Carlos LasarteHace menos de un mes, la mayor parte de los medios de comunicación, especializados o no en el mundo jurídico, daban cuenta de una sentencia de nuestro Tribunal Supremo en virtud de la cual se determinaba la anulación de un Real Decreto de 2006, referido a los trasplantes de células y tejidos humanos, por una cuestión meramente formal, haciéndose insistencia particular en dicho adjetivo.

Sin embargo, lo cierto es que la cuestión no era tan simple, aunque desde luego la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 4ª) de 30 de mayo de 2014, fallara ciertamente en tal sentido, declarando nulo el RD 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, tras la impugnación llevada a efecto por la mercantil Vidacord S.L. (presidida por el Sr. Álvarez Ramos) en base a dos razones fundamentales: que dicho RD constituía un incorrecto desarrollo del art. 152 TUE, al incluir las células progenitoras hematopoyéticas del cordón umbilical (he aquí la cuestión central de las células madre) de sangre periférica y, de otra parte, que la transposición de la Directiva correspondiente debería haberse realizado con una disposición de rango legal propiamente dicho, de ley en sentido formal.

Bien sabemos que formal, entonces, no significa nada relacionado con una determinada apariencia externa o la debida corrección en el actuar conforme a parámetros convencionales, sino que se trata de resaltar que la norma reguladora de una materia determinada requiere ser instrumentada a través de una ley en sentido formal, en cuanto reservada o controlada por el poder legislativo, frente a tantas otras normas que, siendo obviamente legales, deben ser calificadas como reglamentarias por proceder o emanar del poder ejecutivo o gubernamental a secas, tal y como sucede con los Decretos (por mucho que, en nuestro actual sistema constitucional se denominen Reales Decretos).

Así pues, la cuestión objeto de debate poco tiene de formal y, en cambio, se encuentra transida de la necesaria observancia de la jerarquía normativa constitucionalmente establecida y en esos mares navega correctamente la sentencia objeto de comentario. Por ello, con toda claridad, expone en uno de sus fundamentos de “la reserva de ley formal que deriva de la previsión del artículo 43.2 de la Constitución española, determina que el Gobierno y la Administración no pueden dictar reglamentos en aquellas materias afectadas por tal reserva, incidiendo negativamente sobre la esfera jurídica de los ciudadanos, sin ese previo apoderamiento legal”, reclamando por tanto una norma con rango de ley y no puramente reglamentario.

En este sentido, creemos, el actual Ministerio de Sanidad, encabezado por Ana Mª Mato, ha hecho muy bien preparando de inmediato la conversión del Real Decreto firmado por la Ministra Elena Salgado, en el nuevo Real Decreto-Ley 9/2014, de 4 de julio (BOE del día siguiente) reiterando la regulación con anterioridad establecida, pero respetando la jerarquía normativa, al tiempo que cuidando de establecer en su disposición transitoria única que el nuevo Real Decreto-Ley “será de aplicación a las situaciones jurídicas nacidas y a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, salvo en lo que se refiere a las disposiciones sancionadora no favorables o restrictivas de derechos individuales”.

Dada la importancia objetiva de la materia más valen las nueces que el ruido y, por tanto, hemos de agradecer la rapidez gubernamental en desfazer el entuerto anterior de la Ministra Salgado, cuya cohorte de asesores, no precisamente escasa, no supo (o no pudo) llevarla por la senda del respeto debido a la jerarquía normativa establecida en la Constitución vigente.

No obstante ello, lo cierto que Vidacord SL, a través de su Presidente, ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional dicho Real Decreto-Ley en cuanto regula la donación y almacenamiento de tejidos y células humanas, entre ellas las procedentes de la sangre de cordón umbilical, y por tanto mantiene la disponibilidad universal obligatoria para todas aquellas muestras que se guarden en España. En tal sentido, el fundador de Vidacord, Ángel Álvarez, ha explicado a Europa Press que esta situación no se da con ningún otro órgano o tejido, y cree que, textualmente, «no se le puede quitar a un niño la sangre al nacer porque alguien la necesita», algo que a su juicio «es más propio de países como China o Cuba que de un país con un Estado de derecho como España». Habremos de estar, pues, ojo avizor al correspondiente recurso de amparo.

Carlos Lasarte, catedrático de derecho civil de la UNED y director de Estudio Legal Gran Vía

2 Comentarios

  1. La ciencia, la nanociencia y la tecnología deben estar al servicio del hombre y de la sociedad en su conjunto, no se puede desvestir un santo para vestir otro, tampoco se pueden lucrar con los derechos humanos. Debemos practicar el bien ser, el bien hacer, el bien tener y el bien estar, con una férrea disciplina deontológica, para que prevalezca la especie humana en el tiempo y en el espacio e impere la paz, la justicia y la libertad en el mundo…

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