Se aprobó el Proyecto de Ley que regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos y amplía la prestación de sus servicios.

La Plenaria del Senado aprobó en último debate, y por unanimidad, el proyecto de ley que regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior, una iniciativa del Gobierno Nacional que lideró el Ministerio de Justicia y del Derecho.

La iniciativa busca actualizar la regulación de dichos centros con el fin de mejorar las técnicas, estrategias, aptitudes y habilidades prácticas de los estudiantes de Derecho.

Con ello, se busca consolidar una mejor formación universitaria para una adecuada comprensión de la administración de justicia.  

Además se verá optimizado el acceso a la administración de justicia de la población más vulnerable, para que pueda contar con una adecuada representación y asistencia por parte de personas con conocimientos jurídicos.    

La iniciativa pretende ampliar el número de personas beneficiadas con los servicios de los consultorios, dar voz a los ciudadanos y fortalecer el sistema de justicia a nivel territorial, conforme a las bases del Plan Nacional de Desarrollo y en el marco del Pacto por la Legalidad.  

De acuerdo con el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, la aprobación de este proyecto que pronto se convertirá en Ley de la República contribuye a aumentar la confianza de los ciudadanos en los abogados.

“La regulación del funcionamiento de los consultorios jurídicos contribuye a la formación integral de los profesionales del Derecho mediante el fortalecimiento de su función ética y social, y a la consolidación de las instituciones educativas como escenarios de aprendizaje práctico”, indicó.   

Este logro del Gobierno es una gran oportunidad para fomentar en los estudiantes de ciencias jurídicas una perspectiva de igualdad, respeto por la diversidad e inclusión.

“Garantizar los ajustes necesarios para que los estudiantes, docentes y beneficiarios de los consultorios jurídicos puedan tener acceso y participar activamente en ellos en igualdad de condiciones, es una meta propuesta en este periodo de gobierno, que busca combatir la desigualdad y el alcance de la equidad”, resaltó. 

Dentro de los cambios más significativos que establece el proyecto de ley está la ampliación de los servicios hacia la conciliación en derecho y en equidad, la representación judicial y extrajudicial, las actuaciones administrativas y el litigio estratégico, y la prestación de servicios de mediación y de mecanismos de justicia restaurativa.

Por la ley 583 del 2000, las facultades de derecho oficialmente reconocidas organizarán, con los  alumnos de los dos (2) últimos años lectivos, consultorios jurídicos cuyo funcionamiento requerirá aprobación del respectivo Tribunal Superior de  Distrito Judicial, a solicitud de la facultad interesada. Los consultorios jurídicos  funcionarán bajo la dirección de profesores designados al efecto o de los  abogados de pobres, a elección de la facultad, y deberán actuar en  coordinación con éstos en los lugares en que este servicio se establezca.  Los estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos de las facultades de  derecho, son abogados de pobres y como tales deberán verificar la capacidad  económica de los usuarios. En tal virtud, acompañarán la correspondiente  autorización del consultorio jurídico a las respectivas actuaciones judiciales y  administrativas.

Fuente: Prensa Minjusticia, Colombia


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