Lo dice alto y claro: el Gobierno de Mariano Rajoy va a “revolucionar” la Administración de Justicia. Alfredo Prada, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados sostiene que va a haber un “antes y después” en el modelo judicial en España. Considera que con la gran reforma que el Ejecutivo está llevando a cabo se acabará, de una vez por todas, con el principal mal que golpea a los tribunales: la lentitud. “La Justicia deja de serlo cuando no resuelve los problemas con rapidez”, afirma.
Hay un gran número de reformas judiciales en marcha me imagino que no falta el trabajo en la Comisión
Sí, hemos tenido mucho trabajo pero va a haber mucho más, porque ya comenzamos a hablar de reformas de leyes de enorme calado que pretenden sustituir a normas centenarias o de gran profundidad como puede ser la reforma del código penal. Sin duda, los dos años y medio de legislatura que restan en la Comisión de Justicia del Congreso vamos a trabajar intensamente dentro de ese gran proyecto que tiene el Gobierno de revolucionar la Administración de Justicia
¿Va a haber una revolución en la Justicia?
El propósito del Gobierno en general y en particular del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es acabar con esa asignatura pendiente del desarrollo constitucional que es la reforma de la Administración de Justicia. Es verdad que desde 1978 hasta nuestros días, el conjunto de las administraciones españolas se han modernizado y funcionan con eficacia y rapidez. Pero, en cambio, la ‘oveja negra’ de esa familia es la Justicia. A lo largo de estos 30 años sólo se han puesto parches, en cambio en este momento, se ha emprendido es una gran reforma global que provocará un antes y un después en el modelo de administración de justicia para conseguir esos criterios de eficacia, eficiencia y, especialmente, de rapidez.
¿Se refiere, por ejemplo, a la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que comienza ya a debatirse?
Sí, la primera presentación pública, de los textos elaborados por los expertos ya se ha hecho en el Congreso y ahora se ha abierto el debate en la sociedad. Ya hay foros en los que se está poniendo de manifiesto los puntos a favor y en contra de diferentes expertos. Exponer el texto en la cámara alta creo que fue un gran acierto porque eso significó que todos los grupos parlamentarios han podido hacer una primera impresión y reflexión. A partir de ahí, nuestra labor es también participar en los muchos foros y encuentros que se están haciendo en la sociedad.
¿Qué destacaría de las grandes reformas que se están emprendiendo?
Marcan un antes y después. Cambiar la instrucción de los delitos del sistema actual de la dependencia de la Policía Judicial por los magistrados, pasar la investigación a la Fiscalía bajo la tutela y vigilancia de los jueces de garantía, evidentemente es un giro de 180 grados. La desaparición de los partidos judiciales que actualmente tenemos con un carácter de territorialidad para sustituirse por un partido judicial provincial -aquí me gustaría hacer un paréntesis: hay un compromiso del Gobierno de no cerrar ningún partido judicial- también revoluciona el funcionamiento de la Administración de Justicia. A día de hoy es discutido y discutible todo. Está abierto el debate y estoy convencido de que el Gobierno acertará en los textos que elaboren y estoy todavía más seguro de que esta casa, la comisión que yo presido, va a mejorar y perfilar lo que nos llegue y que saldrán grandes leyes en esta legislatura.
Gallardón ha pedido consenso para aprobar leyes como la de Enjuiciamiento Criminal. ¿Cree que será posible el acuerdo?
Mas que posible creo que sería necesario. Hay que apelar a la lealtad institucional de todos los grupos parlamentarios porque estamos hablando de una ley de enjuiciamiento criminal que sustituye a una norma del siglo XIX. Lógicamente, una ley del XXI tiene que perdurar en el tiempo. Es decir, aquí no se trata de fijar unos criterios ideológicos o de partido, se trata de establecer unos criterios de que la Justicia funcione como realmente tendría que funcionar, es decir eficacia, excelencia y rapidez, para que el ciudadano perciba que la seguridad jurídica es algo real. Me parece necesario encontrar ese acuerdo político, es básico y estoy convencido de que si hay consenso en el Parlamento también va a haberlo en los sectores relacionados con la Administración de Justicia.
