La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, afirmó ayer por la   mañana que “el Gobierno quiere impulsar la palabra, el debate y el diálogo en la reforma de la negociación colectiva” impulsando los procesos de mediación y arbitraje.

Rodríguez se expresó así durante la inauguración de las XIII Jornadas de la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), en la que indicó que la reforma de la negociación colectiva “hace una apuesta clara y decidida por la mediación y el arbitraje para la solución de los conflictos en la renegociación de los convenios colectivos”.

Este año, las Jornadas que celebra la Fundación SIMA con carácter anual en aras a la difusión de los procedimientos regulados en el ASEC estarán centradas en los posibles efectos de la reciente reforma de la negociación colectiva en los sistemas de solución de los conflictos laborales.

Los organizadores optaron  por dividir la Jornada en tres ponencias, en las que se tratará de temas de especial interés para la solución extrajudicial de conflictos como la nueva regulación del contenido mínimo de los convenios colectivos, el papel del arbitraje o las nuevas funciones de las comisiones paritarias recogidas en el artículo 85.3 del Estatuto de los Trabajadores. También se ha consideró oportuno destinar una de las ponencias a exponer las novedades en materia de procesos colectivos a la luz de las recientes modificaciones normativas.

Del mismo modo, recordó que la reforma laboral ya hacía una llamada a la mediación en la toma de decisiones relacionadas con medidas de flexibilidad interna o de adaptación de las condiciones de trabajo.

La responsable de Empleo apuntó que la reforma de la negociación colectiva “da un paso más en la mediación y el arbitraje ya que intenta que se convierta en la vía natural de solución de conflictos, provocando que los agentes sociales sean conscientes de la importancia de los mecanismos de solución extrajudicial”.

Mari Luz Rodríguez recordó que la reforma también dice que las partes tendrán que decidir cómo serán los procesos de mediación y arbitraje, pero, en caso de que no lo hagan, será obligatorio “para impulsar estos procesos”.

“Es una provocación al consenso que va a dar como resultado un entendimiento a la hora de configurar los procedimientos de mediación y arbitraje”, aseguró la secretaria de Estado, que calificó estos procesos como “la mejor forma de solventar los conflictos laborales porque son los que utilizan los agentes sociales”.

Por otra parte, Rodríguez detalló que durante el primer semestre del año el SIMA ha resuelto 145 conflictos que afectaban a más de 700.000 trabajadores y que fundamentalmente están relacionados con la interpretación de convenios colectivos o discrepancias en las estructuras salariales. Desde su puesta en funcionamiento, el SIMA ha resuelto 2.500 conflictos con un 30% de acuerdos entre organizaciones sindicales y empresariales.

 

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