Alfonso FabregatPor Alfonso Fabregat Rosas, miembro de Acuerdo Justo

En la Ley 5/2012 ni por asomo se mencionaba la mediación familiar como algo específico y tampoco se nos daban demasiadas pistas de por dónde podría ir el futuro desarrollo de la misma. El 13 de diciembre de 2013 el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto 980/2013 por el que se regulan determinados aspectos de la Ley 5/2012. Como era de esperar, al ser un reglamento, tampoco se aborda el tema de la mediación familiar.

Para afrontar la mediación familiar el legislador adopta otro camino. Nos tenemos que asomar al Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad separación y divorcio para que se pronuncie sobre la mediación familiar y anuncie una modificación a la Ley 5/2012 para poder incluirla. Lo curioso es que sólo se acuerden de la mediación familiar cuando truena y no antes.

Es innegable que la mediación familiar fomenta el reconocimiento y la legitimación de las partes, les hace descubrir la riqueza de la construcción de su futuro y el de sus hijos (si los hubiera). De esta forma entendemos con mayor claridad que es una herramienta «de autocomposición que viene a ayudar a las partes no solo para llegar a un acuerdo que disuelva el vínculo jurídico, sino que además aporta las bases para que las partes se reconozcan con todo el protagonismo y legitimación necesarios para construir una relación o inter-relación futura sana y armoniosa» (Conforti, 2009). Debemos situar a la mediación en un proceso de autocomposición de la familia (reconocer la competencia y la capacidad de la propia familia) e incidir en la importancia de que las partes se reconozcan en ese proceso. Da gusto ver que por una vez se reconoce la importancia de la mediación de conflictos en el ámbito familiar, pero de ahí a caer en la tentación utilitarista para justificar los fines legislativos hay un salto bastante grande que no podemos permitir que se de, ya que no hace más que empobrecerla. Seamos serios y no confundamos los términos, la mediación familiar no es una justicia alternativa, sencillamente es una alternativa a la justicia.

El legislador propone modificar la redacción de algunos apartados de los artículos 90, 1g; 91, 3 del Código Civil, así como los artículos 770 y 777, 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. Aunque falta la aplicación y la pedagogía de la mediación de conflictos en el ámbito familiar, considero que es un avance que la considere dentro del Código Civil. Igualmente considero positivo que de reconocimiento jurídico a los acuerdos a los que lleguen las partes, cosa que ya se hacía, pero que ahora queda reflejado en la misma ley. Un gran avance que recoge el trabajo legislativo realizado en nuestro país durante la última década a nivel autonómico.

Capítulo aparte merece el artículo quinto del dicho Anteproyecto de Ley en el que subsana la laguna que la Ley 5/2012 tiene en el campo de la mediación familiar al contemplar la mediación familiar como un ámbito propio y específico de la mediación civil. A la hora de abordar el inicio del procedimiento de mediación hace un largo inciso plasmando los cambios que se pueden producir dentro del proceso de divorcio para introducir la mediación y amplía considerablemente el apartado de la ley que lo recogía (modificación del apartado tercero del artículo 16 de la Ley 5/2012).

El legislador, como en casi todo lo referido a la mediación, no acaba de aclarar su idea y deja abierta tanto la posibilidad de acudir a una mediación extrajudicial: «Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en curso un proceso judicial …», en cuyo caso no hay problema ya que las partes son las que escogen a quién, dónde y cómo acudir; como intrajudicial: «El Juez también podrá proponer a las partes la mediación como solución, instándolas a que asistan a una sesión informativa…», y me da que el legislador se vuelve a enredar.

El CGPJ, en una separata del número 96 de la Revista del poder Judicial del 13 de noviembre de 2013, un mes antes de la publicación del Reglamento ya señalaba algunas dudas que surgen a la hora de fijar la mediación intrajudicial en el ámbito familiar (pp.48-49).

Titulares como “Mediación Familiar, la Nueva Justicia”, la formación mínima establecida en el Reglamento, y el Registro de mediadores han minado la confianza del CGPJ. Sinceramente dudo que en un futuro los Magistrados acudan a un Registro que apenas está regulado y que “en voz baja” es considerado como mero “tablón de anuncios” al que no derivar mediaciones. Ante lo cual cabe preguntarse, si la desconfianza del CGPJ está fundamentada, ¿significa que podría el CGPJ convertirse (de forma buscada o no) en el “salvador de la mediación familiar intrajudicial”? Sinceramente creo que ha llegado el momento de que nos apliquemos buenas dosis de escucha activa.

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