Mientras se desarrolla dicho mecanismo, se habilitará la posibilidad de presentar dichas deudas como aval para el pago de obligaciones tributarias aplazadas o fraccionadas, de manera que incluso puedan compensarse «automáticamente» con la Administración General del Estado.
Los ‘populares’, que inicialmente planteaban que la cuenta afectase a todas las administraciones públicas y no sólo a la central, han pactado finalmente esta transacción con CiU, PNV, ERC-IU-ICV y Grupo Mixto, a la que también se ha sumado el PSOE, y que pide además que se cambie el criterio de tributación del IVA, de forma que los autónomos no tengan que pagar este impuesto sobre facturas que aún no han cobrado.
Reclaman que se ponga en marcha de forma «inmediata y urgente» la línea de crédito del ICO a ayuntamientos para hacer frente al pago de deudas con empresas, una medida incorporada antes del verano en la Ley de Morosidad, con el voto en contra del PSOE.
Durante esta negociación, el PP llegó a plantear que este sistema no alcanzase sólo a los impuestos, sino también a las deudas de las empresas con la Seguridad Social, si bien, a iniciativa de CiU, esta posibilidad finalmente se excluyó.
La portavoz de Hacienda del PP, Ana Madrazo, ha denunciado que el conjunto de administraciones públicas adeudan a empresarios y autónomos un volumen total de 30.000 millones de euros, cuyos plazos «son cada vez más dilatados», siendo «especialmente grave» en el caso de los ayuntamientos, algo que también ha repercutido negativamente en la recaudación tributaria, en un volumen de más de 11.600 millones de euros en 2009.
