El decreto ley, aprobado por el Ejecutivo el pasado 20 de febrero, contenía medidas urgentes para contrarrestar los episodios de violencia sexual que han creado alarma social en Italia en los últimos meses.
Entre ellas se encontraba la creación de rondas de ciudadanos, una medida a la que se ha opuesto el Partido Demócrata (PD) y que hoy ambos partidos han decidido retirar del texto durante la conferencia de jefes de grupos parlamentarios del Congreso.
El Tribunal Supremo italiano también se opuso a las rondas, tachándolas de inconstitucionales. Asimismo, varios sindicatos policiales acusaron el Ministerio de Interior de quitar recursos a las fuerzas del orden para destinarlos a las rondas ciudadanas.
Los puntos que se refieren a las rondas han sido eliminados con una enmienda de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, que ha estudiado el texto. Esto permitirá que la aprobación del decreto en el Parlamento sea rápida.
El decreto ley ‘anti-violación’ fue aprobado por el gobierno de Silvio Berlusconi días después de una oleada de ataques sexuales contra las mujeres en varias ciudades italianas, en primer lugar, en Roma y sus alrededores.
Estas violaciones en serie fueron cometidas en buena medida por extranjeros, prevalentemente rumanos, lo que alimentó la hostilidad y las represalias de parte de la población italiana contra la población inmigrante.
Sin embargo, las estadísticas demuestran que en el país transalpino, no más del 10% de las violaciones son cometidas por extranjeros. El compañero sentimental de la mujer es el autor del 70% de las violaciones, seguido por amigos o conocidos (17%).
Las rondas ciudadanas existen desde hace años en el norte de la península, sobretodo en Véneto y Lombardia, los bastiones electorales del partido de derecha de la Liga Norte. Se dirigen contra delincuentes y ciudadanos extranjeros irregulares, y periódicamente reclaman su legalización por parte de las autoridades.