¿Pero alguna de estas reformas están levantando mucho revuelo, es el caso de la del poder judicial?
Los revuelos, las críticas y reivindicaciones hay que entenderlas siempre pero esto no significa que haya que compartirlas. Insisto cuando alguien afronta una reforma de calado, de cambio radical, entiendo que surjan voces críticas pero esta gran reforma es necesaria. No podemos seguir poniendo parches y tener una Administración de Justicia que no funciona.
¿Considera que la Administración de Justicia no funciona?
Funciona con mucha lentitud y la Justicia deja de serlo cuando no resuelve los problemas con rapidez. Dicho esto hay que decir que el modelo judicial en España está rodeado de cualificadísimos profesionales. Jueces, fiscales, secretarios abogados, procuradores… todos, insisto todos, son muy cualificados y actúan en el 99,9% de los casos con eficacia, honestidad, profesionalidad, pero falta el elemento rapidez, lo que, en mi opinión, hace en ocasiones que la Justicia no funcione.
¿No funciona por un estructura obsoleta o porque faltan jueces?
Por todo, creo que faltan medios a la Administración de Justicia materiales y humanos. Pero también faltan reformas de calado y radicales.
Hay quien advierte que el Gobierno tiende a una mayor politización del sistema judicial.
En principio no tiene porque haber una politización del sistema judicial aunque haya un sector de la Administración de Justicia que haga esa reflexión. Creo que no, al revés, la intencionalidad es buscar mayor independencia.
Alguna de las reformas propuestas por Gallardón están levantando cierta contrariedad incluso dentro del PP. ¿Se diría que el ministro marcha en solitario?
Si usted percibe esa sensación es subjetiva y no acorde con la realidad. Creo que el ministro de Justicia forma parte de lo que es el engranaje del Gobierno y éste, a su vez, forma parte de lo que es el engranaje del partido. Dicho de otra manera, el partido no pone ningún tipo de trabas al Gobierno, todo lo contrario lo apoya de una manera incondicional.
¿En todo?
Bueno con las discrepancias que algunas personas pueden tener y que es legitimo que las tengan. Hay cuestiones de carácter muy personal y muy ideológico en las que, evidentemente, el PP no es un partido rígido en el que todos pensemos de la misma forma. Pero insisto: no hay ningún tipo de problema o fisura. Lo que ocurre es que cuando alguien emprende una reforma de este calado abre muchos debates.
¿Esta refiriéndose a la polémica ley del aborto?
Es un tema con una profundidad ideológica donde no todos los componentes del PP están conformes. Pero nadie discute la propuesta básica de nuestro partido, uno, porque estaba dentro de nuestro programa electoral; dos, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que de alguna manera nos obliga a la reforma que el ministro de Justicia está impulsando; y tres, yo me quedaría con lo que dijo Rajoy en plena campaña electoral, volvamos a la ley que se elaboró en los años 80 y que ha sido pacifica en este país hasta el año 2010 en la que se hizo la última reforma.
¿Cree que la subida de las de tasas judiciales ya ha sido digerida por los ciudadanos?
Forma parte de todo ese entramado de reformas que son necesarias para modernizar la Justicia en este país. Las tasas existen en casi todos los países de nuestro entorno. La reforma que se hizo -en la que se corrigieron algunos fallos en el texto inicial y rectificar en este caso ha sido de sabios- se está percibiendo de una forma cada vez más pacifica. Pero insisto, estos cambios forman parte de un todo que se está elaborado: hay que potenciar el arbitraje y la mediación, hay que desjudicializar muchas cuestiones y, dentro de todo ese entramado reformista, evidentemente, era preciso una ley de tasas.
¿La subida de las tasas esconde un intento para que la gente acuda menos a los tribunales?
