Vocales CGPJEl Pleno del Senado completó, este miércoles, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, poniendo fin a un polémico nombramiento criticado por jueces y fiscales y que ha costado el puesto al líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. La cámara alta designó a los diez vocales que le corresponden, al igual que ocurrió con los otros diez miembros del órgano de gobierno de los jueces nombrados por el Congreso.

Del total de doce magistrados que componen el nuevo CGPJ, siete han sido propuestos por el PP y cinco por el PSOE, mientras que de los ocho que entran por el turno de juristas, tres lo han sido por el grupo popular, dos por el socialista, uno por IU, otro por CiU y el último por PNV.

Los siete magistrados propuestos por el PP son Rafael Fernández Valverde y Wenceslao Olea (del Tribunal Supremo), y los presidentes de los tribunales superiores (TSJ) de Navarra, Juan Manuel Fernández, y Murcia, Juan Martínez Moya; de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska; de la Audiencia de Valencia, Carmen Llompart, y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán.

Los cinco magistrados propuestos por el PSOE son Clara Martínez de Careaga (del Tribunal Supremo), Roser Bach Fabregó (de la Audiencia Provincial de Barcelona), María Victoria Cinto (de la Audiencia de Guipúzcoa), Rafael Mozo (Audiencia de Madrid) y María del Mar Cabrejas (Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid).

De los ocho juristas, el Senado ha aprobado hoy a cuatro, la secretaria judicial María Ángeles Carmona y el catedrático Vicente Guilarte Gutiérrez (ambos propuestos por el PP), la abogada Pilar Sepúlveda (por el PSOE) y la diputada de CiU Mercé Pigem.

El Congreso aprobó ayer los otros cuatro, la abogada del Estado Nuria Díaz Abad (por el PP), el letrado y exdiputado socialista Álvaro Cuesta, la secretaria judicial María Concepción Saez Rodríguez (por IU) y el abogado Enrique Lucas Murillo (por PNV).

La independencia del órgano, cuestionada

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró el pasado lunes que la renovación del CGPJ ha conseguido “además de un amplio consenso político, que el órgano de gobierno de los jueces gane en agilidad y en eficiencia”. Según Gallardón, la renovación marcará “un antes y un después” en el Poder Judicial.

Sin embargo, el proceso no ha quedado exento de críticas. Un colectivo de 350 jueces dirigió la pasada semana un escrito a los partidos políticos con representación parlamentaria para denunciar la “politización de la justicia española”. Se trata del mismo colectivo de magistrados que promovió, el pasado mes de octubre, unas elecciones alternativas de carácter simbólico organizadas a través de correo electrónico y bajo fe pública notarial “para denunciar la submisión del gobierno judicial a la partitocracia”.

Por su parte, el Consejo Fiscal expresó su «profundo malestar y estupor» ante el hecho «sin precedentes» de que los grupos parlamentarios no hayan contado con ningún miembro de la Carrera Fiscal en la composición del CGPJ. Los fiscales aseguran que con ello se «desaprovecha» la experiencia y el conocimiento de la realidad diaria del funcionamiento de la Administración de Justicia y lamentan que a través de los acuerdos adoptados por los partidos políticos se prive a la Carrera Fiscal de cualquier presencia en el órgano, «cuando el Ministerio Fiscal es una institución que está expresamente insertada por la Constitución en el ámbito propio del Poder Judicial».

Próximo capitulo: elección del presidente del TS

Estos veinte nuevos miembros del CGPJ elegirán después al presidente del Tribunal Supremo y del propio órgano de gobierno de los jueces, para el que se baraja con más posibilidades el nombre del magistrado del Supremo Carlos Lesmes. Cuando tomen posesión, los vocales del Poder Judicial designarán también a los seis miembros de su comisión permanente, que son los que tendrán dedicación exclusiva, ya que el resto compaginarán el cargo con sus actuales puestos.

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