daniel-otero-ecix-universo-compliance (1)Por Daniel Otero Salgado, Asociado del Área GRC de ECIX

Hace un par de meses, analizábamos en otro artículo de Universo Compliance, las armas jurídicas disponibles en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En dicho artículo se indicaba que el marco normativo en esta materia, se vería completado con la aprobación de un Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (en adelante LPBC), pues bien, la espera está llegando a su fin, ya que hasta el pasado 30 de septiembre ha estado publicado en fase de audiencia pública, el texto del Reglamento de desarrollo de la LPBC que derogará el vigente RD 925/2005, de 9 de junio, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

Lo primero que debemos destacar es que se trata de un borrador, por lo que, como es lógico, su contenido actual está sujeto a posibles modificaciones y lo segundo es, que dicho Reglamento todavía no ha sido formalmente aprobado, es decir, no está vigente y en consecuencia sus disposiciones no resultan de aplicación.

A continuación, vamos a realizar un pequeño análisis de las principales características del texto del proyecto de Reglamento de desarrollo de la LPBC.

En este sentido, con respecto a los sujetos obligados, podemos afirmar que en el Reglamento no hay ninguna excepción a lo dispuesto en el artículo 2 de la LPBC, con lo cual podemos afirmar que todos los sujetos obligados siguen siéndolo.

Por el contrario, en el Reglamento sí quedan excluidas de la aplicación de la ley actividades concretas como: (i) “las actividades de cambio de moneda extranjera realizada con carácter accesorio a la actividad principal del titular, cuando concurran una serie de circunstancias tasadas” y (ii) “los actos notariales o registrales, que se establezcan mediante Orden del Ministro de Economía y Competitividad, cuando carezcan de contenido económico o patrimonial y no sean relevantes a efectos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.”

Adicionalmente, una de las cuestiones más significativas del texto reglamentario son las excepciones a la aplicación de las medidas de control interno que se definen en el Capítulo IV del texto normativo.

En este sentido, en el proyecto de Reglamento se establece que, “los sujetos obligados que, con inclusión de agentes, ocupen menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual no supere los 2 millones de euros” (siempre que no formen parte de un grupo empresarial que supere dichas cifras), estarán exonerados de:

a)La aprobación por escrito y aplicación de políticas y procedimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

b)La realización de los análisis de riesgos que fundamentan los procedimientos de control interno.

c)La documentación de todos los procedimientos de control interno en el Manual de prevención del blanqueo de capitales.

d)La comunicación del nombramiento o cese del representante al Servicio Ejecutivo de la Comisión.

e)La realización de un examen externo sobre las medidas de control interno.

f)La elaboración de un plan de formación anual en materia de prevención del blanqueo de capitales.

g)La conservación de documentos relativos a la aplicación de medidas de diligencia debida.

No podemos dejar de recordar que estas excepciones tienen que ver únicamente con la aplicación de las medidas de control interno, por lo que los sujetos a los que aplican, deberán cumplir con el resto de obligaciones legales, como por ejemplo, la identificación formal, la identificación del titular real, etc.
Una vez analizadas las excepciones, resulta preciso mostrar a continuación, aquellos apartados del proyecto de Reglamento que tienen por finalidad desarrollar, completar o matizar aspectos enunciados en la LPBC.

Por ejemplo, en el texto del Reglamento se determinan, los documentos fehacientes que ayudarán o facilitarán la identificación formal de personas físicas y/o jurídicas prevista en el artículo 3 de la LPBC, así como, un artículo específico referido a la identificación formal en el ámbito del seguro.

En otros preceptos, se establecen los productos o servicios respecto de los cuales los sujetos obligados pueden adoptar medidas simplificadas de diligencia debida, los supuestos en los que deben aplicarse medidas reforzadas de diligencia debida, qué tipo de medidas reforzadas deben implantarse, los países, territorios o jurisdicciones que se consideran de riesgo, y también, la periodicidad exacta y los supuestos concretos en los que deben ejecutarse las comunicaciones sistemáticas al Servicio Ejecutivo de la Comisión.

En definitiva, y aunque con varios años de retraso, el Reglamento de desarrollo de la LPBC es ya una realidad que entrará en vigor dentro de muy poco, o al menos es lo que esperamos, aunque lógicamente ese hecho lo analizaremos para Universo Compliance cuando se produzca de manera efectiva.

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