La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril ha felicitado a los Colegios de Abogados por su iniciativa de crear Oficinas de Intermediación Hipotecaria en colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones de diferentes ciudades y provincias españolas. Estas oficinas tienen como objetivo asesorar a las personas que tienen problemas para hacer frente a sus hipotecas y mediar entre ellas y los bancos.
El Colegio de Abogados de Terrassa fue el primero en poner en marcha esta iniciativa y a él se han sumado ya otras 16entidades colegiales (Jerez, Cádiz, Granada, Almería, Córdoba, Girona, Ourense, Zaragoza, Valencia, Castellón, Antequera, Gijón, Málaga, Teruel y las dos últimas de Manresa y Granollers. En la foto, la firma del acuerdo de la Oficina de Málaga realizada hace unos días.
Becerril ha animado al resto de entidades colegiales a sumarse a este proyecto que considera un ejemplo de iniciativa sin coste económico para los ciudadanos pero de gran utilidad para éstos.
Los primeros balances de estas oficinas hablan de un 68% de acuerdos beneficiosos para los deudores y un coste por expediente de 166 euros (que asume la administración) frente a los 6.000 euros que supondría el proceso judicial hipotecario (3.000 euros entre tasas, aranceles, mandamientos registrales y honorarios) y otros 3.000 que es el coste que tiene el expediente judicial para el Estado, todo según cifras ofrecidas por los propios Colegios de Abogados.
Los efectos de la crisis económica generan el mayor volumen de quejas que llegan a la oficina del Defensor del Pueblo.
Por este motivo, el pasado mes de enero se presentó el informe “Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo” en el que se abordan los conflictos que reflejan las quejas presentadas ante la Institución, se exponen las actuaciones realizadas en estas materia y se presentan 20 recomendaciones para buscar soluciones a un problema cuya última consecuencia es la pobreza y la exclusión social.
Como se recordará hace tan solo unos días la propia Soledad Becerril compareció ante los medios de comunicación para dar unas pinceladas de lo que va a ser su gestión en los próximos cuatro años. A este respecto, sobre los datos relacionados delnúmero de expedientes gestionados por la Institución en los primeros siete meses de 2012 reveló un notable incremento de las quejas relacionadas con la economía y finanzas: ”Si en 2011 el número de expedientes en materia económica alcanzó los 5.800, en la actualidad existen 5.500 expedientes en trámite sobre asuntos económicos como: problemas con los bancos, productos financieros, hipotecas y prestaciones o ayudas.”
En otro orden de temas, la Defensora señaló que promoverá nuevas recomendaciones para luchar contra el despilfarro de dinero público. Becerril ha celebrado que en el recién aprobado proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno se hayan recogido las recomendaciones de la Institución en esta materia y ha adelantado que la Defensoría aportará nuevas recomendaciones para que sean tenidas en cuenta a lo largo de la tramitación parlamentaria de la Ley.
