Hace cinco años que Antonio Hernández Gil es decano del ICAM. Sin duda le ha tocado vivir momentos convulsos. Especialmente en los últimos tiempos, cuando los problemas en el turno de oficio o las tasas judiciales han llevado a muchos profesionales a protestar por todos los rinconces de España, y en el caso del turno de oficio, con especial intensidad en la capital. Algunos de estos sectores han criticado al actual decano del ICAM, al que acusan de no haber defendido con la suficiente contundencia lo que se consideran ataques al mundo jurídico. Él, sin embargo, defiende su liderazgo durante estos años al frente del principal Colegio del país. Consciente que algunas de estas polémicas pueden pasarle factura, asegura que han duplicado el patrimonio del Colegio en cinco años permitiendo abordar ahora con holgura el futuro de la institución. Además, asegura que la dinámica electoral implica que los que quieren entrar reclamen un cambio y por lo tanto, critiquen la acción realizada. «Son exigencias del guión», concluye. 

A través de esta entrevista, a escasasa horas de que se conozca el resultado, hablamos que el actual decano sobre su programa, sus propuestas, su legado y sus apuestas para el futuro.

Se ha hablado de la importancia de estas elecciones. ¿Tienen más trascendencia que las anteriores? ¿Por qué?

Todas las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid han tenido mucha trascendencia. En esta ocasión es cierto que es sorprendente el número de candidatos, nunca había habido tantos. Y también lo es que es necesario dar un impulso a la voz del Colegio y contribuir a que se reconozca la trascendencia social de la administración de justicia, en general, y de la abogacía, en particular. La abogacía debe jugar un papel esencial en la vertebración de la sociedad civil, especialmente en el actual entorno de crisis social, política y económica.

Si usted es reelegido decano del ICAM, ¿cuál sería la primera medida que impulsaría? 

Nosotros hemos propuesto hasta 44 medidas concretas a aplicar, todas ellas importantes. Más que por una medida, me decantaría por tomar las medidas necesarias para que el Colegio de Madrid tuviera el peso específico que debe en el contexto de la abogacía
española. Pero lo primero que haría sería llamar a todas las candidaduras para que participen más en la vida colegial. Todos nos necesitamos en una abogacía que debe ser cooperativa y no de confrontación.

¿Cuáles son los principales problemas que deberá afrontar el futuro decano?

No se trata de problemas, se trata de gestionar el día a día de una institución con 65.000 colegiados, que deben sentirse parte del Colegio, de ofrecerles los mejores servicios y de cuidar que puedan realizar su trabajo con total independencia y libertad, frente a las
administraciones públicas e instancias judiciales, pero no como un privilegio de los abogados, sino como algo necesario para garantizar el derecho que todos los ciudadanos tienen a una tutela judicial efectiva.

Ha asegurado usted que los programas que presentan sus rivales no son realistas. ¿En qué no lo son? Precisamente porque lleva años al frente del ICAM, ¿cree que se ha equivocado en algo en estos últimos años? O dicho de otro modo ¿ahora haría algo de un modo distinto?

No es que no sean unos programas realistas, es que a veces tengo la impresión de que se plantean medidas que, o se quedan en meras declaraciones vacías de buenas intenciones en las que todos estamos de acuerdo, o proponen servicios que ya realiza el Colegio, o plantean acciones económicamente irrealizables. Da la impresión de que desconocen la realidad del Colegio.

Claro que en cinco años de gestión habremos tenido errores y aciertos. Y algunas cosas se habrían podido hacer mejor. Eso sucede siempre que se tiene la responsabilidad de la gestión. Pero, a juzgar por el tono difuso de las críticas, no hemos debido hacerlo mal
si todo lo que pueden decir son las vaguedades que estamos oyendo o la insistencia en temas en que, pura y llanamente, no se cuenta la realidad de los hechos, como sucede en relación con el servicio médico o con la quiebra del derecho de defensa en la intervención
de las comunicaciones personales entre abogados y clientes en prisión. Nosotros hemos demostrado que somos capaces de hacer las cosas bien y de dejar un Colegio saneado económicamente y racionalizado organizativamente.

Sobre la mesa hay cuestiones importantes como por ejemplo el turno de oficio. Usted ha asegurado que exigirá un mínimo de 60 días para que el abogado cobre sus honorarios. ¿Cómo lo hará exactamente? ¿Cree que la administración puede cumplir en estos momentos con los pagos?

