discurso político, y otra bien distinta es adoptar la agenda para prevenir la corrupción.
La agenda no es adoptada en los discursos populistas. Adoptar el discurso esfácil, pero lo importante es hacer propuestas serias para prevenir la corrupción y, sobre todo, el compromiso de combatirla. En cualquier caso, creo que los ciudadanos españoles tienen el suficiente criterio como para no dejarse engañar por discursos poco fundamentados.

LC: Freedom House señala que en los últimos 12 años ha disminuido la libertad global – 71 países han sufrido disminuciones netas en derechos políticos y libertades civiles – Esto resulta muy preocupante en países como Venezuela, de máxima actualidad, y Turquía. ¿Está disminuyendo la confianza en los sistemas democráticos en el mundo?
SB: En general diría que no. No es un problema de las democracias, sino de la calidad democrática, es decir, de que existan instituciones que permitan el control adecuado y la rendición de cuentas.
La situación de Venezuela no es extrapolable a otros países. En España, en concreto, el tema de la corrupción es muy grave, pero está muy focalizado. Aquí los 8 casos de corrupción se han producido fundamentalmente en dos ámbitos: en la financiación municipal y en la financiación de los partidos políticos. En este sentido, el problema lo tenemos mucho más identificado. No tenemos un funcionamiento paralelo del Estado en el que los ciudadanos deben recurrir al soborno de los funcionarios como el modus habitual de acceder a los servicios públicos, como ocurre en países con problemas endógenos de corrupción.


“La situación de Venezuela no es extrapolable a otros países.
En España, en concreto, el tema de la corrupción es muy grave, pero está muy focalizado”

LC: ¿Qué hacen mejor que nosotros los países del norte de Europa, que siempre quedan tan bien posicionados en índices de calidad de vida, felicidad o baja corrupción? Se lo comento porque Dinamarca ha obtenido 88 puntos en el IPC de 2018, y Finlandia y Suecia han empatado con 85.
SB: Creo que sus sistemas son mucho más sólidos porque sus mecanismos de control funcionan mejor, pero también hay que tener en cuenta que son poblaciones mucho más pequeñas, y ello incide en la capacidad de gestión de un país. Una diferencia fundamental es el grado de desarrollo del Estado de Bienestar.

LC: La Transparencia qué es… ¿un reto, una oportunidad, una obligación? ¿Qué diría usted que significa para una organización?
SB: Muchas organizaciones lo viven como un problema, porque nos ha faltado pedagogía. Hay que distinguir entre las obligaciones legales que tiene una organización en función de si opera en el sector público o si lo hace en el sector privado. En este último caso la obligación es mínima porque la Ley de Transparencia está solamente pensada para las administraciones públicas.
Creo que lo importante es comprender que la transparencia es un principio rector de gobernanza que tiene todo aquel que administra bienes ajenos y que, por lo tanto, sean públicos o privados, se basa en la confianza que genera la rendición de cuentas.
Desde el punto de vista de las organizaciones privadas, es además una cuestión de cultura empresarial. En este sentido, la empresa puede ir mucho más allá de lo que la ley le exige en su propia autorregulación y mostrarse como un operador social más transparente. Eso, sin duda, repercute a la larga de forma muy positiva en la confianza y, sobre todo, en la reputación de esa empresa en los mercados. Digamos que se traduce en un valor competitivo importante.

“La transparencia es un principio rector de gobernanza para
todo aquel que administra bienes ajenos, sean públicos o
privados, y que, por lo tanto, se basa en la confianza generada por la rendición de cuentas”.

LC: Con respecto a los denunciantes, en febrero de 2014 la Comisión Europea dijo que “España no dispone de normas específicas que protejan a los denunciantes”, y el Comité 9 de Asuntos Legales ha prohibido recientemente represalias contra quienes denuncien o investiguen, en clara alusión a los periodistas, casos de corrupción. Recordemos el caso del Sr. Jamal Khashoggi a quien asesinaron y descuartizaron presuntamente en el consulado de Arabia Saudita en Estambul (Turquía)… ¿Cómo se puede proteger en España a los denunciantes de casos de corrupción con el vacío legal existente en este momento?
SB: No es nada fácil, pero tenemos que encontrar un equilibrio. La propuesta de directiva europea va más allá de la propuesta de ley que tenemos ahora mismo en España, pero también es cierto que no va todo lo lejos que quisieran aquellas personas que han denunciado casos de corrupción.
Es importante poder garantizar que la denuncia no va a afectar al puesto de trabajo del denunciante. Esto sería lo primero. Luego tendríamos que ver si hay que costearle la defensa o el apoyo psicológico, en caso de ser solicitado, y aquí va a depender de lo que pueda invertir cada Estado en este tipo de ayudas sociales.
Tenemos que saber en qué consiste una denuncia, distinguir lo que es una denuncia de una acusación falsa, o en qué consiste una sospecha que no goza de suficiente entidad como para ser una denuncia en firme. Por lo tanto, tendríamos que empezar por hacer mucha pedagogía de todas estas cuestiones para poder construir el escenario social en el que la denuncia no sea mal vista y, sobre todo, poder evitar que la persona que denuncia un caso de corrupción quede estigmatizada en sociedad.
Tenemos una Ley de Testigos Protegidos, pero en su día se pensó más para temas de terrorismo, y en el caso de los denunciantes de corrupción tenemos que pensar que tienen unas características específicas que hay que proteger. En este sentido, creo que los programas de Compliance normativo de prevención de riesgos penales en las empresas van a empezar a generar un cambio de cultura corporativa y que, más que una denuncia, se llegará a considerar que la puesta en conocimiento de una irregularidad forma parte de un mecanismo más de control para prevenir la corrupción.


