Por Pilar Sánchez-Bleda, socia directora de Legal & Media Advisers.

El pasado 11 de Mayo se daba a conocer el informe, no vinculante, de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU), Verica Trstenjak, en relación con la aplicación del canon por copia privada a tenor de la legislación española existente. La conclusión manifiesta de la letrada se centra en que el canon no puede operar de manera indiscriminada, deberá gravar únicamente aquellos equipos, aparatos y materiales que presumiblemente se utilicen para hacer copias privadas, no siendo de aplicación respecto aquellas empresas o profesionales que destinen dichos equipos a otros usos distintos a la realización de copias privadas.

Las conclusiones de la abogada traen su causa en el caso que enfrenta a la mercantil Padawan, empresa que comercializa dispositivos de almacenamiento electrónico y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Esta entidad de gestión reclama a la sociedad el pago de una compensación de más de 16.000 euros correspondientes a los dispositivos de almacenamiento comercializados entre 2002 y 2004. La Audiencia Provincial de Barcelona solicitó al TJCE su parecer respecto a si el canon español está acorde con la Directiva y si la SGAE puede reclamar por todos los dispositivos comercializados o sólo por los destinados a copia privada.

Ante todo, es preciso reseñar que la compensación por copia privada nace como consecuencia de la aplicación de un límite a los derechos de propiedad intelectual, y es por ello que la Directiva 200/29/CE permite a los Estados Miembros establecer límites a los derechos de Propiedad Intelectual legalizando la copia privada, opción utilizada por la mayoría de los estados miembros de la UE con la excepción de Reino Unido e Irlanda.

Ahora bien, el establecimiento de límites a cualquier derecho no puede ser en ningún caso atentatorio contra la propia finalidad del límite que se pretende. La finalidad de establecer una compensación equitativa por copia privada (canon) es precisamente gravar aquellos supuestos de hecho consistentes únicamente en una reproducción “para uso privado” y en efecto, la aplicación del canon sólo debería estar justificada cuando los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital vayan a ser destinados a copia privada. Si la finalidad de los mismos es totalmente ajena a la copia privada, la aplicación del canon sería contraria al concepto de “compensación equitativa” establecido en la propia Directiva.

Compartiendo la opinión de la letrada Trstenjak, ha de considerarse que “según muestra la práctica….no puede presumirse que en el caso de empresas y profesionales los equipos, aparatos y materiales se utilicen para la realización de copias privadas”. Así las cosas, la asignación de una retribución a los titulares de derechos como consecuencia de adquisición de aparatos para fines ajenos a la copia privada no debería dar lugar una compensación equitativa.

La aplicación indiscriminada de un canon por copia privada a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital, sin atender al sujeto que realiza la copia y a los fines para los que se destina la misma, vulneraría el equilibrio que debe existir entre la compensación equitativa (canon) y la limitación del derecho por copia privada que la justifica.

Por tanto, y a la vista de lo antedicho, puede concluirse que, en efecto, la regulación del canon en España sería compatible y aceptable con la normativa europea en tanto en cuanto permite configurar un sistema de gravamen que utiliza un método de cálculo a tanto alzado de la compensación equitativa pero choca frontalmente con dicha normativa si lo que se pretende es un aplicación indiscriminada del mismo, pues dicha aplicación extralimitaría la finalidad para la cual fue creado que no es otra que gravar, como su nombre indica, la copia privada.

Sería loable que el posicionamiento del TJEU contribuyese en España al inicio de actuaciones tendentes a una modificación legislativa que clarificase la legalidad en la aplicación del canon por copia privada y librase al sector de la inseguridad jurídica producida, una vez más, por la falta de nitidez y concreción en la redacción de las normas legales.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.