El sábado 20 de junio de 2026, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, declaró el estado de excepción (figura constitucional que reemplaza al estado de sitio)
La medida fue oficializada tras más de 50 días de bloqueos de carreteras y protestas que generaron desabastecimiento en distintas regiones del país.
Esta declaración temporal —que rige por 90 días— fue posteriormente aprobada por la Asamblea Legislativa para facilitar la intervención de policías y militares en la liberación de las rutas clave del país.
El motivo de esta decisión es enfrentar el desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno causado por el prolongado bloqueo de caminos en el occidente y centro de Bolivia.
El decreto prohíbe explícitamente la instalación de nuevos bloqueos, así como la portación de armas y explosivos durante la vigencia de la medida.
Los bloqueos en Bolivia responden a una combinación de demandas económicas, rechazo a las reformas del presidente Rodrigo Paz y motivaciones políticas instigadas por sectores afines al exmandatario Evo Morales.
El gobierno boliviano ha denunciado que estas movilizaciones más extremas forman parte de un intento de desestabilización política instigado por partidarios de Evo Morales. Tal así que el mismo Evo Morales instó al gobierno boliviano a convocar a nuevas elecciones anticipadas en un plazo de 90 días. El expresidente realizó este llamado a finales de mayo de 2026 como una medida para frenar la grave crisis social, política y económica que atraviesa Bolivia.
El gobierno de Rodrigo Paz rechazó de manera tajante la propuesta del exmandatario. Los voceros oficiales califican la postura de Morales como una acción «antidemocrática y sediciosa», argumentando que pretende desestabilizar a un gobierno legítimo que lleva tan sólo seis meses en el poder.
La economía en Bolivia se ha deteriorado gravemente debido a una aguda escasez de dólares y combustibles, un aumento significativo de la inflación y conflictos sociopolíticos que han paralizado diversas regiones.
La caída en la producción de gas ha destruido el equilibrio fiscal, mientras que prolongados bloqueos de carreteras han paralizado la distribución de alimentos y generado graves pérdidas.
No obstante, parte del motivo de la injerencia en la nueva gestión nacional de Bolivia tiene que ver con Evo Morales, quien se encuentra formalmente declarado en rebeldía y con una orden de aprehensión vigente emitida por la Justicia boliviana por no presentarse a declarar en el juicio penal que enfrenta. La Fiscalía de Bolivia lo acusa de presunta trata agravada de personas y abuso sexual, un caso que involucra a una menor de 15 años durante su mandato presidencial.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, y el mandatario Rodrigo Paz sostienen que la verdadera motivación de Morales es «esquivar» sus responsabilidades ante la ley. Morales permanece atrincherado en la región cocalera del Chapare, amparado por un fuerte respaldo de sus sectores sociales afines, desde donde desafía las órdenes judiciales.