“Creo que los programas de Compliance en las empresas van a
empezar a generar un cambio de cultura corporativa en cuanto
a los denunciantes y que la puesta en conocimiento de una
irregularidad será considerada como un mecanismo más de control para prevenir la corrupción”.

LC: En su vídeo promocional mencionan ustedes tres pilares importantes para combatir la corrupción: instituciones fuertes e independientes, prensa libre y ciudadanos comprometidos y concienciados. ¿Cuál de estos tres pilares falla en España?
SB: No diría que las instituciones fallan, pero sí diría que en España hay una sociedad civil más débil que en otros países, menos participativa. No existe una ciudadanía comprometida en determinadas causas y que tenga la confianza en los representantes de la sociedad civil. En este sentido, no hay más que ver lo difícil que resulta conseguir una ciudadanía que esté dispuesta a hacer donaciones para apoyar el trabajo de las ONG.
Con respecto a la prensa, se puede de decir que ha jugado un papel muy importante estos años cuando han salido a la luz casos de corrupción. También hay que puntualizar que la prensa española no es una prensa de investigación que haya destapado casos de corrupción al estilo ‘Watergate’, pero sí ha informado de lo que estaba ocurriendo en los juzgados.
Eso ha generado un efecto que no siempre es el deseable en una prensa libre, como son los juicios paralelos. De ahí que gran parte de la insatisfacción de la ciudadanía con respecto a los resultados de un juicio se deba a cómo se ha vivido un caso a través de la prensa desde el punto de vista mediático, que con un alto grado de probabilidad no se corresponderá con la solución jurídica de ese juicio.
En este aspecto, los medios deben de hacer todavía un esfuerzo importante por informar con imparcialidad y objetividad hasta tanto no haya una sentencia con un juicio jurídico técnico.

LC: La moción de censura al Gobierno del PP y la llegada del PSOE no parece haber cambiado mucho la política anticorrupción en nuestro país…
SB: El Gobierno lleva pocos meses y ha habido, sin duda, muchos problemas durante este tiempo, pero si hay un dato importante es que tenemos una democracia lo suficientemente sólida como para que haya habido una moción de censura. Dicho con otras palabras: es una muestra de ‘calidad’ democrática.
Solo pensamos en los resultados inmediatos, y habría que pensar que disponemos de un sistema constitucional y democrático en el que por primera vez ha triunfado una moción de censura motivada por una sentencia firme por corrupción. Y, esa moción de censura, es un mecanismo de control, algo que no ocurre todos los día y que ha ocurrido en España por primera vez en cuarenta años de democracia. Lo que ha pasado es muy importante y los medios de comunicación no le han dado ninguna trascendencia desde esa perspectiva.

“Tenemos un sistema constitucional y democrático en el que
por primera vez ha triunfado una moción de censura motivada
por un tema de corrupción. Lo que ha pasado es una muestra de calidad democrática muy importante”.

LC: ¿Qué le pide TI-España al Gobierno del PSOE presidido por el Sr. Sánchez?
SB: Le pediría que se pusiera a trabajar cuanto antes en ese plan integral de lucha contra la corrupción, algo que ya manifestamos a la ministra Batet en diciembre pasado. La ministra nos manifestó su compromiso de trabajar en esa línea.

** Nota para el lector: Esta entrevista tuvo lugar cinco días antes de que el presidente del Gobierno, Sr. Pedro Sánchez, anunciara en rueda de prensa la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 28 de abril.

Autora: Yolanda del Valle

certificacion - diario juridico

Responsable de Comunicación & Marketing en Legal Compliance

Periodista con una dilatada experiencia en Medios de Comunicación, dando el salto al mundo de la empresa como Responsable de Comunicación en la multinacional norteamericana de telecomunicaciones Nortel Networks.  Recientemente, ha sustituido en sus funciones a la Directora Editorial de la revista Selecciones Reader’s Digest en España y, en la actualidad, colabora con la edición internacional de esta prestigiosa revista.

Además, Yolanda aporta experiencia en auditoría de sistemas de calidad de servicio y en monitorización de procesos de trabajo orientados a mejorar la experiencia del cliente en Telefónica Móviles.