La tasa es el pago por una prestación de un servicio, pero con el que sólo se financia un pequeñísimo porcentaje de su coste. Cada vez que hay procedimiento judicial todos los ciudadanos lo pagamos. Es justo, pues, que los usuarios de esos servicios paguen un poquito más.
¿Qué objetivos se ha marcado la Comisión de Justicia del Congreso para esta legislatura?
En este primer año y medio hemos trabajado intensamente en muchos proyectos de ley. Hemos tenido muchas comparecencias. Esta es una Comisión que tiene más allá del ámbito legislativo otras tareas. Así, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, anualmente, comparecen y presentan su memorias. También tenemos la facultad de dar la idoneidad al Fiscal General del Estado con anterioridad a su nombramiento definitivo. Ahora, la gran labor que tenemos por delante nos obligará, y estamos dispuestos a ello, a trabajar con mucha profundidad y profesionalidad en lo que son estos grandes textos legislativos: código penal, enjuiciamiento criminal, Ley Orgánica del Poder Judicial…. A la comisión nos va a llegar primero el nuevo código penal. Está también la tramitación de la Ley de Justicia Gratuita y, en el último trimestre de este año, llegará la reforma Ley de Enjuiciamiento Criminal y la del Poder Judicial.
¿Esa gran revolución de la que habla estará concluida al final de la legislatura?
Por lo menos queremos que lo que es la construcción de esa gran reforma esté tramitada. Lógicamente las leyes de las que estamos hablando suelen tener una ‘vacatio legis’ o periodo de entrada en vigor largo y creo que será en la siguiente legislatura donde se pongan en marcha. El objetivo es modernizar a tope la Justicia española e incluso que sea un modelo a seguir por otros países.
¿Tiene la Justicia española una buena imagen en el exterior?
Yo que tengo responsabilidades de partido fuera de nuestras fronteras puedo decir con orgullo que no tenemos mala imagen en el exterior porque nuestros operadores en el ámbito de la Administración de Justicia son muy profesionales y muy cualificados. Nuestro modelo se ha seguido por el mundo e incluso copiado. Hace unos días se suscribía un convenio entre el Gobierno de España y la Corte Suprema de Paraguay para ayudar a la modernización de la Administración de Justicia en este país. Otra cosa es la mala imagen que se pueda proyectar por algunos casos concretos o algunas resoluciones judiciales que a veces se convierten en noticia escandalosa. Pero reitero: el 99,9% de la resoluciones judiciales son ejemplares.
Sin embargo, los constantes cambios de las reglas de juego en materias como energía provocan crecientes voces que apuntan a una falta de seguridad jurídica en nuestro país…
Esta es una de las piezas en la que la Justicia va a colaborar con el primer problema que tenemos en España: salir de la crisis económica, crear empleo y riqueza. Sin lugar a dudas, el buen funcionamiento de la Justicia va de la mano de las inversiones de los extranjeros en España. Con la revolución que estamos emprendiendo vamos a dar más seguridad jurídica y estoy convencido de que las empresas extranjeras cuando vea esas reformas van a invertir más en este país.
Cambiando de tema: redes sociales, seguridad en internet… ¿Es partidario de una mayor regulación?
Entiendo que todo este mundo de las tecnologías ha marcado un antes y un después en la forma de comunicarnos, trabajar e incluso parte de nuestra manera de vivir. Pero creo que la máxima de que la libertad de cada uno termina donde comienza la de los demás tendríamos que ser capaces de trasladarla a este mundo de las redes sociales. Algo se ha hecho pero creo que es insuficiente. Sin embargo, el mundo de internet evoluciona de forma tan rápida que, a veces, las administraciones vamos por detrás de la realidad.
¿Desde la Comisión cómo se ve el escándalo de las preferentes?
Mi criterio es que así como otros gobiernos permitieron que se produjera estas situaciones éste es el único que ha tomado medidas y decisiones para paliar los efectos de lo que se hizo y no se tenía que haber permitido hacer. Personalmente pienso que es una las ‘estafas’ -entre comillas, ya que a mi no me corresponde juzgar- mayores que se han podido producir.