El turno de oficio es un servicio público esencial que, gracias a la actuación de los abogados y a la organización del Colegio se presta con un extraordinario nivel de calidad. Lejos de reconocerse así, se traslada a los medios una imagen negativa porque la Administración no paga y, lógicamente, los abogados se quejan aunque siguen cumpliendo ejemplarmente con sus obligaciones, lo que no hace la Administración. Es lamentable. Lo que debemos hacer es estar todos los abogados unidos para que se reconozca el enorme valor de este servicio. Porque claro que se puede pagar. El coste anual del turno de oficio de Madrid para la Comunidad (en torno a unos de unos 40 millones de euros), es mucho menor que lo que cuestan otros servicios menos esenciales. El problema no son sólo los retrasos de los pagos, sino la incomprensible insensibilidad a la hora de reconocer su valor y trascendencia social. Es esto
lo que causa la desatención económica.

¿Y cuál es su postura sobre el seguro médico?

Una de las claves por las que me presento de nuevo al cargo de decano es para impulsar el inicio de la Mutua de asistencia sanitaria, que gestionará los activos afectos al Servicio médico segregados del Colegio, a fin de garantizar que el servicio médico continúe en las mismas condiciones y con los mismos costes que hasta ahora. Esto era algo absolutamente necesario que se ha hecho bien y hay que consolidarlo.

¿Y sobre las tasas judiciales? ¿Cuál debe ser el papel del colegio?

La oposición del colegio y de este decano en funciones a la Ley de Tasas ha sido siempre clara y rotunda. Son cantidades exageradas que vulneran la igualdad de todos ante la ley y el derecho a la tutela judicial efectiva. Es muy probable que la Ley acabe en el
Tribunal Constitucional que, con los mismos criterios con que midió la constitucionaliddad de la Ley que reintrodujo las tasas para grandes sociedades en 2002, debería declarar la inconstitucionalidad de la presente Ley.

Últimamente ha recibido usted críticas por un asunto antiguo – el caso Garzón -. ¿Cree que el la actuación del colegio fue acertada? ¿Qué le parecen estas críticas?

La actuación del Colegio fue del todo correcta. Fuimos los primeros en denunciar los hechos y exigir a la instituciones que podían –y debían- hacerlo, como el Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal General del Estado, el inicio de acciones. Nos personamos en la
causa donde se produjeron las escuchas y recurrimos todas las resoluciones que se habían ordenado o prorrogado. Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decretó la nulidad de dichas resoluciones siguiendo los argumentos del Colegio, entendimos que el derecho de defensa vulnerado se había repuesto. A partir de ahí, consideramos también que la querella contra los funcionarios que habían intervenido en las escuchas, que inicialmente habíamos autorizado (no ordenado) no era ya ni necesaria para salvaguardar el derecho de defensa restablecido, ni adecuada a la función institucional del Colegio. Respeto a quienes piensan que deberíamos haber llegado hasta el final en la exigencia de responsabilidades personales a los funcionarios intervinientes, pero creímos que ese no era el papel de esta institución. Lo que no me parece correcto es decir que el Colegio no hizo nada, porque hizo mucho en la tutela del derecho de defensa, algo distinto muy distinto a dirigir la acusación contra un juez por prevaricación cuando el derecho de dfensa ya ha quedado salvaguardado en el proceso donde se violó.

Propone usted reformar los estatutos del ICAM. ¿Cómo y por qué?

Se trata de culminar la reforma que se ha iniciado bajo mi actual mandato. La reforma persigue modernizar los estatutos y adaptarlos a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, potenciando la transparencia en la gestión colegial y aumentando la participación de todos en la vida colegial, no sólo en día de las elecciones.

¿Cuáles son las diferencias entre usted y el resto de candidatos? Dicho de otro modo,¿Qué puede usted aportar al colegio que no puedan aportar los demás?

La experiencia demostrada de una gestión eficiente, austera y siempre marcada por la independencia, la profesionalidad y la responsabilidad. Hemos más que duplicado el patrimonio del Colegio en cinco años permitiendo abordar con holgura el futuro de la institución. Ningún candidato podría hacer nada de lo que propone, si nosotros no hubiéramos hecho esta gestión antes.

Permítanos acabar con un ejercicio de transparencia…..¿Cómo se ha financiado su campaña electoral y cuánto ha costado?

Se financia con las aportaciones personales de los catorce miembros de la candidatura. No hay pagos de ningún despacho ni tenemos ninguna empresa que nos avale o nos financie. Somos plurales, de despachos de todo tipo e independientes en nuestra financiación y en nuestras actuaciones. No sé el coste de la campaña porque todavía no ha terminado.

¿Cree que los últimos años como decano – teniendo en cuenta la difícil situación actual – le pasan factura en esta reelección?

Es lógico que las posiciones de los demás candidatos se centran en criticar la labor realizada. ¿Cómo podrían si no justificar el cambio?. Son exigencias del guión. Pero yo confío en la inteligencia de los abogados para examinar la eficiente gestión pasada, las propuestas programáticas de todas las candidaturas y la credibilidad de sus equipos, sea cual sea el resultado.

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