Resulta evidente que gracias al movimiento que genera GEMME, a nivel europeo desde hace ocho años, muchos profesionales del mundo jurídico se han abierto a la mediación. En nuestro país esta asociación cumple sus primeros cinco años de vida. Era, pues de obligado cumplimiento contactar con su actual presidente Agustín Azparren, magistrado de la sección 1 de la Audiencia provincial de Asturias y profesional con amplia experiencia internacional, pues no en vano formó parte como vocal del CGPJ de la Comisión de Relaciones Internacionales de dicha entidad, para conocer su opinión sobre este RD 5/2012 recién aprobado que regula la ley española:” Creo que ha sido bien recibido aunque todavia  queda un trámite parlamentario de enmiendas y la posterior regulación reglamentaria, que podría mejorar el texto y sobre todo regular una parte muy importante como es el estatuto del mediador.

Ferviente defensor de la mediación advierte que “en época de crisis es buen momento no solo para impulsar la mediación laboral sino cualquier otro tipo de mediación vinculada con la crisis, como la mercantil o la civil en general.” Y subraya este comentario indicando que “existe un reciente estudio del Parlamento Europeo sobre “los costes de la no mediación”, que hace un estudio comparativo en distintos países europeos sobre el distinto coste en tiempo y dinero que supone resolver un conflicto judicialmente o por mediación.” Bajo su experto punto de vista la clave del arraigo de la mediación en nuestro país viene condicionada por  que “ el ciudadano la conozca y sepa sus grandes ventajas para resolver cualquier conflicto y además que existan buenos mediadores, y esto último depende en gran medida de cómo se regule su formación.”

Agustín Azparren es el actual presidente de GEMME España y miembro del Consejo de Administración del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), es tinerfeño de origen, ha sido fiscal en excedencia. Juez de Primera Instancia e Instrucción desde el año 1980 y Magistrado desde el año 1983 con destino actual en la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Asturias (orden civil y mercantil).

También fue Magistrado- Juez Decano de los juzgados de Oviedo, por elección  por dos mandatos, desde el año 1990 hasta 1998 y vocal del Consejo General del Poder Judicial desde el 7 de noviembre de 2001 hasta el 22 de septiembre de 2008. Miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales y de la Comisión Disciplinaria durante dicho mandato.

Fue Punto de contacto de la Red Judicial Civil Europea y de la Red Judicial Iberoamericana (Iber-Red) entre los años 2002 y 2007 y actualmente miembro de la Red Judicial Española de Cooperación Internacional (REJUE).

Desde su vertiente académica se puede destacar que Desde el año 1989 hasta el 2001, y desde el 2008 hasta la actualidad, profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias.

Además ha sido Profesor Asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo durante el curso académico 1987-88. Colaborador de Honor en dicha área durante los años 1988 a 1993 y  Profesor de Derecho Comunitario en la Universidad Europea de Madrid durante el curso 2006-2007.

Sobre algunas publicaciones que llevan su firma podemos citar; en el capítulo de libros :

“Derecho de daños y protección de los consumidores”, Editado por la Consejería de trabajo e Industria de la Junta de Andalucía. Sevilla 1998.

“Protección procesal del consumidor a crédito”, en el Libro “Crédito al Consumo y transparencia bancaria”, dirigido por Ubaldo Nieto Carol. Editorial Civitas, Madrid 1998.

“La influencia del derecho comunitario en el derecho privado” en el libro “Ciclo de conferencias sobre cuestiones de derecho privado”. Editado por el Ilustre Colegio Notarial de Oviedo. 2001.

“Legislación material de consumo con comentarios y jurisprudencia”, junto con D Emilio de Llera. Editado por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. Sevilla 2001

“Comentarios a la Constitución Europea” dir. Enrique Alvarez Conde y Vicente Garrido Mayol. Tirant lo Blanch 2005

“El Espacio Judicial Europeo. Cooperación Judicial Civil y Penal. Código de Normas”, junto con Dª. Ángeles Gutiérrez Zarza y D. José Luis Lopes Da Mota. Ed. Colex 2004.

Director de la obra colectiva “Hacia un Código del Consumidor”. Manuales de Formación Continua: CGPJ 34/2005.

Diversos artículos y publicaciones principalmente en materia de Derecho Comunitario Europeo, Protección de los Consumidores, Responsabilidad Civil, Derecho Sanitario y Mediación.

Sobre sus actividades desarrolladas en el extranjero se pueden citar: Estancias de estudio en Bruselas y Luxemburgo para formación en Derecho Comunitario y participación en programas de cooperación y diversas actividades de formación de jueces en el extranjero (Argentina, Costa Rica, Guatemala, Méjico, Perú, Bulgaria, Hungría, Rumanía e Italia).

Sr. Azparren, podría explicarnos brevemente que trayectoria lleva GEMME como asociación y de que forma colabora en el impulso de la mediación en nuestro país.

El Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME)  es una organización no gubernamental europea que se creo en Francia en 2004 de la que forman parte jueces de casi todos los países miembros de la UE e incluso de alguno, como Suiza, que no pertenece a la Unión. Aunque su composición es principalmente de personas pertenecientes a la Administración de Justicia (Jueces, Fiscales, o Secretarios Judiciales), los estatutos prevén que pueden ser admitidos como socios un 30 % de profesionales de la mediación, o del ámbito de la abogacía o de la enseñanza, que tengan reconocido prestigio por su trabajo en pro de la resolución alternativa de conflictos, y trabajen en el ámbito de los tribunales de justicia.

La finalidad de la asociación es la de generar entre quienes participan de la Administración de Justicia y desde dentro de esta, la cultura de la mediación. Se parte de que es posible incrementar la calidad de la justicia si se potencian las formas de solución extrajudicial de las controversias desde los tribunales, especialmente con la implantación de la mediación.

Hasta el momento la Sección española de GEMME ha colaborado con el CGPJ para la implantación de experiencias en mediación, fundamentalmente en el ámbito de los juzgados de familia y jurisdicción penal, existiendo actualmente varios centenares de órganos jurisdiccionales en los que está funcionando este método de resolución de conflictos.

¿Cómo se valora desde GEMME España la nueva Ley de Mediación? ¿Es suficiente para respaldar el trabajo que ya se hace en comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Madrid o Valencia?

El R. D. Ley de Mediación, era una norma necesaria, no solo porque había que cumplir el mandato de una directiva de la Unión Europea, sino porque hasta ahora nos habíamos movido con experiencias prácticas sin un apoyo legal, solo regulado por las leyes autonómicas que por lo general extendían su ámbito únicamente a la mediación familiar.

En general ha sido bien valorado el Decreto Ley  pues regula la mediación con flexibilidad lo que creo es muy importante en esta materia. Todavía queda un trámite parlamentario de enmiendas y la posterior regulación reglamentaria, que podría mejorar el texto y sobre todo regular una parte muy importante como es el estatuto del mediador.

Recientemente el Ministro Gallardón aclaró que en trámite parlamentario se va a impulsar la mediación intrajudicial, ¿Cuál debe ser el papel del juez en este contexto?

La Directiva Europea se centra en la mediación intrajudicial y por ello la parte principal del Decreto Ley se centra en la mediación que se desarrolla una vez iniciado el juicio, sin perjuicio de que también se regule algún aspecto de la mediación extrajudicial, en la que intervienen los notarios.

Aunque la directiva prevé la posibilidad de la figura novedosa del juez “mediador”, es decir la posibilidad de que el juez actúe como mediador en asuntos en los que no tenga que resolver, y en algún país como Alemania se está practicando con bastante éxito, sin embargo la opción que ha adoptado España con el Decreto ley, es la más generalizada en Europa, en la que el juez se limita a derivar a las partes a un mediador profesional que intentará que los litigantes alcancen un acuerdo satisfactorio para ellos.

A pesar de este papel aparentemente secundario, buena parte del éxito de la mediación intrajudicial dependerá de que todos los jueces se convenzan de que la mejor solución de los conflictos pasa por la mediación, que valoren los casos susceptibles de derivar al mediador y que informen a las partes de esta posibilidad que muchos ciudadanos todavía desconocen.

¿Qué otros cambios legislativos o medidas esperan del Ministro de Justicia para que la mediación realmente arraigue en nuestro país?

Como decía antes, es importante el desarrollo que se haga de los requisitos para ser mediador, así como la formación inicial y continua de los mediadores. Creo que la clave para que tenga éxito este sistema es que el ciudadano la conozca y sepa sus grandes ventajas para resolver cualquier conflicto y además que existan buenos mediadores, y esto último depende en gran medida de cómo se regule su formación.

¿Cómo ve la aportación de los notarios al campo extrajudicial, ahora con una Fundación propia? 

Toda aportación que contribuya a pacificar los conflictos debe ser bienvenida. Existe un importante campo para la mediación antes de que el conflicto se convierta en judicial y en la que los notarios pueden tener un papel decisivo en el momento, por ejemplo, de la firma de escrituras públicas en cualquier tipo de acto jurídico. El hecho de las partes conozcan por medio del notario que en caso de conflicto pueden acudir a un mediador puede contribuir a la difusión de este medio de resolución extrajudicial de los conflictos.

Margarita Uría, vocal del CGPJ, nos habla de los buenos resultados de la mediación penal, con apenas reincidencia luego, ¿Dónde está la clave para su mejor desarrollo?

Como decía hace un momento una de las claves para que se desarrolle la mediación es que sea conocida por la población. Es sorprendente comprobar, cuando se analizan las encuestas, como la mayoría de los ciudadanos desconoce qué es la mediación y para que sirve, e incluso como muchos abogados tampoco la conocen o la confunden con las negociaciones previas a un litigio judicial.

