No al examen de acceso a la abogacía‘No al examen de acceso a la abogacía’. Este es el lema con el que unas 300 personas – según la organización – se manifestaron el pasado sábado en Madrid en una concentración convocada por la plataforma ‘Abogados sin toga’. La entidad ha sido creada recientemente por un grupo de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos III, ante el retraso de los Ministerios de Educación y Justicia en publicar la convocatoria del examen estatal necesario para colegiarse, tras la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Abogacía.

Sus miembros critican que cientos de graduados en Derecho que ya han superado el master de acceso, actualmente no pueden ejercer como abogados ya que no tienen permiso para colegiarse y tampoco tienen la posibilidad de realizar prácticas, ya que su periodo formativo ha terminado. Dicen que que se encuentran en un «limbo legal».»Las autoridades competentes no nos proporcionan información de ningún tipo: no existe una convocatoria oficial del examen, no se sabe la fecha exacta, tampoco se sabe el temario concreto ni mucho menos, la estructura del mismo”, aseguran, por lo que solicitan la supresión de la prueba.

Sin embargo, el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), entidad que representa a los 120.000 estudiantes que están cursando el grado en nuestro país, se ha desmarcado de las peticiones de la plataforma convocante. El presidente de la asociación, Alejandro Soto Carbajal, asegura que la supresión de la prueba se encuentra «absolutamente descartada» por parte del Ministerio de Justicia y que las recientes movilizaciones pertenecen a un «momento anterior» en el desarrollo de la negociación con el Ministerio». «Lo que toca ahora, y así lo hemos hecho, es tratar de dotar a la prueba de un contenido y una estructura útil para el estudiante, dirigida a la versificación de la adquisición definitiva de unos conocimientos deontológicos, procesales y de organización que al mismo tiempo impulse la especialización de nuestros graduados», explica Soto.

Según fuentes de la propia organización, el Proyecto de Real Decreto que modifica al anterior Reglamento que desarrollaba la Ley 34/2006 está únicamente a la espera del informe del Consejo de Estado, que deberá emitirse en los próximos días. Una vez publicado dicho Real Decreto, la primera convocatoria del examen debería producirse inmediatamente después, a los efectos de poder celebrar la prueba en el mes de mayo o, a más tardar, en junio.

La reforma estructural de la nueva prueba nacional de acceso a la abogacía propuesta por el CONEDE supondría que la segunda parte del examen –tras la resolución de 40 preguntas tipo test- consista en la contestación a una batería de preguntas tipo test sobre una de las disciplinas jurídicas previamente seleccionadas por el graduado entre las correspondientes a los cuatros órdenes jurisdiccionales: civil, penal, administrativo o laboral.

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