Muchas veces hemos oído o leído a alguien que afirmaba con rotundidad que los emigrantes, además de quitar el trabajo a los españoles, disfrutaban de más y mejores derechos laborales y fiscales que los españoles.

Para desmentir esta creencia basta con acudir a la fuente principal del derecho laboral, esto es al Estatuto de los Trabajadores; a los Convenios Colectivos, y a la Ley General de la Seguridad Social que son las normas que establecen el cuadro de derechos y deberes de los trabajadores por cuenta ajena. Y en todas estas leyes no se establece distinción alguna entre nacionales y extranjeros, excepto para fijar la obligatoriedad de disponer del permiso de residencia y trabajo para todos aquellos extranjeros no comunitarios que pretendan trabajar en España por cuenta ajena.

Es decir, que, como ya hemos visto en los artículos precedentes, un extranjero no comunitario no puede trabajar en España si no ha solicitado el permiso de residencia y trabajo, y si lo hace tanto el como su empleador estarán cometiendo un acto ilícito por el que serán sancionados severamente.

Es de destacar que, al contrario que en el caso de los españoles a los cuales la tenencia de antecedentes penales no les impide trabajar, para los extranjeros estos antecedentes son causa inmediata de negación del permiso de residencia y trabajo

Por otra parte la llamada Ley de Extranjería, establece que, para contratar a un trabajador extranjero, el empleador tiene que comprometerse a “…que las condiciones fijadas en la oferta de empleo se ajusten a las establecidas por la normativa vigente para la misma actividad, categoría profesional y localidad” (Artículo 50.d de la Ley).

Este compromiso de igualdad en las condiciones laborales alcanza incluso a aquellas empresas extranjeras que pretendan desplazar a España a sus trabajadores para realizar trabajos en el territorio nacional, ya que deberán demostrar que las condiciones de trabajo en su país de origen son similares a las de España.

Por supuesto, los extranjeros que trabajen en España están obligados a integrarse en la Seguridad Social con el mismo tratamiento que los españoles, es decir, con las mismas obligaciones de cotización, y con los mismos derechos y prestaciones.

Tampoco, desde el punto de vista tributario encontramos ninguna diferencia entre un extranjero que trabaje legalmente en España y un español, ya que tanto unos como los otros están obligados a tributar por el IRPF de acuerdo con sus retribuciones, sin que se establezca ningún tipo de reducción o beneficio fiscal en razón de la nacionalidad. Ni que decir tiene que esta igualdad alcanza a todos los aspectos del orden tributario, en el que no existe ningún impuesto que prevea exenciones o reducciones por el hecho de ser extranjero residente.

Y, finalmente, en el campo de las subvenciones y ayudas a la contratación no existe ninguna reservada en exclusiva a los extranjeros, al margen de aquellas destinadas a la integración social de los mismos y que suelen centrarse en aspectos de formación en el idioma y las leyes españolas. Otra cosa son las ayudas sociales que se otorgan en razón de la situación socio-económica del solicitante, en las que la precaria situación de algunos de ellos les pone en mejor posición frente a otros españoles menos desfavorecidos Pero en este caso la decisión se basa en la situación del solicitante, no en su nacionalidad.

Así pues podemos concluir que los extranjeros residentes legalmente en España, no sólo tienen los mismos derechos que los españoles, sino que tienen la obligación previa añadida de solicitar el permiso de residencia y trabajo, sin el cual dejan de ser residentes legales; pierden el derecho a trabajar, y pueden ser expulsados del país.

Joan García Xuclà

Diplomado en Empresariales

Área Derecho Laboral

Campá Abogados y Economistas

www.campabogados.com

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