Diputados abordara la legislación para definir agravantes por delitos en establecimientos educacionales
Fortalecer el régimen penal para delitos cometidos dentro de establecimientos escolares es el objetivo del proyecto que aprobó en general la Comisión de Constitución.
La iniciativa del Ejecutivo forma parte del Plan Escuelas Protegidas. Establece la incorporación de nuevas agravantes de responsabilidad penal. Apunta a los delitos al interior de escuelas, liceos y colegios que afecten a la comunidad educativa. La idea es que permitan que la respuesta punitiva sea de mayor severidad y acorde con la gravedad de los hechos.
La moción busca nuevas agravantes para quienes agredan a los equipos escolares, especialmente por parte de madres, padres y apoderados. Todo esto, tanto dentro de los establecimientos educacionales o en actividades educativas o extracurriculares.
DATOS DE LA VIOLENCIA
Previo a la votación, la comisión escuchó la presentación de la subsecretaria Quintana, quien entregó una serie de datos sobre delitos en escuelas y colegios. Señaló que, de acuerdo al Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), de un universo de 13.465 establecimientos educacionales, un 54,6% registraron al menos un caso policial durante 2025. De estos, 116 de los establecimientos registraron más de 38 casos policiales, es decir, al menos un caso semanal.
La Superintendencia de Educación registró 22.680 denuncias en 2025, esto representa un aumento del 18,7%, respecto de 2024, y de un 40,3%, desde 2022. De este universo, un 75% corresponden al ámbito de convivencia escolar.
La subsecretaria explicó también que, desde el primer semestre de 2021 a 2025, los maltratos a párvulos y estudiantes aumentaron de 137 a 9.299 casos. Ahora, las situaciones de connotación sexual subieron de 33 a 1.352 casos, mientras que el maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa pasó de 13 a 716.
El presidente del colegio de profesores, Mario Aguilar, reconoció dicho aumento sostenido de hechos de violencia en los establecimientos educacionales.
Desde la perspectiva del magisterio, es necesario aumentar las penas para quienes agredan al equipo escolar. El impacto de una agresión a un docente o asistente no lo resiente solo la víctima, sino toda la comunidad.
Por otro lado, solicitó la revisión del currículum docente, porque, desde su perspectiva, el sistema presiona tanto académicamente “que se nos ha olvidado la formación humana”.
El académico Ignacio Ried señaló que el proyecto logra transmitir una señal relevante para enfrentar la violencia en los establecimientos escolares advirtiendo que las normas penales también están destinadas a que los jueces puedan aplicarla. Por otro lado, le parece llamativo que el texto diga que las leyes deben equipararse a las de un adulto que cometa estos delitos, porque esto no dialoga con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La crítica también la compartieron sectores de la oposición que, incluso, rechazaron la idea de legislar del proyecto.
En la justificación de sus votos en contra o abstención argumentaron que no se conoce el impacto que estas nuevas agravantes tendrá en las infancias ni que sea efectivamente un elemento disuasivo. Además, criticaron que la norma se analice con urgencia calificada de discusión inmediata (seis días para el trámite) y que se vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por estas razones, se hizo reserva de constitucionalidad de la iniciativa.
