En lo que Vargas califica de «incremento espectacular» de estas penas, un total de 676 personas han sido condenadas a entre seis meses y tres años de cárcel por haber cometido infracciones de circulación con resultados muy graves (muertes o lesiones medulares y cerebrales) o por conducta «multirreincidente».
Las de prisión son sólo una pequeña parte del total de condenas por las infracciones de seguridad vial consideradas delitos desde la reforma del Código Penal en diciembre de 2007: desde el pasado enero, se han impuesto 48.484, la mayor parte por alcoholemia o por circular sin permiso.
La conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas ha sido la causa de más de la mitad de las condenas (24.671), y las motivadas por la circulación sin permiso han superado también las 20.000.
Vargas ha señalado que el incremento no se debe «a que haya más delitos, sino a una mejor aplicación de la ley», y ha insistido en que es necesario no centrarse sólo en la responsabilidad penal, sino también en otros factores como la educación en buenas prácticas y la mejora de las infraestructuras.
