Por Carlos Pavón, director del Departamento de Concursal de Iure Abogados.

Problemas de las pymes en concurso de acreedores:el coste temporal y las garantías personales Por Carlos Pavón Neira, director Área Concursal Iure Abogados En un entorno como el actual, en el que la crisis económica generalizada afecta enmayor grado a familias y pymes, debe prestarse especial atención a ambos colectivos,dada su especial trascendencia para el conjunto de la economía.

En este sentido, el principal problema de las familias proviene del paro, el cual seproduce como consecuencia del cada vez mayor número de pymes que se ven abocadasal cierre, bien por vía amistosa, o bien a través del proceso concursal.De todos es sabido que la mayor parte de las empresas que componen nuestrotejido empresarial son pymes, correspondiendo a éstas, además, el honroso galardón deser las responsables de generar la inmensa mayoría de los puestos de trabajo.

Es por ello que, en el ámbito concursal, debe prestarse una atenta consideración alas pymes y su sujeción al concurso de acreedores, una vez han devenido insolventes yvienen obligadas a judicializar dicho estado de insolvencia.

En este sentido, la excesiva carga de trabajo de los juzgados de lo mercantil,competentes exclusivos en materia concursal, hace que procesos concursalesrelativamente sencillos vean transcurrir inexorablemente su tiempo de duración.La sujeción al proceso concursal, si bien es una obligación para todo deudor ensituación de insolvencia, debería articularse como un medio de apoyo al deudor que pone todo su esfuerzo en superar una coyuntura económica desfavorable y que, pese ala adversidad, propone una solución de continuidad en la actividad y mantenimiento del empleo.

Sin embargo, en la reforma concursal actualmente en trámite, se proyecta unapoyo a los acuerdos de refinanciación preconcursales con las entidades financieras que,en la práctica, están reservados para las grandes empresas, dado su elevado coste detramitación para las pymes y el resto de pequeños deudores.

El sentido de la reforma en este punto se olvida de las pymes, al restringir el régimen de mayorías en la negociación extrajudicial únicamente a los acuerdos de refinanciación del pasivo financiero, esto es, bancos y cajas de ahorro, quedando fueradel mismo las negociaciones con proveedores, acreedores, trabajadores y entidades públicas, así como entidades financieras cuando la negociación no lo sea en el marco deun acuerdo de refinanciación, tal como se configura en la Ley Concursal.

Ello significa que las pymes que se estén viendo abocadas a no afrontar sus pagos,deberán seguir acudiendo al proceso concursal judicial, salvo que puedan alcanzar, ensede extrajudicial, acuerdos con la totalidad de sus acreedores para superar tal situaciónde insolvencia, sin posibilidad de acogerse a un régimen de mayorías.

Por ello, dada la especial relevancia de las pymes en nuestra economía, según apuntaba al inicio, y la presumible sencillez de resolución de sus procesos concursales,sería conveniente apostar por el apoyo en sede extrajudicial de las soluciones de continuidad y mantenimiento del empleo que los deudores puedan proponer a susacreedores, acogiéndose a un régimen de mayorías que permita someter a laconsideración judicial únicamente el resultado de tales negociaciones, pudiendo seraprobado por el juez competente y vinculando a la minoría de acreedores disidentes alplan de pagos alcanzado con la mayoría durante el trámite de negociación.

He aquí una de las diferencias fundamentales en los concursos de acreedores delas pymes y las grandes empresas, la imposibilidad de las primeras de mantenerse aflote durante la dilatada tramitación judicial del proceso concursal frente a la mayorcapacidad de las segundas.

Por ello, debe operar en el marco concursal un apoyo a las pymes que, en sede extrajudicial, aporten soluciones de continuidad, al no requerirse el empleo de toda lamaquinaria judicial para la valoración de la superación del estado de insolvencia por unapequeña o mediana empresa y sí, en cambio, un auxilio judicial en la negociación que permita superar el obstáculo de acreedores disidentes minoritarios en caso depropuestas conservativas que garanticen la viabilidad del deudor.

Por otra parte, un aspecto significativo a considerar en el tratamiento concursal delas pymes es el relativo a las garantías personales de socios o administradoresconcedidas a las entidades financieras, que constituye un elemento característico y sustancial en este tipo de empresas.

Cuando la perspectiva del empresario, ante la insolvencia de su negocio, es la pérdida de su empresa y, además, de su patrimonio personal, someter a la sociedad mercantil al proceso concursal conllevará la automática reclamación de las garantíaspersonales constituidas a favor de las entidades financieras.

Así, en el planteamiento detales empresarios, el mantenimiento de la actividad y el empleo quedarán necesariamente en segundo lugar, frente a la protección de su patrimonio personal, para lo cual surgirán distintas fórmulas que permitan a las entidades ver satisfechos suscréditos, a cambio de evitar la pérdida del patrimonio personal.

Esta cuestión resulta ajena, en mayor medida, a las grandes empresas, quienes habrán otorgado, en su caso, garantías personales a favor de las entidades financieras acreedoras de la sociedad deudora con cargo a otras sociedades, pero rara vez los accionistas o administradores de tales sociedades deudoras habrán consentido prestar su fianza o aval personal en la asunción de estas obligaciones.

Por ello, reiterando la especial relación entre las pymes y la evolución general de nuestra economía y el empleo, resulta vital articular un sistema que incentive al deudorque ostente la consideración de pyme, a acogerse al proceso concursal y sus institutospreconcursales, aportando soluciones de continuidad en la actividad y mantenimientodel empleo.

Tal sistema podría versar en una suerte de suspensión de fianzas y avales personales, en tanto se somete a la consideración de los acreedores la propuesta decontinuidad del deudor, pudiendo afectar a la ejecución de aquéllos la aprobaciónjudicial del acuerdo.

En definitiva, habiéndose configurado la Ley Concursal como un sistema por el cual quedan judicializados todos los procesos de insolvencia, la consecuencia práctica para las pymes supone un excesivo coste temporal, incompatible con su mantenimientoa flote, así como la automática reclamación de las garantías personales contraídas por socios o administradores, que abocan, en mayor medida, a la desaparición de laempresa, por falta de apoyo de los interesados y búsqueda de soluciones de protecciónde su patrimonio personal, a través del inicio de nuevas actividades al margen de lasociedad deudora.