La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha presentado esta mañana sus propuestas para un replanteamiento urgente de la fiscalidad medioambiental, recogidas en su Paper 19, del mismo nombre, elaborado por el Grupo de Expertos de Asesores Internos, con la colaboración del Grupo de Expertos en Haciendas Locales y Catastro.
En el encuentro han estado presentes Stella Raventós Calvo, presidente de AEDAF; Arturo Jiménez, director del Gabinete de Estudios; Daniel Gómez-Olano, coordinador del Grupo de Expertos de Asesores Internos y miembro del Consejo Asesor Institucional de AEDAF; Maria Muñoz Viejo, miembro del Grupo de Expertos de Asesores Internos; y Rubén Rúa, coordinador del Grupo de Expertos en Haciendas Locales y Catastro.
“La fiscalidad medioambiental supondrá un gran cambio respecto de nuestro actual marco tributario”, ha explicado Stella Raventós. “Nosotros somos partidarios de que una reforma de este tipo, que implique un paquete de medidas o de impuestos en materia de fiscalidad verde, no debería ser de ámbito local ni autonómico, sino que su implantación debería ser estatal, para no perdernos en cuestiones irrelevantes o mal estructuradas”.
En su intervención, Daniel Gómez-Olano ha hecho referencia al principio de que “quien contamina, paga”. Es decir, los impuestos relacionados con el medioambiente deberían tener un cariz disuasorio y no recaudatorio, al defender “los tributos orientados a mitigar o reparar los daños medioambientales causados por aquellas empresas que contaminan” y ha citado como ejemplo de tributo “recaudatorio” el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, cuya recaudación tiene como objeto “cubrir el déficit de tarifa eléctrica”.
Además, ha explicado que no deberían gravarse todas las etapas de un mismo proceso productivo para evitar dobles imposiciones: “en España es frecuente que se grave tanto el input (combustible) como el output (las emisiones o los residuos)”. Asimismo, la fiscalidad medioambiental debería evitar la distorsión de la unidad de mercado tanto en España como en la Unión Europea “pero lo cierto es que se aplican impuestos en las distintas comunidades autónomas de forma muy desigual y es frecuente gravar un mismo hecho imponible a través de un tributo estatal y otro tributo autonómico”.
Gómez-Olano ha hecho hincapié en la necesidad de “consenso entre todas las fuerzas políticas en objetivos como la mitigación del cambio climático o el impulso de la economía circular con una vocación de permanencia, y con el fin de aumentar la seguridad jurídica”. También ha llamado a evitar la deficiente técnica legislativa en esta materia y ha calificado de “dudosa” la legalidad de algunos de estos tributos.
AEDAF propone la creación de una comisión de expertos con carácter permanente, que analice con un carácter previo, la compatibilidad de estos tributos con la Constitución y con el derecho comunitario.
Por su parte, María Muñoz Viejo, ha citado ejemplos positivos como el del “impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, ya que es un tributo de ámbito estatal, que ha encontrado un nicho no gravado, que respeta el principio de quien contamina paga y que recoge, en su mayor parte, de forma adecuada, las correspondientes exenciones de gravamen”. El impuesto sobre depósito de residuos en vertederos también recibe una calificación favorable “al ser un impuesto estatal que expulsa todos los tributos preexistentes en determinadas comunidades autónomas y siguiendo, por tanto, una ordenación de la tributación medioambiental centralizada. Se trata de un tributo que cede la recaudación a las comunidades autónomas y que cuenta con exenciones también adecuadas para cubrir esa finalidad medioambiental”.
Entre las propuestas que figuran en el Paper, Muñoz destaca que se encuentra la posibilidad de “gravar el transporte aéreo, en sus emisiones y en el ruido que genera, como ya se está haciendo en otros países europeos”; y también la posibilidad de repensar la conveniencia de mantener otros tributos regulados en la ley 15/2012 que carecen de una verdadera finalidad medioambiental. Asimismo, se debería apoyar la revisión de la Directiva de Fiscalidad Energética que está siendo propuesta por la Unión Europa en materia de Impuestos Especiales e incentivar, vía tipos reducidos o exenciones, la fiscalidad de generación de energía no emisora y/o renovable. Muñoz Viejo también ha destacado la necesidad de establecer incentivos fiscales para actividades de generación de energía no emisoras, como las de energía renovable. En este mismo sentido, Rubén Rúa ha planteado la posibilidad de introducir determinados beneficios fiscales en materia de tributos locales para fomentar la eficiencia energética y la producción renovable.
En todo caso, desde AEDAF se recuerda la necesidad de realizar esta reforma tomando en consideración que se debe llegar a un adecuado equilibrio de la carga tributaria que soportan las empresas, en aras de preservar su competitividad y evitar la quiebra del principio de capacidad económica. A tal efecto, un aumento de los tributos medioambientales debería ir acompañada de una paralela reducción de la tributación directa, al objeto de preservar dicha competitividad.
Fuente: AEDAF