Lo hizo en un auto en el que procesa a seis presuntos etarras y siete miembros del grupo colombiano por compartir información sobre el manejo de explosivos e intentar cometer varios asesinatos, entre ellos el del presidente del país sudamericano, Álvaro Uribe, y su antecesor Andrés Pastrana.

En un auto hecho público el lunes, Velasco dicta orden de busca y captura para doce de los procesados -todos menos la integrante de la Comisión Internacional de las FARC Remedios García Albert, que vive en España- y solicita su extradición a los Gobiernos de Venezuela y Cuba, países en los que residen en la actualidad.

Entre ellos se encuentra el etarra Arturo Cubillas Fontán, que en octubre de 2005 fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras por el Ejecutivo de Hugo Chávez, mientras era responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999 y se encargaba de coordinar las relaciones con las FARC.

El auto recuerda que en 1990 se casó con la venezolana Goizeder Odriozola Lataillade, que ocupa desde enero de 2007 el cargo de directora de Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

El juez también detalla que en marzo y septiembre de 2000 dos miembros de las FARC -Edgar Gustavo Navarro Morales, ‘El Mocho’, y Víctor Ramón Vargas Salazar, ‘Chato’- se trasladaron a España y pidieron “colaboración” a miembros de ETA para localizar a Pastrana, y “más recientemente” trataron de hacer seguimientos al actual presidente colombiano, Álvaro Uribe.

Los etarras procesados son Arturo Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta, José José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio.

El juez imputa a todos el delito de colaboración con organización terrorista; a los cuatro primeros, además, el de tenencia de explosivos; y a Cubillas Fontán también el de conspiración para cometer homicidios terroristas.

Este último delito es atribuido también a los supuestos miembros de las FARC Omar Arturo Zabala Padilla y Víctor Ramón Vargas Salazar. El juez también imputa a Gustavo Navarro Morales, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert y Luciano Martín Arango por colaboración con banda armada.

La investigación, que parte de los 25 correos electrónicos incautados en marzo de 2008 al dirigente de las FARC Luis Edgar Devia, ‘Raúl Reyes’, concluye que los contactos entre los dos grupos terroristas contemplaban la realización de cursos de adiestramiento a miembros de ETA en la selva colombiana y venezolana a cambio de “la localización en España de objetivos de acción terrorista por parte de las FARC” y formación en “las técnicas más modernas de guerrilla urbana”.

En agosto de 2007, el etarra identificado con el alias de ‘Martín Capa’, cuya identidad se desconoce, e Ignacio Domínguez Achalandabaso impartieron en una finca de la selva venezolana cercana a Guadalito, en el estado de Apure, un curso teórico-práctico de unos 20 días a 13 miembros de las FARC sobre el manejo del explosivo C-4, de fácil adquisición en Venezuela, y la utilización de teléfonos móviles como mecanismo iniciador de las cargas explosivas.

Los asistentes a este curso, que fue organizado por Arturo Cubillas Fontán y Remedios García Albert, fueron acompañados por una persona que vestía un chaleco con el escudo de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela y escoltados por un vehículo militar, según detalla la resolución judicial.

Como prueba de los contactos entre ambas partes, en la causa obran documentos en los que se detalla que dos etarras afincados en Cuba construyeron un lanzagranadas que querían probar en Venezuela. Así, los terroristas utilizaban el nombre de ‘Andrés’ para identificar a Venezuela; ‘José’ como alias de Cuba y ‘Maria Antonia’ para identificar al etarra José Ignacio Echarte Urbieta.

Los intentos de las FARC de atentar en España se remontan a 2000, cuando ‘Mocho’ y ‘Chato’ se desplazaron a España en dos ocasiones para “controlar los itinerarios” que realizaba el ex presidente colombiano Andrés Pastrana y la entonces embajadora, Noemí Sanín Posada, ya que consideraban que “no sería difícil atentar contra estos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETA”.

Además de Pastrana y Sanín, las FARC pidieron ayuda a ETA para localizar al ex candidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, al vicepresidente colombiano Francisco Santos y a otros cargos políticos y militares colombianos con el fin de “atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en España u otro país de la Unión Europea”.

A esta lista se añadieron el ya fallecido Bernardo Gutiérrez Zuloaga, ex senador y ex terrorista del Ejército Popular de Liberación (ELP) que se tuvo que refugiar por las amenazas de las FARC; el empresario Carlos Ardilla Lülle; el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe; y personas que se movían en torno a la Embajada de Colombia en España.

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