El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Málaga ha condenado al Banco Santander por incumplir el Código de Buenas Prácticas lanzado por el Gobierno a raíz de la pandemia -con el fin de reforzar la solvencia de empresas y autónomos- tras cancelar la financiación a una empresa malagueña del sector retail que llevaba en funcionamiento desde 1994 y contaba con más de medio centenar de empleados. La firma, Frisco International Clothing (FC&Co), se vio asfixiada económicamente y tuvo que cerrar sus diez tiendas en diciembre de 2023.

venta de acciones PopularTal y como explica Jesús Romero, socio responsable de litigación de Talento Abogados, despacho que ha defendido a la empresa malagueña, los hechos se remontan a mayo de 2021, cuando el Gobierno aprobó un Código Buenas Prácticas para la coordinación con entidades financieras de medidas de refuerzo de solvencia de autónomos y empresas. En concreto, el Real Decreto-ley 5/2021 implantó un conjunto de medidas extraordinarias con el objetivo de reforzar la solvencia de empresas y autónomos que, a pesar de tener negocios viables, vieron deteriorada su situación financiera como consecuencia de la Covid-19.

“La teoría era sencilla: las entidades se comprometían a promover la viabilidad financiera de autónomos y PYMES y, a cambio, tendrían acceso a la línea de avales gestionada por el ICO, por la que el Estado avalaba el 80% del importe de los préstamos. Sin embargo, la realidad fue muy distinta”.

En esta línea, añade la socia Ana Armijo, responsable del área de reestructuración e insolvencias de Talento Abogados, las empresas te toparon con “serias trabas”. “Por un lado, algunos bancos exigieron que los autónomos y empresarios avalasen el 100% de los préstamos con su patrimonio personal. De esta forma, cuando las empresas no podían hacer frente al pago de la deuda, la entidad financiera aseguraba su cobro, dirigiéndose frente al patrimonio familiar de la persona física. Por otro lado, cuando el autónomo o la pyme ya no eran -tan- rentables, la entidad financiera les cerraba el grifo de la financiación y dejaba que se asfixiaran financieramente, contraviniendo sus obligaciones legales”. Así, el banco seguía beneficiándose de las garantías de los avales del ICO, pero no asumía ningún riesgo, ni cumplía con los compromisos que había asumido al adherirse al Código de Buenas Prácticas.

En concreto, el Banco Santander decidió suspender la financiación con el pretexto de que no estaba obligado a mantenerla, pues la empresa no contaba con el aval del ICO. Sin embargo, la sentencia dictada ahora por el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Málaga, contra la que cabe recurso, declara lo contrario y confirma que la obligación de mantener el flujo de financiación afecta a todas las operaciones de financiación de la empresa, y no solo a aquellas que cuentan con aval público. “Precisamente por ello es pionera la sentencia, porque declara que el banco estaba obligado a aplicar las medidas al conjunto del flujo financiero de sus clientes, independientemente de si contaban con el aval de la Línea ICO o no”, asegura Ana Armijo.

Sin embargo, puntualiza Jesús Romero, aunque se ha condenado al Banco Santander a mantener el flujo de financiación de la empresa, a renovar los avales de los locales comerciales y a otorgar los préstamos necesarios para el pago de los impuestos, la empresa tuvo que cerrar sus puertas en diciembre de 2023. “La sentencia le obliga a conceder préstamos a una empresa que ya no puede pedirlos, porque está cerrada. Al no poder disponer ni de un solo euro de financiación para hacer frente al coste de nóminas, Seguridad Social, Hacienda, alquileres, proveedores, avales y deudas… FC&Co se declaró en concurso de acreedores para finalmente liquidarse. La verdad que es un final agridulce porque seguramente habría podido continuar su actividad si se le hubiera permitido acceder a las ayudas a las que tanta publicidad se les da por parte de las instituciones públicas”, concluye el abogado.

Fuente: Talento Abogados

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