La Federación de Abogados de Europa presentará una queja formal en contra de las tasas judiciales que se empezarán a pagar este lunes, ante el Gobierno, el presidente del Tribunal Constitucional y el Rey, según afirmó el Secretario general de la entidad la pasada semana en la ‘Conferencia Anual de la Abogacía 2012’. En el caso de que la ley no fuera retirada, la abogacía europea también ha asegurado que se someterá una resolución de condena al Gobierno español a la Asamblea General de Frankfurta y se iniciará una campaña a nivel europeo contra esta ley.

El acuerdo se puso de manifiesto el pasado jueves, 13 de diciembre, en la mesa «Abogacía, Crisis y Derechos Humanos» moderada por Antonio Garrigues y celebrada en el marco de la Conferencia Anual de la Abogacía que tuvo lugar en Madrid. El Secretario General de la Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE), Javier Diago afirmó que “las cuantías desorbitadas que establece la reciente Ley de Tasas Judiciales son un obstáculo insalvable para el acceso a la Justicia de la mayoría de la población, vulnerando el derecho constitucional de acceso a la tutela judicial efectiva”.

por su parte, el Decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, presidió la mesa “Abogacía, Crisis y Derechos Humanos”. A raíz de la aprobación de la Orden de Hacienda de los modelos para la liquidación de las tasas judiciales, que entra en vigor hoy lunes, el Decano de Valencia recordó: “La exposición de motivos de la Ley, que en 1986 suprimió en España las tasas judiciales con el apoyo de todos los grupos políticos y con enmiendas de Ruiz Gallardón (padre) reconocía que la constitución obliga a los poderes públicos a promover condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas”, y añadió: “Parece que los valores constitucionales no son los mismos en 1986 que en 2012”.

El Decano del Colegio de Abogados de Valencia, durante la citada Mesa destacó que: “Sin abogados, ninguna sociedad libre y justa es posible”, y citó la mencionada exposición de motivos por el que se suprimieron las polémicas tasas: “La Constitución Española, en su artículo 1, propugna la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico español. Además, en el párrafo 2 del artículo 9 instituye a los poderes públicos en la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”.

En el ámbito de la administración de justicia, Mariano Durán recordó que “los valores constitucionales se manifiestan en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la propia Constitución. El que además de la justicia se manifiesten también la libertad y la igualdad y el que todas ellas sean, como quiere la constitución, reales y efectivas, depende de que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica y su posición social”, concluyó el Decano.

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