Además tanto la mediación penal como la familiar son algo más que mediación, pues en cuanto a la primera se trata realmente de una filosofía distinta sobre el proceso penal, de hecho no se suele llamar mediación penal sino justicia restaurativa y supone cuestionar el sistema procesal penal tal como lo conocemos, se trata fundamentalmente de centrarse más en la víctima y no tanto en el castigo del delincuente. Si además tiene el efecto de reducir la reincidencia, como se ha comprobado sobre todo en materia de delincuencia de menores,  la valoración no puede ser más positiva.

En materia de familia tiene además una consecuencia claramente beneficiosa para los hijos menores en una ruptura matrimonial, la mediación pacifica el conflicto y evita las consecuencias negativas que se producen para los menores que son muchas veces las víctimas principales del conflicto. De hecho ya existen estudios que demuestran que un divorcio contencioso llega a producir enfermedades en los hijos.

En esta crisis económica, ¿es buen momento para impulsar la mediación en el campo laboral?

En época de crisis es buen momento no solo para impulsar la mediación laboral sino cualquier otro tipo de mediación vinculada con la crisis, como la mercantil o la civil en general. Existe un reciente estudio del Parlamento Europeo sobre “los costes de la no mediación”, que hace un estudio comparativo en distintos países europeos sobre el distinto coste en tiempo y dinero que supone resolver un conflicto judicialmente o por mediación. Resulta sorprendente comprobar el ahorro de tiempo y dinero que supone optar por la solución pacífica frente a la judicial, no solo para las partes sino también para el Estado.

¿Por qué los Estados son tan reacios a desarrollar mecanismos de mediación entre algunos organismos y los ciudadanos?

Me sorprende, porque al igual que para cualquier ciudadano, la mediación supone como acabo de decir un ahorro de costes para el Estado, no se explica por tanto como en una época de profunda crisis económica no se acuda a esta figura para resolver los conflictos de la Administración con los ciudadanos.

Por último, ¿Dónde cree que España estará en los próximos cinco años en materia de mediación?

Espero que por el bien de la salud de los ciudadanos podamos decir dentro de unos años que se ha implantado la cultura de la mediación y que ha pasado a ser el sistema normal de resolución de los conflictos, ganaría mucho la sociedad con esta solución pacífica de los litigios, y si además podemos decir que la litigiosidad ha descendido en España y que esto ha ahorrado importantes costes al Estado, habremos ganado todos. Sin necesidad de llegar a los resultados del Reino Unido donde en diez años de implantación de la mediación descendió la litigiosidad un 60%, calculándose que el Estado se ha ahorrado ocho mil millones de euros, me conformaría con que dentro de unos años hubiéramos conseguido la mitad que los británicos.

 

2 Comentarios

  1. Todo esto está muy bien pero por favor una vez más se está pensando que la mediacion penal es igual a otras mediaciones y esto no es así, en la mediación penal hay una victima y un infractor y lo importante no es el ahorro economico, ni el protagonismo de jueces o miembros del CGPJ, lo más importante es que se va a ayudar a las victimas, así se reconoce también en la directiva sobre victimas en discusión en el parlamento…..Ya está bien de protagonismo de jueces y otras autoridades, lo esencial son las victimas …..

  2. Me quedo con el tema que abre la entrevista que no es otro que el de la mediación en el ámbito del derecho administrativo.

    La llamada realizada prouso de esta técnica de resolución de conflictos topa con la necesaria diferencia que debe hacerse entre mediación y arbitraje, siendo éste último el más apropiado en este ámbito jurídico, en términos generales, y que, además, es el previsto en la legislación específica pese a su nulo uso por falta de mayor impulso normativo. Los árbitros, debidamente acreditados e independientes, a diferencia del mediador, participan de la creación de la decisión que debería de ser ajustada a Derecho. El mediador no evitaría que el conflicto se situaría en el contexto de una relación jurídica con supremacía de la Administración.

    En cambio, si que me parecería muy plausible que los Gobiernos acentuen el arbitraje obligatorio en conflictos entre la Administración y su personal (individualmente considerado o agrupado en sindicato), incluso cuando el tema a resolver sea indirecto para el interesado (p.e. el nombramiento de una persona para un cargo en detrimento no objetivo del que insta el arbitraje). No desconozco el acceso directo de los funcionarios a la via contencioso administrativa – que por cierto, con tanta reducción y congelación, debe ser salvado de cualquier tipo de tasa judicial- pero advierto de la ventaja en costo y rápidez que deriva del procedimiento arbitral que además permite ayudar a evitar el gran colapso y retraso de los tribunales administrativos.

    Finalmente, debo indicar que en temas de mediación y arbitrage estamos obligados, como en el terreno judicial, ha diseñar ámbitos territoriales de actuación de mediadores y arbitros (capacidad) asegurando, entre otros extremos, la objetividad de la actuación y evitando cualquier tipo de extraterritorialidad.

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