La Comisión Europea concluye que los avales del ICO y demás medidas adoptadas por el gobierno de España para combatir el covid19 fueron “necesarias, apropiadas y proporcionadas”. La Comisión de Competencia impide ayudas de Estado que generen distorsiones en el mercado único, pero exceptúa los casos de shock económico como el producido en la crisis del coronavirus.
Así que concluye que las ayudas aprobadas por el gobierno español son compatibles con el mercado interno al tratarse de medidas para remediar el estrés de liquidez producido como consecuencia del parón derivado por la pandemia.
El expediente de España no es el único que se cierra “sin objeciones”. Varios de los planes de los estados para combatir el covid19 han sido sometidos al estudio de la Comisión Europea este mes de marzo y en todos ellos se ha concluído de la misma manera. “Bruselas ha sido razonable ya que la inevitabilidad sobrevenida de la crisis del covid19 obliga a ser flexibles en la normativa europea sobre estabilidad presupuestaria y ayudas de Estado”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho europeo y de la Competencia.
Polonia bajo sospecha
Em cambio, Polonia se encuentra bajo examen riguroso de la Comisión Europea por presuntas ayudas de Estado a LG Chemical, un fabricante de baterías de litio para vehículos. El estado polaco anunció su apoyo con 95 millones de euros para apoyar el plan de expansión de la producción en la región polaca de Dolnoslakie
La Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, reconoce que la UE permite las ayudas de estado en las regiones más pobres de la UE pero con determinadas condiciones que duda que se cumplan en este caso. En primer lugar, duda de que la inversión pública tenga un efecto incentivador, es decir, que no se hubiera producido sin la existencia de la ayuda pública. En segundo lugar, duda de la proporcionalidad, puesto que afirma que “excede el máximo permisible”.
La Comisión también recuerda que las ayudas regionales están permitidas siempre que no supongan una reducción de costes operativos injusta para la libre competencia y no supongan la deslocalización de mano de obra de otras regiones menos favorecidas de la UE.
“La Comisión ejerce una excelente función de fiscalización de las ayudas estatales para evitar que se distorsione la libre competencia con cargo al contribuyente. Las dudas de Bruselas son legítimas. Estaremos atentos a su resolución”, concluye el socio director de navascusi.com