La propuesta para aumentar las sanciones a quienes agredan a personal de salud y educación avanza en su trámite legislativo.

En lo que va del año, ya son 594 las agresiones que han sufrido funcionarios de los servicios de salud por parte de pacientes o familiares de ellos.

Un promedio de 3 agresiones por día y de ahí la importancia del apoyo unánime que le dio la Sala del Senado al proyecto que aumenta las sanciones a quienes agredan al personal que trabaje en los servicios de salud y de educación.

La Sala aprobó por unanimidad la iniciativa que cumple su segundo trámite y ahora corresponde que la Comisión de Constitución la discuta en particular. Tras el apoyo en general, ahora el proyecto vuelve a la Comisión para su estudio en particular.

Fundamentalmente, el proyecto señala que el que hiera, golpee o maltrate de obra a un profesional de la educación que preste servicio en establecimientos educacionales pre-básicos, básico, y medio, en instituciones reconocidas por el Estado, o a un funcionario de un servicio de salud, en el ejercicio propio de su cargo, o con ocasión de ella, será castigado con las siguientes sanciones:

1.- Con la pena de presidio mayor en su grado medio (de 10 años y un día a 15 años) si de resultas de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.

2.- Con presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años), si las lesiones producen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.

3.- Con presidio menor en grado mínimo a medio (de 61 días a 3 años), si le causa lesiones menos graves

4.- Con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, o con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, sólo esta última, si le ocasiona lesiones leves o no se produce daño alguno.

Sin embargo, el senador Huenchumilla manifestó que “sería oportuno que el Gobierno diseñe un mecanismo de prevención” de este tipo de agresiones, pues sólo el año pasado el 60% del personal de salud dijo haber sido sujeto de violencia.

Por su parte, la senadora Allende se solidarizó con quienes han sido víctimas de agresiones tanto en salud o en educación y recordó que este proyecto es demandado por ambos sectores.

En tanto, el senador Chahuán manifestó que es importante un proyecto de ley que sancione y que establezca la obligación de asistencia jurídica para la víctima.

Por otro lado, el senador Navarro puso énfasis en la necesidad de que los establecimientos cuenten con medidas de seguridad. “Esto tiene que ser evitado preventivamente y los jefes de servicio tienen que demandar en los presupuestos un ítem de seguridad y lo mismo en los establecimientos educacionales”, advirtió.

La senadora Provoste resaltó que estos profesionales tienen una tarea y una exposición que no tienen otros profesionales.

Finalmente el senador Pizarro aseguró que “este es un proyecto oportuno. Son dos servicios públicos donde las personas que ahí trabajan son imprescindibles por el rol que cumplen en la sociedad y tener un aumento importante de las sanciones es una señal  muy importante”.

Fuente: Senado de la República, Chile