Los estatutos de una sociedad mercantil reflejan los acuerdos de los socios sobre las normas de funcionamiento de la entidad. La Ley de Sociedades de Capital establece su obligatoriedad y su contenido mínimo, si bien rige el principio de libertad de pactos por lo que los socios, siempre dentro de los marcos legales vigentes pueden establecer unas normas más amplias o incluso diferentes.

Si bien en todos aquellos términos que no se recojan en los estatutos pactados por los socios se deberá recurrir a lo establecido en la propia Ley, es recomendable que dicho pacto tenga en cuenta una serie de situaciones presentes o futuras y se regulen desde el primer momento ya que la modificación posterior de los estatutos requerirá su aprobación en Junta, su certificación en escritura pública y su inscripción en el Registro Mercantil.

Es conveniente, por tanto, tener en cuenta una serie de aspectos fundamentales que deben contemplarse para evitar su posterior aprobación y los conflictos que pudieran surgir en ese momento y que podrían activar el derecho de separación del socio.

Términos esenciales de los estatutos

Como términos esenciales de los estatutos nos encontramos, en primer lugar, con la denominación social que hayamos elegido y que podremos asignar por tener certificación del Registro Mercantil de que no hay otra sociedad con el mismo nombre; el objeto social (actividades que va a realizar la sociedad), el domicilio social; el capital social (dividido en acciones o participaciones); el sistema para tomar acuerdos (celebración de juntas, mayoría necesaria, etc.) y los órganos de administración.

Respecto del objeto social conviene detallar todas las actividades que pretenda realizar la sociedad aunque en el momento en que inicie su actividad no baja a ejecutarlas todas. La modificación posterior del objeto social puede traer problemas ya que puede haber socios que no estén de acuerdo y eso facilitaría a éstos la reclamación de su derecho de separación.

En cuanto al domicilio social, es norma general que se habilite, por medio de los estatutos, al órgano de administración de la sociedad a cambiar dicho domicilio siempre que esta variación sean dentro del mismo término municipal, en caso contrario deberemos regirnos por el criterio general y aprobarse en Junta.

El capital social estará dividido en acciones o participaciones con un determinado valor nominal. Este aspecto no admite más debate que el que supone determinar el total del capital, su división y qué parte del total aporta cada socio.

Lo que sí puede ser relevante es que la adquisición de la condición de socio supone una serie de derechos y obligaciones y que si bien la propia Ley los determina de manera general, pueden modificarse estatutariamente en aspectos como el reparto de beneficios; el derecho de suscripción o adquisición preferente, etc. También se puede establecer una serie de privilegios para los socios fundadores en relación a los derechos de los que se puedan incorporar después a la sociedad.

También se debe tener en cuenta el hecho de que puedan coexistir diferentes tipos de acciones y participaciones sociales, algunas incluso sin derecho a voto. Recoger en los estatutos la posibilidad de emitir esos diferentes tipos de acciones puede resultar beneficioso.

Otro aspecto fundamental en relación con las acciones y participaciones sociales tiene que ver con la transmisión de las mismas. En estos casos se suele diferenciar entre la transmisión “inter vivos” y la transmisión “mortis causa”. Si se diera la primera circunstancia los estatutos deberían reflejar si es necesaria la autorización de los otros socios para llevar a cabo la operación o si rige el derecho de adquisición preferente. En el caso de la transmisión mortis causa los socios podrían creer conveniente el prever un mecanismos de adquisición de las acciones o participaciones del socio fallecido.

Hay otra serie de situaciones que pueden provocar una modificación en la titularidad de las acciones o participaciones sociales y que los socios deberían contemplar a la hora de reflejarlo en los estatutos. Uno de esos casos es la transmisión forzosa, otro podría ser el embargo de participaciones. En cualquiera de los casos podría ser positivo que se acordara un mecanismo que regulara qué hacer en estas situaciones. Lo mismo ocurre con el derecho de usufructo o prenda que la Ley establece en favor de los socios.

El sistema que rige para la administración de la sociedad también es un acuerdo fundamental que ha de contemplarse en los estatutos. Optar por un sistema de administración (único o formado por varias personas que actúen solidaria o mancomunadamente) o bien por un Consejo de Administración es la primera decisión que hay que tomar al respecto. Otra son las facultades que se le otorgan a ese órgano, si se contemplan como cargos remunerados o no o si se acuerda un mecanismo de control de esa actividad más allá del que pueda derivarse de las facultades de la Junta.

El sistema de toma de decisiones, más allá de las facultades del órgano de administración es competencia de la Junta de socios/accionistas. En cuanto a ésto la Ley ya marca ciertos mínimos, pero los estatutos pueden regular la posibilidad de celebrar Juntas periódicas, más allá de la obligatoria para aprobar las cuentas anuales, establecer los mecanismos de convocatoria e, incluso, fijar unas cuotas diferentes en cuanto al cuorum o la necesidad de mayorías reforzadas para la adopción de determinados acuerdos, siempre teniendo en cuenta que no se puede rebajar el mínimo establecido por la Ley para estos casos.

También pueden completarse los estatutos fijando unas causas de disolución aparte de las ya contenidas en la Ley y unas pautas para el nombramiento de los liquidadores para estos casos.

Más allá de estos puntos generales, que suelen ser los esenciales e imprescindibles según nos dice la Ley, hay otra serie de aspectos que pueden incluirse en el acuerdo de los socios y que pueden ser relevantes.

Un ejemplo de estos acuerdos son la obligación de que los socios realicen prestaciones accesorias. Esto se refiere a los casos en que la condición de socio obliga a realizar una serie de tareas o servicios para la sociedad. En estos casos los estatutos deben contemplar el contenido de estas prestaciones, su remuneración, las consecuencias de su incumplimiento o qué pasa en el caso de que el socio quiera transmitir esas acciones o participaciones que llevan implícitas esa obligación.

Como puede verse, son muchos los aspectos a tener en cuenta a la hora de redactar los estatutos y pararse convenientemente a fijarlos de antemano, huyendo de la estandarización en la redacción, puede ahorrar disgustos y discusiones en el futuro.


Autor: Miguel Rodriguez

Asesor de empresas y director del área legal de Rodriguez Buján Asesores S.L. Puedes seguir sus publicaciones en Twitter como @misterempresa

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.