Víctor GenéPor Víctor Gené Tolnay, Abogado del Departamento Mercantil-IP&IT de Crowe Horwath Legal y Tributario 

En un contexto global de crisis económica como el actual, y ante la acusada disminución de ventas de la edición en papel en los últimos años, el sector del libro en España se ha visto obligado a replantearse su modelo de negocio, en aras a encontrar nuevas fuentes de ingresos.

A este respecto, uno de los principales revulsivos del avance de las editoriales, está siendo su apuesta firme por la venta de licencias digitales1. Siendo los otros motores de dicho avance el binomio “sociedad de la información / nuevas tecnologías”, que han permitido, a través de avances tecnológicos significativos, romper las barreras geográficas que tradicionalmente han caracterizado al sector. De tal manera, las editoriales, tiendas y autores han pasado a ofrecer sus libros a través de Internet en distintos formatos digitales, a nivel mundial, y (en función de la legislación del país en cuestión) a un coste mucho menos elevado, posibilitado por el acceso directo al consumidor.

Habida cuenta de todo lo anterior, cabe advertir que la irrupción de este nuevo modelo de negocio presenta importantes retos a nivel tecnológico, contractual, legal y fiscal que no deben escapar al sector, y que serán vitales para su subsistencia.

Medidas tecnológicas de protección
A fin de evitar las copias ilegales, y otra serie de graves implicaciones económicas y legales, resulta indispensable utilizar mecanismos para la protección de contenidos como son, entre otros, los Digital Rights Management (DRM). Su finalidad es predeterminar, a través de un software, los usos permitidos al usuario por el titular de los derechos sobre una obra digital (en la mayoría de los casos, la editorial). Ello es posible dado que se vincula y monitoriza la compra de la licencia a un usuario y hardware determinado.

En todo caso, se deberá tener presente (i) el aumento de los costes que los DRM pueden suponer respecto al PVP final y (ii) que los DRM deben garantizar el respeto a la intimidad en lo relativo al tratamiento de datos personales. A este respecto, se vislumbra que para el ejercicio 2014 ya se habrá aprobado el nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de la personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, actualmente en fase de discusión en las instituciones comunitarias. Toda empresa del sector que digitalice sus libros no deberá pasar por alto dicho Reglamento si no quiere enfrentarse a las correspondientes sanciones.

Medidas contractuales de protección
El contrato de edición regulado en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), es el pilar sobre el que se fundamenta la distribución y venta de los libros. Una barrera típica con la que se están encontrando las editoriales que tienen interés en comercializar un libro digital y a nivel internacional es que el modelo de contrato utilizado con los autores no se lo permite. En este sentido, es de vital importancia disponer de un contrato que garantice:

1. Cesión del derecho de comunicación pública. Este es el derecho que permitirá al editor la puesta a disposición del público de la obra a través de Internet. Si el contrato inicial no prevé la cesión de este derecho, será preciso negociar la suscripción de un nuevo contrato o firmar una adenda a incorporar al mismo. A este respecto, cabe tener presente el art. 43.5 LPI, el cual dispone que “la cesión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos en el momento en el que se efectúa la cesión”. Por ende, es recomendable que las editoriales incluyan una lista detallada de las modalidades de uso y medios de difusión para los que se otorga la licencia.

2. Determinación de todos los países y lenguas en que podrá distribuirse la obra digital. De lo contrario, el autor podrá distribuir la obra en países y lenguas que queden fuera del ámbito del contrato e incluso impedir al editor la distribución en dichos países.

Por otra parte, para poder proyectar la expansión en diversos territorios es necesario o bien disponer de una plataforma de distribución y de pago propias, o bien crear alianzas estratégicas globales con plataformas internacionales, disponiendo de unos contratos que protejan los intereses económicos tanto de la editorial como del autor. En este último caso, dichos contratos deberán prever, entre otros aspectos, la compatibilidad de los formatos digitales con los dispositivos tecnológicos existentes en el mercado, el precio por descarga, responsabilidades, etc.

A su vez, tal y como se ha señalado anteriormente, el contrato de licencia que suscriba la entidad española correspondiente con el usuario (normalmente a través de la aceptación on-line de unos términos y condiciones no negociables), deberá respetar las exigencias señaladas tanto en la Directiva 2000/31 como en la Ley de Servicios de Sociedad de la Información (LSSI) y especificar, entre otros aspectos, el ámbito temporal y material de la licencia, los DRM aplicados, las medidas de protección de datos adoptadas y la legislación aplicable.

Medidas legales de protección
Las obras digitales están expuestas a los riesgos que suponen su distribución por Internet, por ello es preciso la implementación de DRM. A este respecto, los actos de supresión o neutralización de los DRM constituyen un ilícito civil que permite al titular de derechos reclamar (i) el cese de la actividad ilícita del infractor; (ii), en su caso, medidas cautelares; y (iii) una indemnización por los daños (materiales y morales) sufridos, en los términos previstos en la LPI. Asimismo, si dicha la supresión o neutralización se lleva a cabo con dolo y ánimo de lucro, se incurrirá en un ilícito penal, dando lugar a sanciones con pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses.

Tratamiento fiscal y de precios
Conviene señalar que a nivel internacional existe una acusada diversidad de normas en materia fiscal y de precios que, de forma previa a la distribución internacional de las licencias digitales, deberá ser analizada para cada mercado potencial. En particular,

1. El sistema del precio fijo: en España se ha establecido un sistema de precio fijo regulado en la Ley del Precio Fijo, que no permite vender el libro electrónico por debajo del 5% de descuento con respecto al PVP. No obstante, en las exportaciones del libro electrónico no resulta de aplicación dicha norma. Otros países (i.e., EE.UU) disfrutan de un régimen normativo de precio libre, lo cual los convierte en territorios potencialmente más competitivos.

2. El tratamiento fiscal: en España, el libro tributa a un tipo reducido del 4% de IVA, como medida para impulsar la cultura, a diferencia del precio de venta de los libros digitales, establecido en un 21%. Es menester señalar que, según la Comisión Europea, los libros digitales constituyen una forma de e-commerce y, por tanto, no son un producto, sino un servicio. De ahí que en España no se haya podido aplicar el tipo reducido que tanto reclama y necesita el sector editorial y que conlleva un precio mucho menos competitivo en comparación con otras legislaciones que han previsto un trato especial también al libro electrónico (i.e, India, Corea del Sur). Es por ello que los avances del sector, si bien son significativos, no se traducen en un aumento de facturación equivalente a nivel nacional, viéndose obligadas las editoriales españolas a internacionalizar su oferta y dirigirse a otros mercados más competitivos.

Conclusión
El célebre Albert Einstein vaticinó que “En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”. Y precisamente está siendo la capacidad de reinventarse lo que está permitiendo al sector del libro salir a flote y subsistir ante este nuevo escenario de crisis global.
No obstante lo anterior, si los legisladores comunitarios (y españoles) no perciben las bondades de otras legislaciones que permiten al sector editorial digital ser más competitivo por disfrutar de tratamientos fiscales reducidos o de régimen de libertad de precios, y no se reacciona a tiempo, los mercados del libro digital Comunitario y Español, irremediablemente podrán ver frustradas sus perspectivas de crecimiento e incluso,, en algunos casos, no amortizar sus inversiones en su salto a la digitalización.

En todo caso, los agentes del sector deben seguir prestando especial atención a las modificaciones legales y fiscales del sector y adaptar oportunamente su modelo de negocio: digitalizar para sobrevivir.

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