El Senado avanza sobre el proyecto de ley que regula y sanciona la la comercialización de productos farmacéuticos ilegales
La Sala respaldó la idea de legislar de la moción que establece una regulación tanto administrativa como penal en materia de venta, distribución, prescripción de remedios o medicamentos y considera nuevos tipos penales.
El Senado respaldó la idea de legislar del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal.
Durante la sesión los senadores señalaron que, “de acuerdo con datos recientes del Instituto de Salud Pública, los decomisos de medicamentos ilegales han experimentado un aumento de un 130% en los últimos tres años. Durante el año 2025 la autoridad sanitaria decomisó y destruyó más de 48 toneladas de fármacos ilegales, mientras que el robo a vehículos de transporte de la industria aumentó en más de 400 por ciento”.
El presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, precisó que “se hace un abordaje integral en lo sanitario y penal con el objeto de frenar la proliferación en redes sociales, internet, ferias libres o abastecimiento ilícito de medicamentos hoy día de la cadena formal”.
Además, agregó, “hace una expresa prohibición de la distribución a farmacias; tipifica nuevos delitos en el Código Penal, respecto a penas privativas de libertad para la prescripción fraudulenta por parte de profesionales habilitados, incluso la venta ilegal también en lugares no autorizados que llevan a comercializar productos falsificados”.
El proyecto también incluye la prohibición de otorgar o mantener autorizaciones sanitarias o ejercer la dirección técnica de establecimientos de salud a personas condenadas por delitos de tráfico de drogas según la ley 20.000.
El ministro de la Segpres, José García, sentenció que “la opinión del Ministerio de Salud es muy categórica: respalda esta iniciativa y recomienda su aprobación en general; sin perjuicio de los perfeccionamientos que puedan ser objeto de discusión durante su tramitación en particular”.
Durante el debate se explicó que “se avanza en un conjunto de sanciones, dosificaciones, abastecimiento y facultades nuevas al Instituto de Salud Pública para exigir datos sobre toda la cadena de producción, importación, venta y pérdidas de medicamentos”.
Asimismo, se “autoriza a los fiscalizadores a requerir documentación comercial, tributaria o muestras en aduanas e instalaciones y, a su vez, eleva penas en todo lo que signifique sanciones a profesionales de la salud que receten a sabiendas que el medicamento en exceso está destinado a un comercio ilícito”.
Sanciona también con presidio mayor en grado mínimo (desde los 5 años y 1 día hasta los 10 años de cárcel) la venta en lugares no autorizados o en internet; sanciona la fabricación, importación o venta de medicamentos falsos; y penaliza el robo o hurto de fármacos desde camiones de carga o recintos, permitiendo aplicar técnicas especiales de investigación si este es de carácter organizado.
Este proyecto surgi+o como una respuesta técnica, sanitaria y penal urgente ante un mercado ilícito que ha crecido de manera descontrolada, operando al margen de toda institucionalidad.
“La venta ilegal de medicamentos ya es crimen organizado, son bandas que lucran con la enfermedad de los chilenos y chilenas, y que, aunque no se trate de estupefacientes, igual se nutren de ese comercio para otras actividades ilícitas”, se advirtió.
