En las audiencias de la Comisión de Cultura por el proyecto de Ley del Patrimonio participaron 53 organizaciones.

En dos extensas jornadas, la Comisión de Cultura recabó la opinión de la sociedad civil organizada en torno a entidades culturales, indígenas y académicas para conocer su parecer sobre la nueva propuesta del gobierno para la protección del patrimonio.

A comienzos del mes de abril, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva al proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural.

Para avanzar en su tramitación, la Comisión de Cultura realizó dos jornadas de audiencias públicas sobre “Patrimonio: Compromiso y Participación Activa de Todas y Todos”, en las que un total de 53 organizaciones entregaron su opinión sobre el contenido de la nueva propuesta.

Las entidades de representación de pueblos originarios criticaron que ni el proyecto ni su modificación  contemplaran realizar una consulta indígena.

Esto contraviene los acuerdos internacionales, en el marco del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y solicitaron posponer su tramitación.

Las representantes del Colegio de Antropólogas y Antropólogos y de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, manifestaron que “se debe incluir el patrimonio indígena en la actual ley (…) para tener una visión integral de las culturas del país”

Una parte de los asistentes indicaron que el proyecto no explicita las competencias que tendrá el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, en términos de gestión medioambiental, excluyendo la mención a las evaluaciones ambientales.

En la oportunidad, se solicitó incluir nuevas perspectivas como el patrimonio vegetal y los parques decimononos, así como  aumentar las multas por la destrucción o intervención no autorizada de patrimonio paleontológico, destinando esos recursos a compensar los daños y perjuicios.

También se mostró preocupación por la regulación del depósito definitivo de materiales arqueológicos, que se entrega a un reglamento y no se explicita en la ley.

Por otro lado, distintas organizaciones coincidieron en la modernización de la institucionalidad de la actual Ley de Monumentos Nacionales, para actualizar sus categorías y otorgar una protección efectiva al patrimonio cultural en Chile, mediante su identificación, conservación, puesta en valor, gestión y promoción.

Asimismo, destacaron que haya reconocimiento a los sitios de memoria, que se entreguen mayores funciones y autonomía a los niveles regionales; la división de los tipos de patrimonio que existen en Chile – que la ley actual no recoge- y la conformación del nuevo Consejo de Monumentos.

También es valorado que simplifique el tratamiento de los instrumentos de gestión patrimonial; que cree el Inventario del Patrimonio Cultural de Chile y los Registros Regionales del Patrimonio Cultural Inmaterial y que fortalezca los mecanismos de incentivos, compensaciones y subsidios, para el patrimonio protegido, tanto a nivel nacional como a nivel local.


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